El laberinto de intereses en el que Trabajo y autónomos pactarán sus cuotas

Hace tiempo que el mapa de las organizaciones más representantivas de los trabajadores autónomos es un reflejo de la correlación de fuerzas que se observa por momentos en el Parlamento y entre los agentes sociales. Y, como en esos ámbitos, todo se mezcla aún más en la batalla por sobresalir como las siglas de referencia para un colectivo que aúna a más de tres millones de personas.

Todos esos elementos conforman un laberinto que hace difícil seguir el hilo de las negociaciones sobre las futuras cotizaciones del colectivo, conocer en qué punto están y qué es lo que ha ocurrido en momentos de confusión como el que se produjo el pasado jueves, cuando las organizaciones ATA y UPTA anunciaron un principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo para subir las cotizaciones al colectivo, al margen de Uatae o CEAT, que después el el Gobierno se encargó de desmentir.

En esa tesitura, las organizaciones --las cuatro y a la vez-- vuelven a reunirse este jueves, 22 de noviembre, con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Sobre la mesa, la fijación de las bases mínimas y tipos de cotización que habrán de operar como un vendaje entre enero de 2019 hasta que el siguiente mes de marzo esté lista la cirugía más compleja: el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales al que se comprometieron la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión es clave, primero porque es una oportunidad para que el proceso negociador, y las partes que intervienen, dejen atrás la confusión trasladada al colectivo de los autónomos, y porque las partes esperan que de ella salga, si no un acuerdo, al menos avances importantes.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Recapitulando, después de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, planteara este verano la necesidad de que los autónomos empezaran a cotizar según sus ingresos reales, el Gobierno se puso manos a la obra para acordar esta reforma con los autónomos.

En liza no solo estaba lo que aparentemente es un sistema más justo de cotización, sino también un buen puñado de millones de euros de ingresos adicionales para la Seguridad Social en el corto plazo y la posibilidad de construir un sistema de protección más fuerte para los autónomos en el largo.

Ya entonces no había una opinión única entre los autónomos y ATA se perfilaba ya como principal opositor a este sistema.

Para acabar de acelerar el incipiente enfrentamiento entre organizaciones, fruto de las negociaciones presupuestarias con Unidos Podemos, el Gobierno anunció una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) superior al 22%, hasta los 900 euros mensuales, que casi con total seguridad se llevará a cabo, puesto que el Ejecutivo ya ha avanzado su intención de hacerlo por la vía del decreto en ausencia de una nueva Ley de Presupuestos.

El problema es que, fruto de lo que algunas fuentes conocedoras del proceso consideran improvisación, el Gobierno se encontró con que la subida del SMI, en tanto que es la referencia para las bases mínimas de cotización de los asalariados, planteaba un incremento de las mismas que impactaba directamente en los costes laborales que tenían que asumir los autónomos societarios, aquellos con empleados.

Pero además, generaba una disfunción. Y es que, por primera vez, las bases mínimas de los asalariados, que pasarían a ser de 1.050 euros al mes en 2019, serían superiores a las de los autónomos (932,7 euros), lo que, según analistas o los propios sindicatos, podría suponer un incentivo para las empresas para recurrir antes a la figura del falso autónomos que a la contratación de asalariados.

Esta cuestión cayó como un obús en la negociación entre Trabajo y las organizaciones de autónomos y enojó especialmente a ATA. En un primer momento, el Gobierno lanzó balones fuera. No se subirían las bases de cotización a ningún autónomo, se buscaría una solución para minorar las cargas de cotizaciones para los autónomos que cobraran menos del SMI, y la puesta en marcha del sistema de cotización según ingresos reales anularía de facto el impacto de la subida del SMI sobre las bases en general con el inicio del año 2019.

Sin embargo, poco duró este discurso. Trabajo tardó poco en asumir que no sería posible alcanzar un acuerdo sobre las cotizaciones según los ingresos reales antes de que acabara el año y garantizó que, pese a todo, no se tocarían las bases de cotización hasta entonces. En ese momento, emplazó a las organizaciones a lo que algunos de los protagonistas de las negociaciones consideran un bypass que ha resultado ser de facto una forma de subir cuotas.

Y a partir de ahí crecen las disputas y los cruces de intereses.

No todos quieren cotizar según los ingresos

Para seguir comprendiendo por qué se han embarullado las negociaciones primero hay que considerar que un sistema de cotizaciones según los ingresos reales no es del agrado de todos, con lo que si se dilata su negociación no sería un problema en algunos casos.

Para empezar, la idea parte de la UPTA, concretamente de la idea lanzada por su secretario general, Eduardo Abad, en el seno de la subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma del régimen especial del trabajo autónomos (RETA) ya en 2017.

Y es una opción que también comparte Uatae, dos organizaciones que consideran que es una oportunidad para que los que cobran menos del SMI paguen menos y que aporten más los autónomos con mayores ingresos, que, en mucho casos, siguen cotizando por las bases mínimas.

Pero, sobre todo, lo que persiguen estas dos organizaciones es que se establezca un mecanismo para que ningún autónomo pueda infracotizar, ni ningún otro soportar cuotas inasumibles. Eso supone que cierto sector de autónomos tendrán que pagar más para que otros paguen menos. Todo ello con unos tramos por ingresos, que varían entre una y otra organización, que apenas deja margen a la voluntariedad a partir de ciertas rentas.

Y ese elemento chirría tanto a ATA, bien conectada en los últimos tiempos con Ciudadanos, como a CEAT --el brazo autónomo de la CEOE--, para los que la voluntariedad es un elemento fundamental para el buen desarrollo de la actividad económica.

Es por ello que ya antes de que saliera a colación el debate sobre el impacto del SMI, estas organizaciaciones presentaron sendas propuestas en las que han chocado sistemáticamente.

Pero además, otras fuentes consultadas aseguran que el secretario de Estado de Seguridad Social nunca ha sido partidario de abordar, al menos en estos momentos, esta reforma, no así la Ministra de Trabajo y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que estaría añadiendo barro a las negociaciones.

Así es que, el acuerdo sobre la necesidad de ordenar el impacto de la subida del SMI sobre las cotizaciones de los autónomos en el corto plazo es algo compartido, pero también ha servido, según apuntan fuentes cercanas a las negociaciones, para desplazar la negociación de fondo a marzo.

Y la idea de subir cotizaciones no convence

Además, mientras se lanza esta patada a seguir, UPTA y Uatae se han erigido como defensores de un sistema progresivo en el que se tienen que aumentar las cotizaciones en cómputo general para lograr una progresiva equiparación con los asalariados y, sobre todo, lograr un mayor grado de protección en el futuro.

Para ellos, la negociación de corto plazo es una buena ocasión para sentar algunas bases y, por ello, insisten en blindar cuestiones como la obligatoriedad de cotizar por el cese de actividad o la bonificación del 100% de las cuotas para los casos de baja de larga duración, una de las líneas rojas de UPTA.

Pero en frente está ATA. La organización que preside Lorenzo Amor trata también en este caso de que la subida de las bases sea limitada. ¿Por qué? Una encuesta elaborada por la organización indica que el 80% de los autónomos no quiere una subida de cuotas y un 70% no la podría afrontar. ATA defiende además que el problema es que el actual sistema de protección por cese es tan rígido que excluye a gran número de solicitantes, con lo que es necesario empezar por mejorarlo.

Por un lado, equiparar las bases de autónomos y asalariados tras la subida del SMI supondría elevar la de los primeros un 12%, un duro golpe para hacerlo en un solo año. En cambio, en su última contrapropuesta, ATA planteaba una subida de las bases mínimas del 1,5% pero con un incremento de tipos hasta el 29,8%, o una subida del 1%, con tipos hasta el 30%.

Finalmente, el principio de acuerdo con el Gobierno (sin Uatae y CEAT) contempla una subida del 1,25% y en lo que se refiere a los tipos, está por cerrar. La propuesta de las organizaciones lo eleva al 30% para 2019 y el 30,9% en 2022, pero trabajo plantea que éste pueda llegar al 31,4%.

Sea como fuere, por ahora el Ministerio de Trabajo ha puesto en valor el papel de Abad --quien se ha mostrado relativamente cómodo con algunas de las propuestas del Gobierno--, como mediador para atraer a ATA a un pacto, el que está cerca de cerrarse.

Por su parte, en Uatae se entiende que es preciso alcanzar un equilibrio entre la subida de tipos y de bases y que sería, en todo caso, mejor idea subir las segundas, que son las que tienen relación directa con las pensiones a cobrar por el colectivo. No obstante, la organización urge a cargar las tintas, una vez se garantice la amortiguación del impacto del SMI sobre las bases, en negociar el sistema de cotizaciones según ingresos.

¿Quién es quién?

Y en este punto es pertinente recordar que UPTA es la sección de autónomos del sindicato UGT, afín al Gobierno del PSOE. Que rivaliza directamente con Uatae, estrecho colaborador de CCOO, y que, por tanto, saldría fortalecido si cierra un acuerdo en el que sobresalen las siglas de UPTA y ATA, como ocurrió el pasado jueves.

Y es por ello, que tras el principio de acuerdo del pasado jueves, la reacción de Uatae y su sindicato valedor no se hiciera esperar en forma de sendas llamadas de sus líderes a la Ministra de Trabajo --el propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, telefoneó a Valerio-- para pedir que no se diera por bueno un acuerdo que no contaba en esos momentos con su concurso.

Por su parte, un acuerdo con una subida sobre la base mínima, permitía a ATA no quedarse fuera de un acuerdo más grande y al mismo tiempo poner en valor un incremento limitado, en línea con los últimos 15 años, además con la contrapartida de una mejor de la protección, en la que no ha dejado pasar la oportunidad de liderar una reforma de la prestación por cese, que actualmente deja fuera a la mayor parte de los que los solicitan.

Aunque es cierto que la Seguridad Social dio por bueno el principio de acuerdo en torno a la subida de bases en un primer momento, también recalcaba en esos momentos que habría de ser refrendado con el resto de organizaciones. Y finalmente, habló sencillamente de avances, lo que dejó completamente descolocado especialmente a ATA.

Baile de cifras

El colmo de la confusión se vio reflejado en las cifras que unos y otros aportaron tras el amago de acuerdo. Por un lado, ATA hablaba de un efecto conjunto de bases y tipos sobre la cuota que actualmente pagan los autónomos de entre 63 euros para las personas físicas y 83 euros al año para los societarios.

Sin embargo, Uatae elaboraba días después un cálculo partiendo de los mismos supuestos que elevaba la factura --teniendo en cuenta el efecto acumulado a lo largo del tiempo de la subida de las bases-- de los 245 euros en 2019 a los casi 500 euros anuales en 2022.

Diálogo social

En estos momentos, desde UPTA se trata de calmar los ánimos con la idea de cerrar un acuerdo temporal que permita que los autónomos no tengan que sufrir en sus carnes la drástica subida del SMI y a la espera de cerrar un acuerdo en marzo sobre cotizaciones según los ingresos.

En cambio, en Uatae tienen mucha prisa por cerrar este último aspecto, bajo el argumento de que se trata de una forma de salvaguardar la sostenibilidad y justicia del sistema y poder pagar esas nuevas prestaciones que se prometen a los autónomos.

Y mientras tanto, CEAT no se manifiesta públicamente y ATA sigue empeñada en cerrar un acuerdo con la mínima subida de cuotas posible y con la mayor voluntariedad.

Estas posturas volverán a reflejarse en la reunión que tendrá lugar durante la mañana con el secretario de Estado de Seguridad Social, y que tendrá una réplica en otra reunión del diálogo social por la tarde. En ese momento, las posturas de CEOE, UGT y CCOO serán el reflejo de lo acontecido durante la mañana.

Cada organización llegará con la 'lección aprendida' durante la mañana y es previsible que no haya sorpresas. No obstante, fuentes del Ministerio aseguran que esta reunión será meramente consultiva, "no será un filtro ni un jurado". Es decir, que lo que cuenta es lo que decidan las organizaciones de autónomos con Granado.

Fuentes consultadas creen que si las negociaciones vuelven a enturbiarse, la ministra de Trabajo tomará la batuta. Sin embargo, su intervención aún no está prevista y, en todo caso, si hay avances o un acuerdo de todos el Ministerio de Trabajo prevé una intervención pública para darlo a conocer. Sin laberintos ni confusiones.