Los cinco desequilibrios de España que preocupan en Bruselas

La crisis que ha atravesado España desde 2007 ha enseñado que una economía puede crecer y ser la envidia de los países de su entorno y engendrar al mismo tiempo desequilibrios a la larga se pueden pagar muy caros. Por eso, en las actuales circunstancias, el Gobierno se dispone a poner en marcha una entidad macroprudencial llamada a poner la venda antes que la herida.

Mientras tanto, el Ejecutivo está tomando muy buena nota de la oleada de informes que han publicado en estos días el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la OCDE, en los que ya se ponen negro sobre blanco algunos de los desequilibrios o deberes sin hacer que aún debe solucionar España.

Sin que ello pueda emborronar un crecimiento económico superior al de los principales países del entorno en un contexto, como recordaba este jueves el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, marcado por la guerra comercial desatada al calor del auge de los populismos.

De entre estos avisos, la Unión Europea publicaba este jueves un documento que ha pasado inadvertido. Se trata del cuadro de indicadores conocido como MIP (Macroeconomic Imbalance Procedure),  que sirve de apoyo estadístico al informe anual del mecanismo de alerta publicado por la Comisión Europea al inicio del semestre europeo, y en el que se identifican catorce indicadores relevantes que tratan de detectar desequilibrios macroeconómicos a tener en cuenta.

El cuadro, confeccionado el pasado 24 de octubre, refleja que España es uno de los países que más desequilibrios presenta, junto a Chipre y Portugal.  La buena noticia es que, en la mayor parte de los casos, la evolución reciente muestra que, aunque se trata de auténticos 'agujeros' macroeconómicos, la tendencia muestra que están en retroceso. La mala, que la actual coyuntura internacional y de país remarán en el corto plazo a la contra a la hora de poder absorberlos.

La deuda del sector privado

De acuerdo con las últimas mediciones de la oficina estadística de la UE (Eurostat) España acumulaba a finales de 2017 una deuda consolidada en el sector privado (familias y empresas) que alcanza el 138,8 del PIB. Una cifra abultada que, sin embargo, se sitúa por debajo de los niveles de países como Francia (148,2%), Suecia (194,4%) o Reino Unido (169%).

No obstante, los últimos datos disponibles de Eurostat son de 2017, cuando los hogares y las empresas realizaron un importante esfuerzo de desapalancamiento. Esta cifra se redujo aún más hasta el 135,7% del PIB en el primer trimestre de 2018.

Aproximadamente dos tercios de la reducción se debió al desapalancamiento de las sociedades, mientras que el tercio restante se correspondió con los hogares. Sin embargo, estas magnitudes volvieron a repuntar el pasado mes de septiembre --un 0,3% en el caso de las familias y un 0,6% en el de las compañías-- después de meses de caídas, coincidiendo con un momento  de dinamismo del crédito, en un contexto de política monetaria expansiva por parte del BCE.

Si este viraje se mantiene en el tiempo y se combina con la desaceleración del PIB, España podría ver un repunte de la deuda privada en términos de PIB y alejarse del umbral del 133% que la UE marca como la barrera a partir de la cual se considera que existe un desequilibrio, más aún cuando los tipos de referencia, como el euríbor, ya empiezan a recoger la previsible subida de tipos de interés en 2019.

La deuda pública, en la diana

Más comunes son las advertencias sobre el elevado endeudamiento público, que supera con creces el nivel del 60% del PIB exigido en un horizonte hasta el año 2020.

Para el caso, el último Plan Presupuestario del Gobierno asegura que las medidas contenidas permitirán mantener un crecimiento robusto de la economía y una reducción del déficit suficiente como para acelerar la absorción de la deuda (que se emite básicamente para financiar los déficit en ausencia de un crecimiento que aporte ingresos suficientes).

De acuerdo con el Plan, el Gobierno espera que el año que viene España logre un superávit primario (el saldo público descontado el gasto en intereses) por primera vez desde 2007, con el permiso de la antes mencionada subida de tipos y en un momento en el que el gasto en pensiones y otras políticas de gastos social amenazan con presionar al alza de la deuda pública.

Sea como fuere, el Gobierno espera que la ratio de deuda de las administraciones sobre el PIB pase del 98,1% en 2017, al 97% en 2018 y al 95,5% en 2019.

Posición inversora

Otro de los puntos flacos de la economía española que preocupan especialmente a la UE es el saldo deudor de la posición neta de inversión internacional, que se situaban en el segundo trimestre de 2018 en el 82,4%, inferior al 88,2%.

Este indicador marca la diferencia entre las inversiones de España en el extranjero y las procedentes del exterior. En este caso, el saldo deudor refleja que España atrae mucha menos inversión de la que proyecta.

En este caso, el Plan Presupuestario de 2019 ya admite que, "a pesar de esta favorable evolución, la actual posición deudora neta inversora internacional continúa suponiendo un desequilibrio para la economía española". Una situación que puede agravarse si se mantiene, por ejemplo, la incertidumbre política.

El paro sigue siendo elevado

Otro gran clásico de los informes de la Comisión Europea y de los organismos internacionales en general es la tasa de paro, que cayó por debajo del 15% en el tercer trimestre del año. Sin embargo, la desaceleración de la economía y, con ella, del empleo, en tanto el ciclo económico llega a su máximo nivel de maduración, hacen pensar que el nivel que se considera de paro estructural está muy cercano.

Dicho de otro modo, España puede que no sea capaz de reducir mucho más la tasa de paro, pese a que el Gobierno cree que la tasa de desempleo podría situarse en el 13,8% el próximo año.

El principal escollo, con todo, es que existe una importante de bolsa de parados de larga duración (llevan más de dos años sin encontrar empleo) que tiene una difícil inserción en el mercado de trabajo puesto que no tiene formación suficiente en la mayoría de los casos. Se trata de más de más de 1,1 millones de personas, cerca de la mitad del total, que se encuentran en ese limbo.

La población activa retrocede

Por último, el quinto gran desequilibrio al que se refiere la UE es el progresivo retroceso de la población activa. Esta ratio (población en disposición de trabajar sobre el total entre 15 y 64 años) lleva años en progresivo retroceso. Valga la evidencia de que en el tercer trimestre de 2016 se encontraba en el 59,2% y hoy es del 58,7%.

De fondo está la evidente salida del mercado laboral de población envejecida que no está teniendo un recambio natural por la caída de la tasa de natalidad tras los años del baby boom, una generación que precisamente se jubilarán en tromba durante los próximos años dando agudizando el problema.

Solo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la inmigración parecen estar sosteniendo los niveles de población activa en los últimos tiempos, sin embargo desde la UE se avisa: si no hay población activa no habrá mano de obra suficiente, por mucho que crezca la productividad, para sostener en sus actuales términos el crecimiento económico.