El Gobierno se prepara para desembolsar en los primeros compases de 2019 una paga compensatoria para los pensionistas, de forma que la subida de sus prestaciones se ajuste la tasa anual del IPC del mes de diciembre de 2018, siempre que este supere el incremento del 1,6% previsto en los Presupuestos para este año.
Fuentes de la Seguridad Social han adelantado esta decisión del Gobierno tras la participación de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, y posteriormente lo ha confirmado el secretario de Estado del ramo, Octavio Granado, durante unas jornadas sobre pensiones organizadas por Axa Seguros.
Valerio, que ha confirmado durante su intervención que el Gobierno realizará esta paga, conocida habitualmente como la 'paguilla', no había aclarado este extremo. Sin embargo, desde Seguridad Social se ha señalado además que cada décima de desviación del IPC sobre el 1,6% costará a la Seguridad Social 128,6 millones de euros.
De esta forma, tomando la previsión del Ministerio de Economía, que anticipa un IPC del 1,9% al final del año, el coste inicial sería de 384 millones de euros.
Lo que no ha aclarado Trabajo es si el Gobierno consolidará esta paga en la nómina de los pensionistas, de forma que en 2019 arranquen el año con unos ingresos 1,9% superiores (en caso de confirmarse el dato del IPC de diciembre). De ser así, el gasto sería doble para la Seguridad Social, con lo que la factura a pagar se acercaría a los 800 millones de euros.
Granado se ha limitado a señalar que "hasta ahora se ha hecho así siempre" y que "lo lógico" sería hacerlo. No obstante, el departamento que dirige Valerio está a expensas de las decisiones económicas que se toman desde otros ámbitos del Gobierno.
El problema contable de fondo
Según ha explicado Granado, la decisión de ajustar la 'paguilla' al IPC de diciembre responde a la necesidad de imputarlo al Presupuesto del próximo año, en tanto que la subida de las pensiones con el 1,6%, previsto ya en las cuentas de 2018 no se concretó en asiento presupuestario alguno durante los últimos días del anterior Gobierno.
Esto ha generado un grave problema en la Seguridad Social, que ha tenido que buscar la forma de "contabilizarlo, porque el dinero se tiene", ha precisado el secretario de Estado.
Sobre la posibilidad de que no haya Presupuestos, Granado ha dejado claro que la imputación y pago de esta compensación se haría por otros medios legales al alcance del Gobierno.
El Fondo de Reserva "está tocado"
La cuestión no es baladí, dado el mal momento que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, la posibilidad de tomar como referencia el IPC de diciembre, en lugar de el de noviembre, responde a que esta opción es menos compleja desde el punto de vista contable, según Trabajo, pero también es cierto que el IPC del último mes del año podría ser inferior que el del mes en curso.
La propia Valerio ha admitido que el Gobierno tiene ante sí el reto de sanear las cuentas de la Seguridad Social en un plazo hasta 2023, cuando empezará a jubilarse la generación del 'baby boom'. Hasta entonces, la ministra de Trabajo admitido que cuenta con un Fondo de Reserva "tocado", tras haberse vaciado en 74.000 millones desde 2012.
Por ello, se ha mostrado partidaria de reordenar ingresos y gastos, pasando a Presupuestos gastos impropios de la Seguridad Social como reducciones de cuotas, tarifas planas o gastos que son más bien políticas de empleo y Estado, como pueden ser las prestaciones de paternidad y maternidad, que suponen un gasto anual de 2.500 millones de euros.
Por el lado de los ingresos, Valerio ha admitido que las medidas fiscales aprobadas en el marco de los próximos Presupuestos "son un aperitivo", por lo que ha avanzado que "habrá que ver de qué manera tocamos la base máxima de cotización".
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