Las petroleras tendrán que investigar para el Gobierno cómo reutilizar sus pozos para renovables

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner coto a la exploración y explotación de hidrocarburos en España. Sus planes pasan por prohibir de manera inmediata que las administraciones puedan otorgar ninguna nueva autorización de exploración, ni permisos de investigación, ni concesiones de explotación de gas y petróleo. Ni en tierra firme ni en el mar.

Y además de frenar nuevos proyectos, el Ejecutivo marca 2040 como fecha tope para los que ya estén en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Cambio Climático. “Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren en el mar territorial, no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá de 2040”, se sentencia en el borrador de la norma.  Se prohibirían así las prolongar la vida de las prospecciones marinas que, en la práctica, son las únicas explotaciones petrolíferas activas en la actualidad.

No más proyectos de explotación y marcar una fecha tope para los ya existentes. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica también pretende que obligar a las compañías que explotan los yacimientos de crudo y gas en el país a que propongan a que propongan usos alternativos de sus instalaciones para aprovecharlas en la expansión de las energías renovables.

“Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación”, se apunta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, “el operador de la misma presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica un informe reflejando el potencial de reconversión de sus instalaciones o de su ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular el establecimiento de energías renovables”.

Del pozo a la energía limpia

España cuenta actualmente con pozos de petróleo operativos en el mar, frente a las costas de Tarragona, y con la pequeña explotación riojana de Viura; mientras que las instalaciones que extraen gas natural se reparten también entre La Rioja, la cuenca del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.

En los últimos años, España ha ido reaprovechado algunos de sus yacimientos para construir almacenes subterráneos de gas (entre ellos el malogrado proyecto Castor), pero ahora el Gobierno pretende utilizarlos para impulsar el desarrollo de nuevas energías renovables.

España produjo el año pasado 120.000 toneladas de petróleo y el equivalente a 100.000 gigavatios hora (GWh) de gas natural, según el anuario estadístico de la corporación CORES, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Producciones minúsculas que obligan al país a importar el 99,79% del petróleo que consume y más del 99,99% de sus necesidades de gas. La dependencia del exterior es total.

Actualmente sólo están vigentes 23 concesiones de explotación de hidrocarburos, y son 35 los permisos de investigación aprobados por el Gobierno central y por las comunidades autónomas, más otros 38 solicitados formalmente a las administraciones por grupos energéticos.

Más renovables

El Gobierno quiere poner a España a la cabeza de la lucha contra el cambio climático y del impulso de las energías renovables. El Ejecutivo va más allá de los objetivos que se ha marcado la Unión Europa y apuesta por llegar a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, al tiempo que se marca un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

En su propuesta de anteproyecto de Ley de Cambio Climático se anticipa que se desarrollarán medidas para fomentar el desarrollo de esas nuevas energías renovables para alcanzar los objetivos marcados. Se convocarán cada año subastas ¡de nueva potencia renovable con algún tipo de garantía pública aún pendiente de determinar, y se diseñarán sistemas de apoyo a nuevas instalaciones renovables.

Según las estimaciones del ministerio comandado por Teresa Ribera, España tendrá que afrontar la instalación de nuevas renovables con una potencia de entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) hasta 2030, a razón de entre 5.000 y 6.000 MW cada año durante una década.

El Gobierno se compromete a desarrollar entre 2020 y 2030 subastas anuales por un mínimo de 3.000 MW de potencia cada año, la mitad de lo que considera necesario para alcanzar los objetivos verdes del país. Unas subastas que, a falta de concretar su funcionamiento, contendrán algún tipo de respaldo público; no ayudas directas, sino previsiblemente la fijación de un precio mínimo de venta de la electricidad garantizado.