Bruselas dio al Gobierno 2 meses para dejar de manejar el recibo de luz… y lo hará 2 años después

En realidad el proceso arrancó mucho antes. La Comisión Europea inició la investigación en 2013. Pero no fue hasta septiembre de 2016 cuando Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz.

La Comisión amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si seguía arrogándose la potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y del gas natural y no cedía esa competencia a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la normativa comunitaria.

La Comisión Europea dio entonces al Gobierno de Mariano Rajoy dos meses para dejar de controlar la mitad de la factura de luz (los peajes representan en torno al 45% de la factura de la luz final). Dos meses. De eso ha pasado ya más de dos años, y va a ser otro Gobierno el que ceda esas funciones a la CNMC en las próximas semanas, con el objetivo de que los peajes para 2019 tanto de la electricidad como de gas los marque ya el supervisor.

Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con Cinco Días. El nuevo Gobierno lleva meses negociando de manera acelerada con la CNMC el traspaso de poderes, con el objetivo de sortear in extremis la denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo con la que amenazaba la Comisión Europea.

La CNMC toma el control

“Esas tarifas corresponderán al regulador independiente”, explica la ministra. “El cálculo de las tarifas deben hacerlo técnicos independientes, aunque con un diálogo fluido con el Gobierno, teniendo en cuenta la orientación de política energética y que encaje bien con el legislador”. A falta de conocer los detalles de cómo se articulará ese diálogo fluido y hasta qué punto tendrá influencia el Ministerio en la fijación de los peajes, el acuerdo con el supervisor se da por cerrado.

Los peajes de acceso son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz. El resto del recibo de la tarifa regulada lo constituye el precio de la propia electricidad (33%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, se manifestó en varias ocasiones durante todo este tiempo en contrata de denunciar a España, porque –según su criterio entonces- esas denuncias deben limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante” y que era mejor negociar.

Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno –“a los dos días de haber tomado posesión” como ministra, relata Ribera- se impusieron las prisas y Cañete volvió a poner la amenaza de denuncia sobre la mesa. La Comisión Europea dio a Madrid un ultimátum y reclamó que encontrara una solución para ceder las competencias antes de fin de año.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ya envió el pasado junio sendas cartas al comisario Arias Cañete y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que mostraba su compromiso de desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno “en el menor plazo posible”.  Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica proponía diseñar conjuntamente “un marco legal adecuado”.

La resistencia de Nadal

A pesar del expediente abierto, el anterior Ministerio de Energía comandado por Álvaro Nadal no traspasó esas funciones a la CNMC como exigía Bruselas, y siguió defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental e incluso aprovechó un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia.

Nadal sí remitió varias propuestas a Bruselas con el objetivo de apagar el conflicto. La última oferta contemplaba un nuevo modelo con el que cedía a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con el Gobierno guardándose la última palabra y marcara los objetivos. El anterior el Ejecutivo no llegó a mandar una propuesta definitiva que fuera aceptada por Bruselas.

La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Gobierno ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda una legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.