La familia Benjumea abre un nuevo frente judicial contra la banca. Los históricos dirigentes de la compañía energética Abengoa lideran una demanda interpuesta contra Banco Santander y HSBC por más de 1.000 millones de euros por los daños patrimoniales causados al provocar el derrumbe del grupo.
Inversión Corporativa -el brazo de inversión de los Benjumea- se ha aliado con otros accionistas -Finarpisa y Ardachón- para denunciar a ambas entidades por el papel jugado durante el proceso de ampliación de capital que Abengoa tenía previsto acometer en septiembre de 2015 y que, según indican, acabó provocando el colapso del grupo, abocándolo a acogerse al preconcurso de acreedores.
La valoración de los daños sufridos por los demandantes está basada en las valoraciones realizadas por peritos extranjeros y nacionales de las firmas Brattle y Accuracy.
La obligación de Santander de destituir a Felipe Benjumea atrasó la ampliación y elevó la desconfianza del mercado hacia la compañía
Según los hechos relatados en la denuncia, que estarían recogidos en el Hecho Probado tercero de la sentencia firme de 11 de enero de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 14 de septiembre de 2015, el mismo día en el que iba a procederse a la firma de la carta compromiso de aseguramiento de la ampliación de capital de 650 millones de euros que Abengoa anunció el 3 de agosto de 2015, "Banco Santander impuso de manera novedosa y sorpresiva para firmar la operación el cese del presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, y su salida del Consejo de Administración".
Según este mismo relato, "la condición desconocida inicialmente por HSBC el día de la firma, aunque posteriormente consentida según consta en la citada sentencia, impidió la firma de la carta compromiso de aseguramiento, pues HSBC debía volver a someter nuevamente a su comité de riesgos la aprobación de la operación con un presidente distinto".
La opinión de los Bejumea es que estos sucesos lanzaron al mercado "un mensaje en contra de la situación financiera de Abengoa" que acabó generando "una oleada de especulación e incertidumbre y la total pérdida de confianza en la sociedad que impidió la operación". Esta situación se agravaría a partir del 23 de septiembre de 2015, cuando se firmó la carta y Felipe Benjumea fue destituido, "hecho que aumentó la especulación y la incertidumbre creada el 14 de septiembre ante la imposibilidad de justificar la salida del presidente".
A partir de ese momento, la compañía traspasó "el punto de no retorno, sufriendo cancelaciones de líneas de liquidez, impidiendo que la operación se pudiera presentar al mercado y debilitando la liquidez de la sociedad hasta que no pudo atender sus obligaciones financieras y entró en proceso de preconcurso el 25 de noviembre de 2015".
Los demandantes subrayan las pérdidas patrimoniales sufridas en aquel proceso, en el que su participación conjunta del 51,35%, que les convertía en accionistas mayoritarios de referencia, quedó diluida hasta el 2,9%.
Las demandas han sido interpuestas ante los juzgados de primera instancia de Madrid por los despachos DeCarlos Remón y Ureña, Abogados, liderados por Álvaro Remón y Pablo Ureña respectivamente.
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