El Gobierno se saltará a las CCAA para pagar de urgencia las ayudas para calefacción

El Gobierno pondrá en marcha este invierno el nuevo bono social térmico. Un programa de ayudas directas (una suerte de cheque) destinadas a financiar el gasto en energía para calefacción, agua caliente y cocina de hogares pobres.

Los beneficiarios de las nuevas ayudas tienen que estar recibiendo también el bono social de la electricidad a fecha de 31 de diciembre, o al menos que en esa fecha ya hayan tramitado formalmente la solicitud del bono de la luz. Los receptores percibirán una transferencia bancaria directa de un mínimo de 25 euros y hasta un máximo que puede acabar oscilando entre los 130 y los 300 euros.

En el real decreto con el que el Gobierno articuló el plan de choque para frenar la subida de la luz y para paliar los efectos del encarecimiento en colectivos vulnerables se establece que las transferencias a los ciudadanos las realizarán las comunidades autónomas, aunque es el Ministerio de Transición Ecológica el que aportará los fondos necesarios para desarrollar el programa vía presupuestos generales del Estado.

Ésa será la fórmula a través de la que se canalizarán las ayudas con carácter general, pero el Gobierno ha buscado un atajo este año para garantizar que las transferencias llegan a tiempo a los beneficiarios y evitar retrasos administrativos que aplacen los pagos más allá del invierno.

Con carácter excepcional y por razones de urgencia, el Ministerio para la Transición Ecológica se saltará este año a las comunidades autónomas y realizará directamente los pagos a las familias.

El Ejecutivo no quiere que eventuales problemas organizativos de las administraciones regionales den al traste con el reparto de las ayudas durante el invierno, cuando es precisamente el periodo en que la factura de calefacción se dispara y cuando se hace más necesario ese respaldo público a los hogares vulnerables.

“El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, prevé que la gestión y pago del bono social térmico corresponda a las CCAA y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, si bien con carácter excepcional, teniendo en cuenta el calendario y la necesidad de que el bono social térmico llegue a sus destinarios en invierno, que en el año 2019 el pago de la ayuda sea realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica”, se recoge en la memoria justificativa de la orden ministerial que desarrollará el bono social térmico.

Las grandes eléctricas que ofrecen tarifas reguladas de electricidad (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol tras la compra de Viesgo) tendrán que enviar al Ministerio antes del 7 de enero el listado de todos sus clientes acogidos al bono social de la luz a 31 de diciembre para que éstos puedan acogerse al bono térmico, y remitirán también antes del 31 de enero otro listado con los usuarios que habían solicitado el nuevo bono de luz a fin de año y aún no se le había aprobado.

Ayudas por 100 millones

La cuantía de la ayuda para calefacción y agua caliente que recibirán cada uno de los hogares dependerá de su grado de vulnerabilidad, de la zona climática es que esté situada la vivienda y del número total de beneficiarios apuntados. La ayuda mínima será de 25 euros para un hogar vulnerable situado en una zona con un clima suave, y el máximo para un hogar con vulnerabilidad severa y ubicado en la peor de las zonas climáticas puede oscilar entre los 130 y los 320 euros en función del número total de consumidores que perciban el cheque.

El nuevo bono social térmico no cuenta con una estimación de gasto total cerrada, pero previsiblemente se situará en el entorno de los 100 millones de euros anuales. El importe final está condicionado al número de beneficiarios que lo soliciten, que tienen que estar recibiendo también el bono social de electricidad a fecha de 31 de diciembre.

¿Y si no hay PGE de 2019?

Según consta en el propio real decreto con el que se aprobó el nuevo bono social, el reparto de las ayudas y su cuantía depende de que haya cada año una partida en los PGE reservada para ello. “El otorgamiento de las ayudas estará condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria y, en todo caso, sujeto al límite de disponibilidad presupuestaria fijado en cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este concepto”, se establece en la memoria económica de la norma.

Si no hay nuevos presupuestos para 2019, en principio, el programa de ayudas quedaría en el aire al estar condicionado a la disponibilidad presupuestaria para financiarlo. Sin embargo, el Gobierno busca fórmulas presupuestarias alternativas para poder lanzar un programa de ayuda a colectivos vulnerables que considera necesario, incluso sin nuevas cuentas para el próximo año. En principio, la opción más sencilla para salvar el programa e iniciar el reparto de ayudas pasaría por financiarlo con partidas ociosas o no ejecutadas del actual presupuesto.