Al ritmo actual, la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral no será una realidad hasta el año 2249. Es una de las soprendentes -y preocupantes- conclusiones que se desprenden del informe realizado por la Fundación Adecco.

“Se trata de una aproximación empírica y de ficción que, sin ánimo de ser rigurosamente exhaustiva, predice cómo podría evolucionar el empleo de las personas con discapacidad, partiendo de la situación actual. Nuestro objetivo es generar diálogo y servir de estímulo para potenciar iniciativas que impacten de forma real en la plena inclusión”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad no se producirá hasta que su participación en el empleo sea similar a la del resto de la población. Actualmente, el principal desfase radica en su tasa de actividad: un 64,8% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, porcentaje que desciende hasta el 22% entre la población sin discapacidad, según el informe El empleo de las personas con discapacidad del INE, 2017. En otras palabras, la participación de las personas con discapacidad en el mercado se reduce a menos de la mitad que la genérica, con una actividad del 35,2%, frente al 78% de media estatal.

Este gap sólo puede entenderse tomando en cuenta el contexto sociocultural de las últimas décadas. Con anterioridad a los años 80, la participación de las personas con discapacidad en el empleo era residual. La Ley de integración social del minusválido (actualmente LGD) aprobada en el año 1982, supondría un antes y un después, estableciendo la obligatoriedad de incorporar, en las empresas de más de 50 trabajadores, un porcentaje de profesionales con discapacidad no inferior al 2%.

Sin embargo, el cambio social no se produce a golpe de legislación y aún hoy, casi 4 décadas después, las personas con discapacidad siguen encontrando grandes obstáculos de acceso al mercado laboral. Gran parte de éstos son extrínsecos -barreras en los centros educativos, en las empresas y en la sociedad general-, mientras que otros muchos son intrínsecos, es decir, nacen en la persona y en su entorno más inmediato: sobreprotección familiar, la cultura de las políticas pasivas de empleo, miedos e inseguridad, que conducen a la inactividad o a la merma de voluntad a la hora de buscar empleo.

Concepción desfasada de la discapacidad

Así, esta ínfima tasa de actividad no se fundamenta en datos científicos ni objetivos, sino que tiene tras de sí un acervo cultural basado en una concepción desfasada de la discapacidad, que la identifica con inactividad, pasividad y dependencia.

Si bien alcanzar una participación idéntica de las personas con discapacidad en el empleo se antoja complicado, habida cuenta de la existencia de grandes discapacidades y/o situaciones de dependencia críticas, la aspiración debe ser alcanzar unas cotas de participación lo más elevadas posible. A continuación, con el fin de analizar de una manera pormenorizada las tendencias futuras relativas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, se llevará a cabo un análisis de series temporales cuya hipótesis inicial toma como valor de referencia deseable una tasa de actividad el doble que la actual para las personas con discapacidad, es decir, del 70%, y teniendo en cuenta que la tasa de actividad general seguirá tendiendo al alza. No obstante, para alcanzar una participación plena de las personas con discapacidad en el mercado, la primera circunstancia debe confluir con un segundo escenario, en el que la proporción de contratos de las personas con discapacidad con empleo sea similar a la del resto de la población en la actualidad, como veremos más adelante.

En cuanto al primer escenario, basándonos en la progresión de los últimos años y asumiendo un criterio lineal, esta actividad del 70% para las personas con discapacidad se alcanzaría en 171 años, es decir, en el año 2189.

Escenario de la plena inclusión

En lo que respecta al segundo escenario, y como ya hemos anticipado, no bastaría con alcanzar este nivel de participación: para hablar de plena inclusión, esta actividad debería ir acompañada de un volumen de contratación similar al del resto de los ciudadanos. Si tomamos como referencia el último año, en el que la población activa (22.834.200 personas) firmó un total de 21.502.923 contratos, podríamos establecer una relación aproximada de 1 contrato por cada persona activa (0,94). Esta cifra contrasta con el ratio de 0,17 contratos/activos que registran actualmente las personas con discapacidad. (Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, estadísticas contratación).

Aspirando a esta proporción del 0,94 para una tasa de actividad del 70% de las personas con discapacidad (es decir, se contabilizarían 1.288.490 activos, el doble que actualmente, de un total de 1.840.700 personas en edad laboral), podríamos concluir que las personas con discapacidad deberían firmar un total de 1.211.180 contratos para que pudiéramos hablar de un nivel óptimo de inclusión.

Teniendo en cuenta que el año pasado las personas con discapacidad firmaron 110.068 contratos (SEPE, contratos a colectivos especiales 2018) y constatando que éstos crecen a un ritmo de 47.465 contratos por década, tomando como media aproximativa la diferencia entre 2017-2007 y 2016-2006, podríamos hallar el número de años que habrían de transcurrir para alcanzar este nivel deseable, es decir, los 171 años anteriores se prolongarían hasta los 231 ejercicios, es decir, hasta 2249. No se ha establecido un criterio exponencial (el porcentaje de crecimiento no es idéntico ni lineal, sino que tiende al alza cada año), con la voluntad de aplicar una variable de contención: debido a la dificultad de prever posibles crisis y recesiones que afecten al mercado laboral, optamos por la moderación y aplicamos este criterio que, aunque inexacto, resulta más prudente.