Nuevo aviso de la OCDE: hay que limitar las pensiones de viudedad

La OCDE sigue a vueltas con las pensiones. Si hace unas semanas recomendaba a España alargar la edad de jubilación para aliviar el coste de esa partida presupuestaria, en un último informe monográfico avisa de que hay que repensar concretamente las pensiones de viudedad, un ámbito de la protección en el que España es líder indiscutible, con el mayor número de personas beneficiarias dentro del conjunto de países desarrollados.

En la actualidad, España paga 2,3 millones de estas pensiones, con una media de 680,4 euros brutos al mes, solo por detrás de las de jubilación, que superan los 1.000 euros y las de incapacidad temporal. De esta forma, la Seguridad Social desembolsa cada mes 1.600 millones de euros para pagar pensiones de viudedad.

Al mismo tiempo, la OCDE plantea que la cada vez mayor presencia de la mujer en el mercado laboral, los cambios en los modelos de familia y el hecho de que las mujeres vivan más tiempo que los hombres plantean la necesidad de, cuando menos, introducir cambios en los esquemas clásicos.

No apuesta tanto por eliminarlas, puesto que reconoce que las mujeres siguen, por ejemplo, cobrando peores salarios que los hombres, como de introducir cambios para que sean más redistributivas o para que no supongan un desincentivo al empleo femenino.

Este debate no es ajeno a España, donde aunque las pensiones de viudedad tiene un límite de rentas  -los ingresos totales del beneficiario no pueden superar los casi 18.000 euros en 2018-, su nivel de cobertura es muy superior cuantitativa y cualitativamente a la mayoría de los países de la OCDE.

De hecho, el debate sobre su posible reforma lleva años en el Pacto de Toledo y el pasado viernes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se preguntaba en sede parlamentaria si no sería necesario adaptar estas pensiones, pensadas cuando las mujeres no trabajaban, a la España del siglo XXI.

Los pros y los contras

La OCDE recuerda que, en origen, las pensiones de supervivencia –básicamente viudedad y orfandad-- tuvieron el cometido de proteger a los y las beneficiarias del riesgo de pobreza derivados de una drástica caída de los ingresos tras la muerte de uno de los cónyuges, del mismo modo que las pensiones de jubilación tratan de amortiguar la caída de ingresos tras el retiro.

Aunque generalmente este tipo de rentas son pequeñas comparadas con otras precisamente como las pensiones de jubilación, la OCDE se pregunta por qué estas pensiones son más elevadas que otras de carácter individual también llamadas a proteger frente a posibles situaciones de pobreza. De hecho, países donde su objetivo principal era vacunar contra la pobreza, como Suecia, ya las han eliminado con la introducción de las conocidas como cuentas nocionales, que también se debaten en España.

Existen otros argumentos en contra. Por ejemplo, este tipo de pensiones pueden desincentivar la búsqueda activa de trabajo, de ahí que en algunos países se opte por limitarlas en el tiempo hasta que el cónyuge superviviente se adapta a la nueva situación.

Entre los argumentos a favor, estas prestaciones tienen además un importante valor como herramienta para poder reducir la brecha de género por ingresos, especialmente en el caso de las de viudedad.

Además, aunque en más de la mitad de las parejas con hijos de la OCDE ambos progenitores trabajan, el modelo de hogar en el que solo hay un cabeza de familia que aporta rentas a la casa sigue vigente en muchos países.

Y, por último, lo cierto es que el hecho de vivir en pareja permite beneficiarse de una suerte de economía de escala que hacer que todos los costes se abaraten. Dicho de otro modo, los solteros afrontan un coste de vida un 50% superior que los que viven en pareja. Es por ello que, incluso con dos personas trabajando bajo el mismo techo, en el momento del fallecimiento de uno de ellos es preciso reforzar en muchos casos las rentas del hogar.

¿En qué posición está España?

Con este debate de fondo, España destaca dentro de la OCDE como el país que más pensiones de supervivencia paga --datos de 2014--, con mayor nivel de cobertura y, por ello, como uno de los que más gasta en este tipo de prestaciones, con alrededor de un 1% de su PIB al año, en línea con países como Grecia o Italia, los sospechosos habituales ante Bruselas durante la crisis. En cambio, en el Reino Unido o Suecia, este porcentaje no llega al 0,5% del PIB.

Estableciendo una relación, por ejemplo, con las pensiones de jubilación. Mientras que el promedio de la OCDE apunta a un gasto en supervivencia equivalente al 13% de lo empleado en jubilación, en el caso de España el peso se dispara al 25%. Del mismo modo, mientras que de media hay 22 beneficiarios de pensiones de supervivencia por cada 100 jubilados, en España la cifra es prácticamente el doble.

¿Por qué esta diferencia?

Sencillamente, porque la legislación española presenta muchos más supuestos de cobertura, pese a que España es uno de los países de la OCDE en los que más ha aumentado la participación de la mujer en el mercado laboral en las últimas décadas, con porcentajes superiores al 15%.

Ahora bien, no se ha salvado de la brecha salarial acuciante entre hombres y mujeres que se refleja también en pensiones muy desiguales, a lo que se suma que las mujeres son de media más longevas que los hombres, eso sí, con diferencias cada vez menores.

Uno de los más claros ejemplos de cómo España es un país ‘generoso’ en este ámbito, es que es uno de los países de la OCDE en los que no hay límite de edad para cobrar una pensión de viudedad, al contrario que en otros 17 países.

También España es uno de los países que el derecho a una pensión de viudedad se reconoce del mismo modo a una persona en caso de matrimonio que en situación de cohabitación o de pareja de hecho. Incluso, el hecho de volver a casarse no elimina el derecho a cobrar esta pensión.

Más aún, en España, a diferencia de otros países, disponer de otras pensiones o rentas no supone una reducción de la cuantía de la prestación por viudedad.

Además, el informe de la OCDE indica que el gasto en pensiones de supervivencia ha estado condicionado en las últimas décadas por la evolución del envejecimiento y por las reformas emprendidas en este terreno.

Y, de nuevo, España es uno de los países más envejecidos de la OCDE, lo que se suma a que se ha subido al carro de todo tipo de reformas que han extendido su capacidad protectora, desde extender el derecho a cobrar una pensión de viudedad a hombres, hasta incrementar su cuantía, como se recoge en los Presupuestos de 2018. Nada menos que cerca de un 15% en solo dos años.

Todo ello ha provocado que España, junto a Luxemburgo, haya sido una caso inédito en la OCDE en el que el gasto en pensiones de supervivencia ha crecido a mayor ritmo que las de viudedad. Tanto es así, que España está dentro del club de aquellos países en los que una viuda puede cobrar el equivalente a más del 40% del salario medio pese a no haber trabajado nunca.

Las reformas de la OCDE

No es de extrañar por todo ello que en el seno del Pacto de Toledo se haya hablado desde la reformas de las pensiones de viudedad hasta su paso al nivel asistencial, para empezar a pagarlas por la vía de los Presupuestos, aunque manteniendo su naturaleza jurídica, para no sobrecargar aún más la caja de la Seguridad Social.

La OCDE, por su parte, recomienda reforzar el enfoque de que las pensiones de viudedad deben ser un salvavidas para que las personas que incurren en esta situación puedan adaptarse económicamente al cambio. Desde ese punto de vista propone que su cobro sea temporal mientras la persona beneficiaria no se jubile.

El organismo también llama a limitar su uso para no penalizar la búsqueda activa de empleo y ha plantear una menor cuantía para aquellas personas que después de enviudar vuelven a vivir en pareja.