La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) asegura que siempre es el último recurso, pero está utilizándolo más que nunca. El supervisor ha batido este año su récord de impugnaciones de leyes, con un total de seis recursos presentados en los altos tribunales para tratar de tumbar normativas aprobadas por diferentes administraciones.
El supervisor primero recomienda y negocia con las administraciones para corregir aspectos de las normas que pueden contravenir los exigidos principios de necesidad de las restricciones impuestas y de proporcionalidad de las mismas. Y sólo si falla esta opción, subrayan fuentes de la CNMC, se acaba acudiendo a los tribunales.
La oleada de impugnaciones es consecuencia -sostiene el organismo- de que las diferentes administraciones (Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) se hayan lanzado a regular el boom del alquiler turístico al calor de plataformas como Airbnb o HomeAway y para poner coto a la expansión de las licencias de transporte de vehículos con conductor (VTC).
Durante 2018, la CNMC ha impugnado las nuevas normativas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián que ponían coto a la expansión de los pisos turísticos en las capitales, el real decreto del Ministerio de Fomento que restringía la actividad de los titulares de licencias VTC, que son las que utilizan Uber o Cabify, el reglamento que desarrollaba la regulación del transporte de viajeros en el área metropolitana de Barcelona, y también el acuerdo del Consell de Mallorca que suspendía temporalmente la concesión de licencias de centros comerciales en la isla.
Seis recursos en altos tribunales que llegan después de que en 2017 la actividad impugnatoria de la CNMC acumulara dos recursos también ligados a las restricciones a la actividad del alquiler turístico contra las nuevas normativas regionales de Galicia y de Castilla y León.
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