Se acerca el final del año y el Gobierno tiene prácticamente terminada la redacción del Real Decreto por el que aplicará una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) superior al 22%, hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, haya finalmente o no nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
Desde el anuncio de esta subida sin precedentes, tras el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y Unidos Podemos, hasta hoy se han sucedido las opiniones a favor y en contra; desde los que hablan de la iniciativa como un incentivo para dignificar el empleo a los que auguran una pérdida de miles de empleos por la subida de costes implícita que supondrá para las empresas.
Entre unos y otros, el secreto mejor guardado era el impacto estimado --tanto en personas afectadas por la subida como sobre el empleo-- por el propio Gobierno, el que debería quedar plasmado en la memoria que suele acompañar a todo proyecto normativo. Hasta la fecha, la cifra más redonda era una previsible subida de los ingresos por cotizaciones sociales de 1.500 millones de euros por efecto de esta subida, que se incluyó en el Plan Presupuestario de 2019 remitido a finales de octubre a Bruselas.
Este martes, a propósito de la valoración de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, el Gobierno ha dado nuevas pistas para salir al paso, sobre todo, de las previsiones más agoreras.
¿A cuántas personas afectará?
Para empezar, la cifra prevista de incremento de las cotizaciones se ha calculado estimando un impacto directo sobre casi tres millones de personas, a las que habría que sumar el efecto 'contagio' de la subida de los salarios más bajos a todas las escalas retributivas.
De estos trabajadores, hasta 1,3 millones del Régimen General cobran sueldos inferiores al SMI y, por tanto, verán incrementados sus ingresos en un 22% el año que viene hasta los 900 euros al mes en 14 pagas o los 1.050 euros en 12 mensualidades. Quedan fuera de estos cálculos tanto los trabajadores del sector agrario como las empleadas del hogar.
Concretamente, los datos que maneja la Seguridad Social hablan de 1.327.054 trabajadores del Régimen General que cotizan actualmente con bases inferiores a los 1.050 euros, la base mínima de cotización que operará a partir del 1 de enero de 2019, una vez se aplique sobre la actual la subida del SMI al que está referenciada.
A estos habría que sumar unos 700.000 trabajadores del sector agrario, unas 400.000 empleadas del hogar y otras 400.000 personas que se encuadran dentro del desempleo no contributivo, es decir, aquellos que han agotado sus prestaciones de paro y han pasado al brazo asistencial con ingresos referenciados al salario mínimo.
Lo que evidencian las estadísticas de la Seguridad Social es que, más allá del efecto sobre los salarios, el impacto de la subida del SMI es especialmente relevante sobre las bases. De hecho, puede darse el caso de trabajadores, que cobrando por encima de 900 euros, coticen por una base mínima que ahora se verá incrementada.
En cualquier caso, es evidente que la subida del SMI persigue un alza de salarios. Tanto es así que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalaba en rueda de prensa este martes que "si se quiere salir plenamente de la crisis no se puede hacer con los salarios de la crisis" y que ello justifica esta subida de los salarios más bajos.
Más aún, aseguraba que durante los años en los que se congeló el salario mínimo, esta parálisis alcanzó al resto de salarios, por lo que es de esperar que el alza del SMI provoque también una subida del resto de salarios dentro de las escalas de cada empresa o sector. Según Granado, los trabajadores que ven subir los salarios más bajos en sus empresas, también pedirán más a su empleador "y se lo tendrán que dar".
Y todo son cotizaciones
Y todo ello, se traducirá en un incremento de los ingresos por cotizaciones, que ya crecen a un ritmo superior al del empleo y el IPC. Trabajo también ha desvelado que espera que el incremento del SMI se traduzca en un incremento de unos 700 euros de media de ingresos por cotizaciones por cada trabajador al año, por vías como las cotizaciones por contingencias profesionales, comunes y por desempleo.
Este efecto cuantificable, más el efecto arrastre sobre el resto de la masa salarial hace que, según Trabajo, la previsión de un alza de los ingresos por cotizaciones sociales de 1.500 millones de euros sea prudente.
El 20% del impacto en el empleo
Por sectores, las previsiones de la Seguridad Social estiman que, solo en el Régimen General, un 19,8% del impacto se concentrará en el comercio al por mayor y al por menor y en las actividades de reparación de vehículos de motor y motocicletas; el 14% en las actividades administrativas y servicios auxiliares; y el 10,8%, en la hostelería. Es decir, casi la mitad de los afectados se focalizan en tres ámbitos muy precisos del mercado de trabajo.
En cambio, el resto de actividades especialmente afectados no presentan cuotas superiores al 7%. Son los servicios sanitarios y de servicios sociales; la administración pública y defensa, así como la Seguridad Social; las actividades profesionales, científicas y técnicas; la educación o la industria manufacturera.
Además, el 43,2% de los beneficiados serán hombres, mientras que un 56,7% serán mujeres, puesto que habitualmente cobran salarios inferiores. En paralelo,
Una pequeña pérdida de empleos
Con esta previsión, Granado entiende el enfado de los empresarios, sobre todo los sectores más afectados, a los que les subirán los costes laborales. Sin embargo, considera que, en términos generales, apenas tendrá impacto sobre el empleo. En todo caso, una pérdida de puestos en el sector agrario.
Según el Gobierno, este efecto sobre el empleo debería ser inexistente, por ejemplo, en la industria o en las administraciones públicas, porque en el primero los salarios son superiores al SMI y porque en la administración deberían serlo ya y porque la entrada y salida del empleo es más rígida.
En cambio, el Ejecutivo admite que "puede haber problemas" en el sector minorista y en el de la limpieza. Pero, sobre todo, en la agricultura, donde se cotiza por jornadas y se cobra por horas. En este ámbito, Granado no descarta que los empresarios pudieran tener la "tentación" de contratar a menos personas para una campaña. Por ello, el Gobierno está buscando fórmulas con el sector para corregir este efecto perverso.
Además, el Gobierno prevé incluir en el texto final del Real Decreto una serie de supuestos de desafectación. Por ejemplo, se recogerá la previsión de que la subida del SMI no afecte a ciertos contratos mercantiles o cláusulas contractuales, para "amortiguar" sus efectos, en palabras de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas.
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