El Ayuntamiento de Madrid regulará el sector del vehículo de alquiler con conductor (VTC), el que da servicio a plataformas como Uber y Cabify, a través de una ordenanza que prevé aprobar antes de que el próximo mes de mayo concluya la actual Legislatura municipal.
Así lo aseguró la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, quien además anunció que este asunto se someterá durante un mes a una consulta pública ciudadana como paso previo a la redacción de un borrador.
Con su ordenanza sobre VTC, el Consistorio buscará "reducir de forma sustancial los efectos negativos que el rápido crecimiento de esta nueva modalidad de transporte genera en la fluidez del tráfico".
Asimismo, busca atajar el incremento de la contaminación y garantizar el "uso armonioso del espacio público", así como evitar que "una deficiente regulación unida a una notable proliferación del fenómeno deriven en un detrimento tanto de los derechos de la ciudadanía como de las personas usuarias de este servicio".
Tras la Junta de Gobierno, Sabanés indicó el Ayuntamiento no hará pública su posición sobre los aspectos a regular hasta que no concluya la consulta pública, al considerar que "es momento de escuchar a la ciudadanía antes de que la Corporación defina cuáles son las líneas principales".
Respecto a esta consulta ciudadana, arrancará este próximo lunes, 10 de diciembre, y se realizará mediante un sistema de preguntas abiertas, según destalló el director general de Movilidad, Francisco López Carmona.
El Ayuntamiento de Madrid asume de esta forma las competencias que le otorga el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de septiembre, y el Congreso convalidó en octubre, para que las administraciones locales entren a regular las VTC al igual que ya lo hacen con el taxi.
De esta forma, el Consistorio podrá articular medidas sobre el servicio que presta este transporte en materia de horarios, recorridos, tarifas e incluso tipo de vehículo.
Asimismo, el Ayuntamiento da respuesta a la actual principal reivindicación del gremio de taxistas que, con este fin, se manifestaron hace unas semanas y tienen prevista otra marcha por la capital el próximo 9 de enero.
Madrid es actualmente la ciudad que cuenta con mayor número de VTC. Al cierre del pasado mes octubre las firmas que dan servicio a empresas como Uber y Cabify sumaban 6.256 coches en la capital, la mitad de todo el país, lo que supone un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis, una proporción que contrasta con la de uno por treinta que fija la ley para estos dos modos de transporte urbano.
Decálogo de preguntas
En la consulta pública, el Ayuntamiento lanzará un decálogo de preguntas para determinar cuáles son los aspectos positivos o negativos que pueden surgir de la regulación por parte del Ayuntamiento de las condiciones en las que se presta el servicio VTC.
Así se planteará qué aspectos considera la ciudadanía que deben regularse de manera prioritaria o qué medidas adoptaría el encuestado para minimizar la incidencia de los vehículos VTC en la fluidez del tráfico urbano.
Para minimizar la ocupación y el uso intensivo del espacio público, el Ayuntamiento quiere escuchar las sugerencias de la ciudadanía sobre las características que establecería a los vehículos VTC respecto al estacionamiento y utilización de las vías públicas municipales, además de preguntar sobre los requisitos medioambientales que deberían exigirse a los VTC para proteger la salud de las personas y la calidad del aire.
El listado de preguntas también incluye si la ciudadanía considera que el Ayuntamiento de Madrid debe regular estas materias lo antes posible o esperar a que el Estado o la Comunidad le atribuyan más competencias. Además se invita a responder qué otros aspectos consideran que debería regular el Consistorio.
También se pregunta a la ciudadanía si consideran adecuado que se someta a licencia administrativa municipal el ejercicio de la actividad de los VTC y, si la respuesta es afirmativa, qué aspectos deberían regularse en la licencia, si deberían regularse los horarios y calendarios de servicio y el descanso de los vehículos VTC.
Sabanés ha recordado que los ayuntamientos tienen competencias en movilidad y calidad del aire, a las que se suma las que les otorga el referido Decreto del Gobierno.
Este texto dice que el Ayuntamiento puede regular los VTC en aspectos como el uso de la vía pública, la gestión del tráfico, la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica.
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