Trabajo planea nuevas sanciones al sector cárnico por contratar falsos autónomos

Al sector cárnico se le van a atragantar las próximas Navidades. En un momento propicio para hacer caja, un puñado de empresas dedicadas a esta industria llega al final del año con reclamaciones millonarias por parte de la Seguridad Social y la amenaza de cambios legales que podrían elevar sus costes laborales.

Porque el año 2018 ha sido clave. Después de años de denuncias por parte de los sindicatos, la Inspección de Trabajo ha levantado 54 actas de infracción y liquidación a empresas del sector por lo que se conoce en el argot de la Seguridad Social como falso encuadre de trabajadores. En román paladino, se trata de la contratación de falsos autónomos para abaratar costes.

Fruto de estas pesquisas, el Ministerio de Trabajo ha regularizado la situación de 14.000 trabajadores, que han pasado a ser asalariados, y además ha reclamado a estas empresas las cuotas sociales que se han dejado de pagar como deberían en los últimos cuatro años no prescritos con sus correspondientes de demora. Esto arroja deudas millonarias para muchas empresas y un 'botín' conjunto de hasta 240 millones de euros.

Sin embargo, fuentes de Trabajo admiten que esta cantidad tardará en cobrarse, si es que se cobra definitivamente en su totalidad. La razón es que las empresas recurrirán a los tribunales, lo que abre una perspectiva de dilatados plazos judiciales que prometen llevar en último término hasta el Tribunal Supremo, previo recurso de casación.

En ese momento, aunque el alto tribunal se manifestara y unificara doctrina, lo cierto es que por el camino se podrían producir sentencias firmes a favor y en contra de la Administración que no tendrían vuelta atrás y que podrían dejar el cobro pendiente en una cantidad inferior a los 240 millones.  Dicho de otro modo, el Ministerio de Trabajo cuenta con que cobrará lo reclamado a las empresas cárnicas mal y tarde.

Por ello, en el departamento que dirige Magdalena Valerio se estudian modificaciones legales para a futuro poder acelerar el proceso. Esto implica en primer lugar, agilizar los apercibimientos a empresas para no llegar al extremo de tener que reclamar regularizaciones de situaciones irregulares mantenidas durante años; y también establecer sanciones (cuya dureza habrá que determinar) que permitan un rápido y fácil cobro.

Modificación de la Ley de Sanciones

Este es el auténtico varapalo que podrían recibir las empresas del sector. Para entender este efecto cabe recordar que la Ley de Infraciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) no reconoce actualmente sanciones para casos de falso encuadramiento o falsos autónomos. Es por ello que muchas empresas, constituidas como cooperativas de trabajadores autónomos, han tenido empleados como tales a miles de trabajadores que la Inspección ahora asimila a asalariados.

Según señalan fuentes de la Seguridad Social, muchas de estas empresas han asegurado que creían estar haciendo las cosas bien, y el secretario de Estado del ramo, Octavio Granado, ha admitido en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación que dado el vacío en la normativa de sanciones "tienen razón". Sin embargo, hablaba también "picaresca fiscal" aprovechando que esta laguna en la LISOS que ha "dificultado la persecución" de estas prácticas.

Así pues, si el Gobierno levanta un muro para que a partir de ahora ninguna empresa pueda contratar a falsos autónomos bajo la amenaza de sanciones, muchas empresas tendrán no tendrán 'excusa' y esto llevará a un incremento de sus costes laborales.

Granado concretaba acto seguido que el Gobierno trabaja en modificaciones legales en el marco de los Presupuestos para perseguir el trasvase de trabajadores asalariados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de forma indebida. No obstante, fuentes de la Seguridad Social han matizado que, aunque "los Presupuestos podrían establecer un mecanismo que trate de evitar esa transferencia", los tiempos políticos hacen poco previsible que de tiempo.

No obstante, insisten en que Trabajo estudia de qué manera se puede agilizar el proceso sancionador, primero avisando con tiempo a las empresas para que rectifique la situación de posibles falsos encuadramientos y, en segundo término, para que las empresas no acaben por engrosar una deuda tan amplia y tan difícil de cobrar.

Antes de decidir qué hacer, previo paso por el diálogo social, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya tiene activado un protocolo de vigilancia, con lo que, de nuevo, estas Navidades pueden ser menos jugosas para algunas empresas.

De hecho, el Gobierno admite que la situación ha puesto a las empresas del sector en una situación en la que peligra su viabilidad, cuando además. "Vamos a ver cómo salimos de este embrollo", añadía Granado.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Todos estos movimientos podrían ser el colofón de lo que las empresas del sector consideran una persecución por parte de los sindicatos, especialmente CCOO y la CNT.

De acuerdo con las cifras de las centrales, la industria cárnica representa alrededor del 3% del PIB y el 21% de la industria manufacturera. En términos de empleo, han venido sosteniendo que estas empresas daban empleo a unos 10.000 falsos autónomos.

Las denuncias de los sindicatos ponían el foco en la figura de las cooperativas de trabajo bajo las que operaban supuestamente los gigantes del sector como Servicarne o Trabajadores Asociados de la Industria Cárnica (TAIC).

Aseguran que bajo esta denominación en realidad se encuadran miles de trabajadores que realizan un trabajo similar al de los asalariados dentro de una misma empresa, pero teniendo que hacer frente de forma individual a los gastos asociados al alta como trabajadores autónomos, para ahorrar costes a la empresa.

Insisten en que estos falsos autónomos intervienen en la cadena de sacrificio, despiece, elaboración y empaquetado de carne mezclados en muchas ocasiones con la plantilla de las propias empresas y bajo su organización, contraviniendo la Ley de Cooperativas.

Como confirma en su página web Servicarne, estos trabajadores aportan una cuota a la cooperativa. Sin embargo, los sindicatos denuncian que a menudo estos trabajadores se han costeado también  desde los uniformes hasta su cuotas sociales. Todo ello mientras su salario era muy inferior al de un asalariado: 1.134 euros netos frente a los 1.641 euros en doce pagas, según CCOO.

Con estos argumentos, los enfrentamientos en los tribunales con las empresas del sector se han reproducido desde 2001 a lo largo y ancho del país, con resoluciones a favor y en contra de unos y otros. Toda una contienda legal en la que tribunales superiores autonómicos y juzgados de los social han dado la razón a los sindicatos, pero en los que el Supremo ha respaldado al sector. Una batalla que la Seguridad Social prevé que continúe pese a las actas levantadas por la Inspección.

Para minimizar los daños, las patronales del sector Anice, Fecic, Anagrasa, Anafric y Aprosa y los sindicatos Feagra-CCOO, y FICA-UGT firmaron un manifiesto en junio de 2016 para tratar de lavar la imagen del sector. Se oponían a la creación de falsas cooperativas, todo ello antes de que la Inspección asestara el golpe más duro en 2018. Ahora, quedan a la espera de conocer si la normativa de sanciones también les pone en el punto de mira.