El Gobierno busca 40 millones para la rebaja de luz a empresas vascas heredada de Rajoy

El Gobierno de Mariano Rajoy lo incluyó en su proyecto de Presupuestos para 2018 para ganarse el apoyo parlamentario del PNV. Y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lo acabó ejecutando vía real decreto con exactamente el mismo objetivo de cara a unos eventuales Presupuestos para 2019 que, aunque ya nadie los esperaba, se van a intentar sacar adelante.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que dejó el Ejecutivo del PP, heredados después por los socialistas tras la moción de censura, se atendía una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas vascos. Moncloa completaba la reforma de los peajes eléctricos que ya había emprendido en la anterior legislatura para rebajar la factura eléctrica de industrias asentadas muy especialmente en el País Vasco.

El nuevo Gobierno socialista acabó desarrollando el acuerdo heredado incluyéndolo como parte de su plan de choque contra la subida de la luz. La reforma de los peajes servirá para descontar del recibo de luz a unas 1.250 empresas (de las que 800 tienen sede en el País Vasco) unos 40 millones de euros al año.

Como la medida se articuló formalmente el pasado octubre, el coste de este año que asumirá directamente el Ministerio para la Transición Ecológica será sólo de 10 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno a las que ha tenido acceso El Independiente. Pero ahora toca buscar los 40 millones de euros que costará la rebaja en 2019.

El plan del Ministerio pasa inicialmente por introducir una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 por esos 40 millones que sirva para compensar la caída de los ingresos del sistema eléctrico. En el caso de que no se consiga sacar adelante uno nuevos PGE para el próximo ejercicio, o se puede replicar la partida que se recogía en las cuentas de 2018 si finalmente se prorrogan o “será preciso disponer de una medida compensatoria equivalente”, según la memoria económica del real decreto en el que se incluyó la medida. Y en ello está el Ministerio comandado por Teresa Ribera.

Una reforma que viene de lejos

La batalla por reformar los peajes que pagan las grandes industrias y así rebajar su factura eléctrica viene de lejos. El PNV llevaba años denunciando que la industria vasca asumía un sobrecoste de unos 100 millones de euros en el pago de sus facturas de luz por cómo estaba diseñado el sistema de peajes eléctricos.

Tras acordarla con el PNV, el Gobierno de Rajoy ya hizo en la anterior legislatura una reforma parcial de los tramos de algunos de los peajes de alta y media tensión para rebajar la factura de la industria vasca, eliminando aproximadamente la mitad de ese sobrecoste (en torno a 50 millones de euros). Y el Ejecutivo se comprometió entonces a completar la rebaja de la factura reduciendo la otra mitad, pero no lo hizo hasta este año.

El Gobierno ya había aplicado de facto una rebaja a la industria vasca dividiendo en dos el denominado peaje eléctrico 6.1. Se creó el peaje 6.1.a para clientes con suministros con una tensión entre 1 y 30 kilovoltios (kV) y un 6.1.b, más barato, para las empresas con entre 30 y 36 kV. La mayoría de las grandes industrias vascas cuentan, casualmente, con una tensión de 33 kV por las características de su red, así que se beneficiaban directamente de la rebaja.

La nueva reforma, ahora ejecutada, implica eliminar el peaje 6.1.b y que todos los clientes que tienen suministros acogidos a él pasen directamente a tener el peaje 6.2, que es aún más barato. Un cambio del que se beneficiarán unas 1.250 empresas españolas, de las que casi 800 están radicadas en el País Vasco. También se les aplica la rebaja a compañías que están presentes en Andalucía (357), Navarra (42), Castilla y León (33), Cantabria (17) y Asturias (11).

Cataluña recurrió ante la Unión Europea el pacto entre PP y PNV por considerar que discrimina a miles de empresas. La Generalitat catalana reclamaba que también se beneficiaran de los cambios las compañías con suministros de 25 kilovoltios, lo que ampliaría la rebaja a unas 4.500 empresas en España, de las que casi 3.300 están en Cataluña. Tras el recurso catalán, la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España para investigar el acuerdo.