El Gobierno vuelve a inflar el recibo de luz con 518 millones que los clientes pagarán de más

Los consumidores españoles pagan en cada recibo de la luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas y de carbón. Hasta ahora esas ayudas millonarias, denominadas pagos por capacidad, se concedían a las compañías eléctricas por dos conceptos: por tener disponibles sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la producción de las renovables, y también como incentivos a las inversiones realizadas para su construcción.

A la espera de que la Unión Europea apruebe la nueva directiva de mercado único, y en base a ella después el Gobierno reformule el reparto de los pagos por capacidad, las ayudas por estar disponibles estas centrales quedan derogadas, y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada. Aún así, el sobrecoste que pagarán los clientes con su factura de luz (muy especialmente los grandes consumidores, y en menor medida los hogares) seguirá en el entorno de los 700 millones euros, como en años anteriores.

Y, además, como en años anteriores también, la partida que sufragan los consumidores con su recibo de luz seguirá estando inflada por el Gobierno, lo que ha hecho que los usuarios hayan pagado casi el doble de lo que realmente han recibido las compañías eléctricas en ayudas en los últimos ejercicios. Y 2019 no va a ser una excepción, porque la práctica se mantiene con el nuevo Ejecutivo.

En el borrador de orden de peajes eléctricos para 2019 remitido por el Ministerio parar la Transición Ecológica a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se repite la situación. Los usuarios de luz pagarán 676,68 millones de euros con su recibo el próximo año para sufragar los pagos por capacidad, pero la previsión de que realmente cobrarán las eléctricas a lo largo del año es de sólo 159 millones.

En total, 517,7 millones que los clientes pagarán de más. Un desfase que el próximo ejercicio se dispara por la derogación del servicio de disponibilidad, que hará que las compañías eléctricas cobren en torno a 170 millones menos que en años anteriores. Este sobrecoste va directamente a las cuentas del sistema eléctrico y sirve para cubrir otras partidas de gasto o para engordar el superávit que se ha venido registrando en los últimos ejercicios.

En 2018 el Gobierno cargó en el recibo 687,3 millones de euros para financiar las ayudas, pero se abonó a las compañías sólo 273 millones. En 2017 lo que pagaron los clientes fue 738,8 millones y las eléctricas percibieron 394 millones. En 2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de 722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417 millones de euros… Y este tipo de desfase también se produjo en 2015 y en 2014.

Los desfases anuales acumulados desde hace seis años alcanzan ya cifras milmillonarias. Entre 2014 y 2019, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 4.987 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán algo menos de 2.420 millones de euros. En un sexenio, los clientes habrán pagado un total de 2.567 millones de euros de más con recargos que se justifican para repartir ayudas, pero que se utilizan para otras partidas del sistema eléctrico.

Son los grandes consumidores de electricidad los que cargan con la mayor parte de este coste. El importe recaudado por los pagos por capacidad se incluye en la factura como parte del término de energía, lo que hace que los grandes consumidores asuman mayores recargos y que a cada uno de los usuarios domésticos les corresponda una carga mínima, según subrayan a El Independiente fuentes del sector. Si el cargo por los pagos por capacidad se incluyera en el recibo como parte de los peajes de acceso (que sirven para sufragar los todos costes reconocidos del sistema eléctrico) se distribuiría de manera más equitativa y el hachazo a los pequeños consumidores sería mucho mayor.

El cabreo de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abroncado a los sucesivos Gobiernos en los últimos años por este desfase entre lo que se cobra a los clientes y lo que reciben las eléctricas, dado sobre todo el superávit que viene registrándose en las cuentas del sistema eléctrico en los últimos ejercicios.

“Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de Orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema”, ha advertido en su informe sobre las órdenes de pajes de 2017 y de 2018. “Esta Sala reitera la necesidad de establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente”.

El supervisor exige que se fijen unos criterios técnicos y objetivos para determinar la cuantía que pagan los consumidores y que no se deje a la discrecionalidad del Ministerio porque considera que lo que están pagando de más los clientes se está destinado a cubrir otras partidas.

En cualquier caso, fuentes conocedoras de los planes del Ministerio apuntan que la práctica de permitir este desfase se ha mantenido por considerarse 2019 casi como "un año de transición" al ser el último en que será el Gobierno el que establezca los peajes eléctricos (el próximo año lo hará ya la CNMC) y porque para 2020 se han de recalcular la retribución que reciben las redes de distribución y transporte de electricidad.

455 millones de la 'hucha' para evitar déficit

El Gobierno propone volver a congelar, por quinto año consecutivo, los peajes que sirven para cubrir los costes reconocidos del sistema (transporte, distribución, ayudas a renovables…). Y lo hace en un momento en que el sistema tiene que asumir el coste de medidas adoptar para bajar el precio de la luz, como la suspensión temporal del impuesto del 7% de la generación y del denominado céntimo verde a la producción eléctrica con gas.

Unos costes, o una caída de ingresos, que obliga al Gobierno a tomar medidas excepcionales (y adicionales a volver a inflar la recaudación por pagos por capacidad) para conseguir cuadrar las cuentas del sistema. El Ministerio para la Transición Ecológica prevé unos costes del sistema para 2019 de 18.006 millones de euros y los ingresos serán de 17.553 millones.

Para cubrir ese agujero el Ejecutivo sacará 455 millones de la ‘hucha’ de la luz, los fondos acumulados por los superávit del sistema eléctrico registrados en los últimos años. Esto es, el Gobierno gastará la mitad de lo que queda en esa hucha para evitar que el sistema eléctrico vuelva a registrar el famoso déficit de tarifa.

Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el déficit de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit, que había alcanzado un total de 1.441 millones.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya gastó un tercio de esa hucha de la luz al ordenar pagos a las grandes eléctricas por un importe conjunto de 516 millones de euros, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de unos movimientos que la CNMC -encargada de gestionar la cuenta bancaria en que se acumulan los superávit- y el propio Gobierno consideran información confidencial y sobre los que no facilita datos.

El Gobierno ordenó la devolución con cargo a esos superávit de esos 516 millones abonados por las grandes eléctricas para financiar el bono social de la luz de los ejercicios entre 2014 y 2016, después de que el Tribunal Supremo volviera a tumbar el sistema de financiación del programa contra la pobreza energética y que endosa a las compañías cubrir el presupuesto del mismo.

Tras los pagos, los fondos de la hucha de la luz pasaron de los 1.441 millones de euros acumulados hasta los 925 millones. Ahora tras la decisión del nuevo Gobierno de hacer uso de los superávit para cubrir los desajustes entre ingresos y costes de 2019, quedará en ese remanente entorno a unos 470 millones.