Los sindicatos siguen pugnando por intensificar el uso de la jubilación parcial de trabajadores acompañada de contratos de relevo para jóvenes en aquellos sectores en los que las plantillas están envejecidas. El objetivo fundamental es rejuvenecer estos ámbitos del mercado laboral, sin perder conocimiento por el camino.
Se trata de un planteamiento en el que aparentemente todos ganan. Sin embargo, hay un perdedor y es la Seguridad Social, para la que este mecanismo es muy costoso puesto que, de entrada, permite el retiro prematuro de los trabajadores más veteranos rumbo al sistema de pensiones sin asumir coeficientes reductores para compensar los años que se dejan de cotizar. Estudios recientes calculan que estas jubilaciones parciales cargan al sistema con un coste anual de unos 2.000 millones de euros.
Es por eso que el Gobierno se ha propuesto dosificar el uso de estas jubilaciones parciales con contrato de relevo y, de momento, solo ha pactado facilitarlas en el sector industrial, sobre todo pensando en la industria del automóvil.
Sin embargo, pese a que este paso al frente se ha dado con el acuerdo de los sindicatos, estos han manifestado que quieren ir más lejos y extender su uso. Tanto es así, que a día de hoy esta cuestión es el principal escollo a remover en las negociaciones con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para firmar el convenio único de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a unos 35.000 trabajadores.
Y es que, pese a que la jubilación parcial de la mano del contrato de un relevista es una práctica admitida en comunidades autónomas como Madrid y en la mayoría de los ayuntamientos, el Estado aún no la aplica.
Un punto de encuentro
CCOO, UGT y CSI-F empujan en la misma dirección para que el Estado se abra a esta vía de regeneración de plantillas, a la vista de que se trata de un ámbito de la administración en el que la media de edad es muy alta. Basta señalar que, de acuerdo con los datos que maneja UGT, solo en la Seguridad Social la media de edad ronda los 58 años.
Las centrales son conscientes de que todo pasa por introducir cambios en las condiciones en las que se aplicará esta figura, como ha ocurrido en el caso de la industria.
Mientras que hasta ahora se permite la sustitución de un trabajador por otro entre el 25% y el 75% de la jornada, las condiciones pactadas en el caso de la industria plantean que esta duración puede situarse entre el 25% y el 67%, o del 80% para los supuestos en los que el relevista sea contratado a jornada completa y con carácter indefinido, para tratar de que empujar a las empresas a contratar a los nuevos trabajadores con visos de estabilidad.
Desde CSI-F concretan, en cambio, que para el caso de la AGE, la ratio de relevo debería situarse en un 20% y un 80%, al tiempo que defiende la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los 60 años.
El Gobierno, cerca del acuerdo
Según CCOO y UGT, este es pues el único gran escollo que falta para cerrar el convenio único como máximo a finales de enero, un plazo que también confirman fuentes del Ejecutivo.
Incluso confían en que el Gobierno se rinda a la evidencia del envejecimiento de las plantillas y, por coherencia con lo pactado en la industria, den un paso al frente. "No nos han dicho que no de forma tajante como al inicio de las negociaciones", señalaba uno de los negociadores sindicales a propósito del último encuentro con el Gobierno.
Además, ambas centrales dan por bueno un acuerdo para fijar un salario mínimo de 1.150 euros al mes en 2020 para las plantillas de la AGE, pese a que la demanda inicial era de 1.200 euros. Con esta perspectiva, ambos sindicatos han desconvocado las movilizaciones previstas para el próximo miércoles 19 de diciembre.
Sin embargo, el sindicato CSI-F sigue adelante con dicha convocatoria al considerar que el Gobierno está bloqueando el convenio laboral en la AGE con la excusa de que a día de hoy no hay nuevos Presupuestos para el próximo año.
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