"Estamos rezando para que no se desvíe la inflación". Así se sincero se mostraba el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el pasado jueves.
¿A qué se refería? A la compensación prometida a los pensionistas españoles en caso de que la inflación acabe el año por encima del 1,6%, al que se limita la subida de sus prestaciones en el marco de los Presupuestos de 2018.
Retrocediendo en el tiempo, el anterior Gobierno del PP dejó consignada en las cuentas anuales para este año una subida de esa magnitud para todas las pensiones tanto en 2018 como en 2019. Tras la moción del censura y el ascenso del PSOE al Gobierno, el equipo económico de Pedro Sánchez optó por la coherencia, y tras defender una vuelta al IPC en el Pacto de Toledo, prometió que si la inflación superaba ese 1,6% al final del año habría una paga compensatoria para todos los pensionistas en los primeros compases de 2019 para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo.
Esta paga era habitual hasta la reforma de 2013 y se ajustaba en función del IPC anual del mes de noviembre. Además se consolidaba en la nómina de los pensionistas del año siguiente. Sin embargo, a día de hoy, el Ministerio de Trabajo no ha concretado si el indicador a tener en cuenta en será ese o el IPC anual del mes de diciembre, ni tampoco si llegado el momento habrá consolidación.
La diferencia es importante. Para empezar, la subida del 1,6% ya ha supuesto un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno en tanto que el PP no dejó un asiento presupuestario para cubrir este gasto adicional. Esto implica que el actual Gobierno tiene que buscar un acomodo presupuestario para poder asumirlo.
Y en esa situación, aplicar la 'paguilla' compensatoria vendría a completar aún más las cosas, por no hablar del incremento del gasto que supondría en un momento en el que la paga extra de diciembre ya amenaza con dejar en un menor enunciado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que volverá a echar mano el Ministerio de Trabajo.
Los cálculos del Gobierno apuntan a un gasto de 128,6 millones de euros de gasto por cada décima de desviación, de forma que con la previsión inicial de un IPC del 1,9%, se presumía un posible gasto de hasta casi 800 millones de euros.
Sin embargo, si el Gobierno aún no ha concretado qué indicador utilizará es porque confía que la bajada de los precios del petróleo, principalmente, presionarán a la baja la inflación y esta se situará al final del año por debajo del 1,6%, con lo que no habrá que habilitar ninguna paga compensatoria.
El petróleo puede salvar al Gobierno
De momento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaba el pasado viernes que el IPC anual de noviembre se situó en el 1,7%, más de medio punto menos que en el mes precedente (2,3%). Esta bajada se debe a un menor coste de la luz, la gasolina y los alimentos.
Y es que, solo en el caso del petróleo, el barril de West Texas, la referencia en Estados Unidos, el precio ha pasado de los 76 dólares a principios de octubre a los 51,2 dólares. Para el barril de Brent que se maneja en la UE, este valor también ha caído de los 86 dólares a los 60 dólares en ese mismo periodo.
En este contexto, si el Gobierno optara por compensar a los pensionistas por la desviación del IPC en noviembre, tendría que habilitar una paga de 128,6 millones de euros, al haber una desviación de una décima sobre el 1,6% de subida prevista en los Presupuestos, que podría ampliarse a los 257 millones si la paga se consolida en las nóminas.
Sin embargo, algunos servicios de estudios ya anticipan que la inflación caerá por debajo de ese límite en el mes de diciembre. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) acaba de revisar a la baja sus previsiones, y ahora estima que la inflación se situará en el 1,5% en diciembre, tres décimas menos que su anterior previsión, con un descenso de similar magnitud en los precios energéticos.
En la misma línea, la CEOE señalaba este viernes que, de mantenerse los precios del petróleo en sus actuales niveles, el IPC anual del mes de diciembre se situaría en el 1,6% y, de nuevo, el Gobierno podría ahorrarse hasta 257 millones de euros si descartara adoptar una paga compensatoria a los pensionistas tomando como referencia el indicador de noviembre.
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