Endesa e Iberdrola aplazan el choque por Almaraz hasta conocer el plan nuclear del Gobierno

Los dueños de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) tienen que decidir si piden la renovación de la licencia de explotación de la planta, que expira en 2020, y por cuánto tiempo. La decisión tiene que estar tomada antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo legal para pedir prorrogar los permisos, pero sus propietarios no se ponen de acuerdo.

Endesa aspira a pedir la ampliación de la vida de la central durante 10 años, mientras que Iberdrola y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) se conforman con pedir una prórroga de cuatro años, y llevar la planta hasta 2024, cuando cumplirá 40 años de funcionamiento. Este martes las tres eléctricas se reunieron en una junta ordinaria de propietarios de la central, pero no discutieron sobre el punto crucial.

Naturgy ha propuesto la convocatoria en enero de una reunión extraordinaria de la junta de propietarios para abordar de manera exclusiva el futuro de Almaraz para tomar una decisión sobre si se extiende o no la vida de la central cacereña, y por cuánto tiempo, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso.  Iberdrola ha apoyado la propuesta y Endesa no se ha opuesto, así que se ha pactado la reunión aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta. Almaraz está controlada en un 52,7% por Iberdrola, un 36% por Endesa y un 11,3% por Naturgy, pero como se gestiona a través de una agrupación de interés económico (AIE) las decisiones han de adoptarse por unanimidad.

Las eléctricas aplazan así el choque frontal por Almaraz hasta conocen los planes del Gobierno sobre el futuro de todas las nucleares en España. El Ministerio para la Transición Ecológica dará a conocer en los próximos días su Plan Integrado de Energía y Clima, la hoja de ruta sobre la planificación de todas las energías en España hasta 2050 y en la que incluirá un nuevo marco normativo sobre la vida de las centrales nucleares.

El futuro de la energía nuclear en España está en juego. El Gobierno dice seguir apostando por ir echando el cierre a las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años de funcionamiento (lo que provocaría el apagón total en 2028), pero se muestra abierto a que las clausuras se hagan de manera escalonada y ordenada, lo que llevaría a algunas plantas más allá de este tope. La flexibilización del planteamiento se justifica en la necesidad de no hacer coincidir todos los cierres y los desmantelamientos de los reactores.

Endesa e Iberdrola son los principales operadores nucleares de España (Naturgy  y EDP tienen sólo participaciones minoritarias). Las dos compañías tienen visiones muy diferentes sobre el futuro de las plantas. Mientras que Endesa quiere que las centrales funcionen al menos hasta que cumplan todas 50 años de funcionamiento, Iberdrola sostiene que las nucleares le generan pérdidas y apuesta por cerrarlas a los 40 años (todas las plantas españolas los irán cumpliendo entre 2021 y 2028).

Repartirse las nucleares

Endesa e Iberdrola comparten accionariado en la mayoría de las centrales nucleares de España. Las participaciones mayoritarias son cambiantes las que tiene una u otra eléctrica en según qué planta. Pero como las decisiones han de adoptarse por unanimidad, las compañías se ven condenadas al bloqueo.

Para superar la paralización, las compañías están buscando alternativas para desatascar la situación. Endesa, la más interesada por mantener abiertas las centrales a largo plazo, ha propuesto realizar intercambios accionariales para repartirse el control de las plantas y así que cada compañía decida sobre las centrales que quede bajo su manto, según informó El Independiente.

Endesa tiene participaciones mayoritarias en Ascó II, Vandellós II y controla en solitario Ascó I. E Iberdrola es el mayor accionista en Almaraz I y II, en Trillo y controla enteramente Cofrentes. La fórmula pasaría por que ambas compañías separaran sus caminos y se repartieran el control  de las diferentes centrales para no seguir chocando por su diferente visión del negocio.

En principio, el planteamiento que se impone es que cada compañía se quede con las instalaciones en que hoy tienen mayoría en el capital, aunque todo queda pendiente de la valoración de los activos, de las inversiones necesarias en cada caso, de los años de operación que acumula cada planta y de alcanzar un acuerdo sobre cómo se reparten los costes de desmantelar las plantas.