El Gobierno no se fía de las aerolíneas y cambia el proceso de compra de billetes subvencionados

El Ministerio de Fomento quiere obligar a las aerolíneas a que la condición de residente  y en vez de preguntarse al inicio del proceso de reserva se identifique al final de la compra, ante las quejas vertidas desde Canarias y Baleares sobre el encarecimiento de los precios a raíz del 75% del descuento, y las peticiones de control para verificar si las aerolíneas ofrecen un precio distinto en los billetes según esta condición.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha comunicado a las aerolíneas que Fomento prevé promulgar esta medida antes de que finalice el año, de forma que se haga efectiva en enero de 2019, dando un plazo de dos meses a las compañías aéreas para que adapten sus sistemas al nuevo procedimiento, así que entraría en vigor en marzo.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anticipó ayer la medida cuestionado en la sesión de control al Gobierno por el alza de precios en los billetes a las islas. "Estamos con el observatorio pendientes de la evolución de precios, y queremos imponer la condición de residente después de saber la tarifa, y hemos hablado con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para que también intervenga en este aspecto", dijo.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina a más de 70 aerolíneas que operan en España, ha criticado ya que el Ministerio de Fomento quiera de "forma unilateral" cambiar el procedimiento de reserva y el momento a aplicar el descuento para residentes para que los clientes se identifiquen como tal al final del proceso.

Quejas de las aerolíneas

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha mostrado su rechazo a la decisión de "implantar unilateralmente" un cambio, que contraviene además la norma europea del Reglamento 1008/2008, que obliga a las aerolíneas a "mostrar desde el inicio de la compra el precio final que debe pagarse por el billete, incluidos todos los cánones, recargos y derechos obligatorios y previsibles en su momento de publicación", informa Europa Press.

"Desde el momento en que se puede aplicar un descuento estamos ya obligados a indicar el precio final", ha explicado, para añadir que, en su opinión, falta pedagogía en este asunto pues el descuento del 75% no se aplica sobre el precio final del billete aéreo, dado que están exentas las tarifas aeroportuarias y de seguridad.

Por ejemplo, en un billete Palma-Madrid que cueste 100 euros, aproximadamente 30 euros corresponde a tarifas aeroportuarias y de seguridad, con lo que excluyendo esta cantidad se aplicaría el descuento del 75% a residentes sobre 70 euros; de esta forma a los 18 euros resultantes con el descuento a residente se le sumarían las tasas exentas con lo que el precio final sería de 48 euros, conforme a la aplicación de la normativa.

"Otra discusión es si estas tasas (aeroportuarias y de seguridad) deberían estar subvencionadas también, pero nosotros no entramos ahí; hay un marco legal que es el que las compañías aéreas tenemos que cumplir y con el que operamos", ha defendido.

Para Gándara lo más reseñable es que las aerolíneas tendrán que modificar sus sistemas de reserva, uno de los "más críticos" para una compañía aérea en base a "una sospechas infundada" y sin tener "ninguna sola prueba sobre prácticas anómalas o un uso incorrecto del descuento del 75% a residentes".

¿Subirán los billetes?

"Un cambio de esta magnitud conlleva modificaciones sustanciales y costosos desarrollos, que necesariamente deberían verse reflejados en los precios de los billetes", ha añadido Gándara, que ha evitado cuantificar el impacto de su implantación pues cada compañía aérea tiene sus procedimientos.

Además, la propia dinámica del mercado y los mecanismos para la fijación de precios provoca que a lo largo del proceso de reserva se produzcan cambios en las tarifas, que "pueden dar lugar a incrementos en el precio a pagar por el residente en el caso de esperar al proceso final para identificarse como tal", ha apuntado.

Gándara ha insistido en que el sistema de descuento a residentes está sometido a controles exhaustivos por parte de Aviación Civil, que audita regularmente las tarifas de todas las aerolíneas a través de Internet.

De hecho, las compañías adelantan dicho descuento y se tarda unos meses en realizar la liquidación pues Aviación Civil debe abonar el 75% a las compañías aéreas y "no lo hacen a ojo". "Nos parece desproporcionada la medida, ante un sistema completamente auditado, Si hubiese alguna irregularidad, que no la hay, ya se habría notificado", ha subrayado.

Con todo, desde ALA han lamentado que se trate "injustamente" de imponer un cambio cuando "no hay evidencias de que el problema al que se quiera dar solución exista" y se ponga una vez más a las aerolíneas "una vez más en la picota".

"Hay cosas que las aerolíneas tenemos que mejorar pero también hacemos cosas bien como el impulso a la conectividad en Canarias y Baleares, con 52 rutas entre islas en el archipiélago balear y la Península, o las 46 en Canarias, a precios más competitivos e incomparables a los que se ofrecían hace años", ha concluido.