Las eléctricas piden castigar con luz más cara a clientes que no dejan cambiar el contador

La fecha prevista era a finales de este año. Ése era el tope previsto por ley para que las distribuidoras eléctricas sustituyeran todos los viejos contadores eléctricos por otros inteligentes, que permiten la medición del consumo por horas y la telegestión de los mismos. El Gobierno acabó abriendo un poco la mano, y permitió a las compañías llegar a este 31 de diciembre con al menos un 98% de su parque de contadores ya sustituido. Les dejaba margen para problemas que iban surgiendo para cumplir por completo el mandato.

Las grandes distribuidoras han conseguido superar ese nuevo tope, que afectaba sólo a los usuarios con una potencia contratada por debajo de 15 kilovatios (clientes domésticos o pymes). Endesa ha instalado 11,7 millones de contadores inteligentes, un 98% del total que gestiona; Iberdrola cuenta ya con 10,7 millones de medidores, un 99,9% del total; Naturgy ya ha cambiado 3,6 millones de contadores, un 99% de todos con los que cuenta; y EDP (con algo más 650.000) y Viesgo (con casi 690.000) han alcanzado el 100% de sustituciones.

Sin embargo, aún quedan en torno a 280.000 clientes en España que siguen con los viejos contadores. En la mayoría de los casos, según las propias compañías, son clientes que se han negado a realizar el cambio de contador o aquellos que lo tienen dentro de su vivienda y ha sido imposible contactar con ellos. Las grandes eléctricas reclaman ahora al Gobierno que se apliquen penalizaciones en la factura de luz a aquellos usuarios que no hayan permitido cambiar su contador.

La patronal Aelec –que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo- ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que reforme la normativa para que, a partir del 1 de marzo de 2019, las compañías puedan aumentar lo que cobran a estos clientes por la potencia eléctrica contratada a modo de sanción, según el escrito de alegaciones presentado por la asociación a la orden de peajes eléctricos del Gobierno de 2019 y a la que ha tenido acceso El Independiente.

Las grandes eléctricas piden que esta penalización se aplique a los centenares de miles de clientes que, “habiendo sido requeridos por la empresa de distribución, no hayan cumplido con la obligación legal de sustituir su antiguo contar por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la telegestión antes del 1 de marzo de 2019”.

Lo que propone la patronal eléctrica es que a los clientes que tengan contratada una potencia de menos de 5 kilovatios se le facture como si tuvieran contratada 10 kW; a los que tengan un contrato con entre 5 y 10 kW de potencia se le cobre como si tuviera 20 kW; y a los que tienen entre 10 y 15 kW se les aplique en la factura el equivalente a tener una potencia de 30 kW.