La primera victoria de camioneros contra fabricantes abre la puerta a demandas millonarias

La primera sentencia condenatoria en España contra el cártel de fabricantes -que durante 14 años, de 1997 a 2011, pactó un sobrecoste al vender los camiones que repercutió sobre los transportistas- no solo ha dado la razón a los demandantes, sino que ha elevado las expectativas. En un fallo pionero del Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Murcia fechado el pasado 15 de octubre, la jueza estima parcialmente la reclamación de la parte demandante -una sociedad propietaria de camiones- e impone a uno de los grandes fabricantes (Volvo) una multa de 128.756 euros por cinco vehículos.

El fallo, que tiene defensores y detractores en el mundo jurídico y es recurrible, con seguridad animará a miles de transportistas españoles, los cuales se sumarán a las demandas ya existentes, cerca de 100.000 repartidos entre España y Alemania. La sentencia se ha producido en España, ha sido interpuesta por el gabinete Perito Judicial Group y establece una devolución de casi 26.000 euros por camión. (25.751 euros por cada uno, cifra a la que se sumarán los intereses legales). Muchísimo más de lo previsto.

Las estimaciones de los bufetes de expertos se hallaban muy por debajo de esos 26.000 euros. Concretamente, según CCS abogados -el despacho de la Confederación Española de Transporte y Mercancías (CETM) que aglutina a más de 31.000 empresas del sector del transporte en España- se esperaba recuperar una media del 16,35% "por el coste de cada camión". El fallo de un juzgado murciano eleva el porcentaje al 20,7% de media, si bien la jurisprudencia de momento es bastante escasa.

Los seis grandes fabricantes podrían tener que devolver hasta 2.600 millones de euros en indemnizaciones

Esto arroja unas expectativas sin precedentes para el sector del transporte, que encara últimamente problemas para encontrar conductores. Se calcula que en España hay unos 200.000 camiones afectados por sobreprecios y que la mitad ha interpuesto algún tipo de reclamación. Si el retorno sube al 20% de lo pagado, los seis grandes fabricantes, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Volvo-Renault y DAF, podrían tener que devolver hasta 2.600 millones de euros en indemnizaciones sin sumar intereses de demora frente a los 1.200 millones considerados previamente.

La sentencia estipula que en este caso en concreto la empresa llegó a abonar un sobreprecio del 27,5% sobre el coste original de cada uno de los cinco vehículos por las estafas anticompetitivas.

La magistrada de lo Mercantil toma esta decisión "después de unas minuciosas y exhaustivas explicaciones sobre la información disponible en relación a la cuestión, y sobre los distintos métodos para calcular el sobrecoste provocado por el cártel de camiones". En total, el comprador abonó un total de 495.680 euros por las cinco cabezas tractoras hace seis años. Antes, este mismo juzgado había rechazado otras denuncias por defectos de forma. Esta vez ha sentenciado a favor de los transportistas.

La primera vez que se alertó del conflicto del cártel fue en 2017, cuando la Comisión Europea denunció en público que las seis firmas multinacionales habían practicado un fraude conjunto consistente en inflar el precio de venta de los camiones. La investigación de Bruselas empezó en 2011. El Ejecutivo comunitario sancionó a los seis gigantes de la fabricación con 2.930 millones de euros de multa -el mayor castigo impuesto hasta la fecha- e instó asimismo a los particulares a reclamar las cantidades correspondientes. La multa de la Comisión que preside Jean-Claude Juncker se sitúa muy cerca de las nuevas estimaciones de 2.600 millones que se podrían obtener por la vía judicial.

"Siendo el informe pericial el requisito indispensable de nuestra victoria", dicen en Perito Judicial Group, "ya no se trata de ir a juicio para demostrar la existencia del cártel, que es un hecho reconocido por los fabricantes de camiones al aceptar la multa, sino de calcular el perjuicio causado a los compradores".

El fallo de un tribunal de Murcia ha tenido una recepción dispar. Uno de los expertos más satisfechos con la resolución es Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y socio director de CCS abogados: "Celebramos, como no podía ser de otra manera, la reciente sentencia", relata Caamaño. "El fallo tiene una especial trascendencia, habida cuenta que es el primero dictado en España que se pronuncia sobre el fondo del asunto, y estima las pretensiones del transportista demandante". Para este abogado, "hay que destacar que guarda coherencia con un parámetro sentado por la sentencia dictada por el tribunal de Hannover en Alemania el pasado 10 de octubre, la cual estableció que un sobrecoste medio del 15% en el cártel de los camiones no es 'desproporcionado'".

Las únicas sentencias conocidas hasta ahora se habían dictado por la vía alemana, donde también se ha dado la razón a los transportistas

Hay especialistas que tienen más dudas. Según un despacho consultado que pide anonimato, "al fabricante no se le permite ni hacer alegaciones respecto a los hechos de la demanda ni tampoco proponer pruebas; con lo cual", explica esta persona, "aun cuando deja de estar en rebeldía, no se le permite procesalmente defenderse sobre el fondo del asunto".

Otro punto polémico de la sentencia es la venta: la empresa transportista adquiere los cinco vehículos en 2012, pero el cártel se produce entre 1997 y 2011. Sin embargo, son varios los abogados y despachos que defienden que ese sobreprecio siguió después del cártel. "A priori", explica otro letrado, "no existe ningún impedimento legal para poder reclamar camiones adquiridos en el año 2012. La dificultad está en el efecto probatorio de acreditar que dicho año esté incluido dentro del período afectado por el cártel, el cual la Comisión Europea fija entre el 19 de enero de 1997 y el 10 de enero de 2011".

Hasta ahora, las únicas sentencias conocidas se habían dictado por la vía alemana, donde también se ha dado la razón a los transportistas. En el caso español, sin embargo, existe otra sentencia del mismo juzgado murciano que contradice a la anteriormente citada. El fallo en contra, registrado en fecha posterior (en concreto el 27 de septiembre de este mismo año), se produce, según apuntan desde Perito Judicial Group, por no presentar el informe pericial requerido correctamente en tiempo y en forma y no por dar la razón a los demandados.

El cártel, que pactó sobrecostes en la venta de vehículos de seis o más toneladas estuvo activo, durante 14 años. Además de la estafa, se acusó a los fabricantes de eludir los costes correspondientes a adaptar los vehículos exportados a la normativa medioambiental.