El Gobierno aprueba una oleada de medidas para pagar las pensiones tras ligarlas al IPC

El último Consejo de Ministros del año culminará un año que, en lo económico, pasará a la historia por ser aquel en el que los pensionistas se echaron a la calle para defender su poder adquisitivo mientras Bruselas reclamaba a España mayor contención en el gasto en pensiones para completar la senda de consolidación presupuestaria.

También el ejercicio en el que, como respuesta a esta estampa de mayores pancarta en mano a las puertas del Congreso de los Diputados, el Gobierno del PP se rindió a las presiones y acabó por desterrar una reforma de las pensiones de 2013 que, junto a la laboral, había sido de las más laureadas en Bruselas como antídoto contra el envejecimiento cabalgante en toda Europa y principal amenaza de las cuentas públicas en las próximas décadas.

Y todo ello porque el Gobierno, ahora del PSOE, ha abrazado ese cambio de rumbo que instigó desde la oposición y prevé aprobar 'macrodecreto'-Ley de medidas en el orden social que, en lo medular, supone el remate y un portazo definitivo a esa reforma de las pensiones, en tanto que llama a ligar las pensiones con el IPC de forma "indefinida", no solo hasta 2019, como hasta ahora había quedado descrito en los Presupuestos de 2018.

Por ello, el resto del borrador de Real-Decreto Ley al que ha tenido acceso este periódico, supone en gran parte un compendio de medidas que, al tiempo que tratan de aplicar cierta justicia laboral, son vías de entrada de ingresos en el sistema de la Seguridad Social, que ahora tendrá que soportar una presión financiera aún mayor este año, en que apenas ha empezado a reconducir un déficit que ronda los 19.000 millones de euros.

Ya en sus primeras líneas, el borrador normativo que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros de este viernes, considera una cuestión "urgente y prioritaria" subir las pensiones este año con el IPC medio, para lo que anticipa una paga antes del 1 de abril del próximo año para compensar la desviación de la inflación media entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018, que se sitúa en el 1,7%, una décima por encima de la subida del 1,6% consignada para las pensiones en los Presupuestos en vigor.

Acto seguido, el Gobierno introduce una modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social "con la finalidad de que la fórmula de revalorización utilizada sea la que se aplique indefinidamente, y no solo para 2019, recuperando en la nueva redacción, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluis las del Régimen Especial de las Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013".

En el articulado del Real Decreto-Ley queda claro que el Gobierno excluye de esta modificación las pensiones no contributivas, cuya subida seguirá ligada a las condiciones económicas de cada momento. No obstante, parece que de esta forma ya se prepara el terreno para un trasvase de estas pensiones del sistema de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, para seguir culminando la separación de fuentes de financiación y la limpieza del sistema de los costes que no le son propios.

¿Cómo se paga la vuelta al IPC?

Hasta aquí, los cálculos más someros apuntan a que la subida de las pensiones con el IPC costará al Gobierno cerca de 3.000 millones de euros en 2018. De un lado, la subida hasta el 1,6% tenía un coste estimado de hasta 1.500 millones de euros, a los que sumar 128,6 millones de euros por la décima de ajuste. Y todo ello sin tener en cuenta la subida aplicada a las pensiones de viudedad, que será del 15% entre 2018 y 2019.

Sin embargo, el gran gasto vendrá de la mano de un efecto bola de nieve. Y es que, toda la subida de las pensiones hasta alcanzar el IPC se consolidará año tras año en las nóminas de los pensionistas, con lo que se producirá una progresiva acumulación. Tanto es así que, el servicio de estudios de BBVA estima que solo la subida prevista originalmente en 2018 y 2019 supondrá un gasto de 40.000 millones de euros a lo largo de la próxima década.

Otros incrementos del gasto

Por otro lado, el Gobierno incluye en el texto normativo una subida de las cotizaciones sociales de los autónomos en un 1,25%, que tendrá eso sí como contrapartida una mejora sustancial de las condiciones de protección de estos trabajadores, como un periodo de cobro por cese de actividad que se duplica de los dos a los cuatro meses como mínimo y de 12 a 24 meses como máximo, o una exención de las cuotas sociales por todas las contingencias a partir del día 61 de baja por incapacidad temporal.

Sin embargo, estas cuestiones habrán de volver a revisarse en la primera mitad de 2019 cuando se negocie el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos para acompasarlas a los ingresos reales de estos trabajadores precisamente para tratar de rellenar un agujero presupuestario que se achaca al Régimen Especial del Trabajo Autónomos (RETA) de más de 7.000 millones.

Además, el Gobierno recupera a través de esta norma la financiación de las cuotas de los cuidadores no profesionales de personas dependientes con cargo al Presupuesto de la Administración Central. Y, aunque no se encuadra en el Real Decreto-Ley en cuestión, el Gobierno también ya ha dado otros pasos que engordarán la factura de la Seguridad Social, como por ejemplo el impulso de la figura de la jubilación parcial con contrato de relevo, que tendrá un coste de 222 millones de euros anuales hasta 2026.

Consciente del gasto que todo ello supondrá, el Gobierno asume la "extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas tendentes a incrementar el nivel de ingresos del sistema al objeto de soportar el incremento de gasto que ello supone", a falta de unos nuevos Presupuestos para 2019 y de la pendiente tramitación de nuevos impuestos como la tasa sobre ciertos servicios digitales ('Tasa Google') y sobre las transacciones financieras ('Tasa Tobin').

En este sentido, el Gobierno, con vistas de mayor permanencia, consuma en el Real Decreto-Ley una subida del 7% de las bases máximas de cotización tras una subida del 22,3% de las mínimas, que están vinculadas al incremento en igual cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales. Precisamente, la subida del 1,25% para los autónomos perseguía amortiguar el impacto del SMI sobre sus cuotas, en tanto que alrededor del 85% del colectivo cotiza en estos momentos por la base mínima.

Otras medidas están llamadas a tener un impacto también positivo para la Seguridad Social, aunque priorizando su carácter más laboral. Por ejemplo, el borrador incluye un incremento del 36% al 40% de la sobrecotización a la que se obliga a las empresas que realizan contratos de cinco días, como efecto disuasorio o como incentivo para mejorar la duración de los contratos.

"Este incremento de ingreso justifica también la adopción de esta medida mediante un Real Decreto-Ley, ya que el importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación de medidas urgentes que incrementen la recaudación", insiste el texto en este punto.

Del mismo modo, el Gobierno introduce nuevos mecanismos de lucha contra el uso abusivo de la figura del falso autónomo, aquel que desarrollando labores propias y en condiciones correspondientes a asalariados es contratado bajo la modalidad de empleado por cuenta propia.

En este caso, el Ejecutivo tipifica este fraude en la Ley de Infracciones y Sanciones de la Seguridad Social (LISOS), contemplando multas que alcanzan los 10.000 millones de euros. A ello se suma una suspensión durante el año 2019 la disminución en las cotizaciones sociales que disfrutaban las empresa que disminuían sus niveles de siniestralidad laboral. El Gobierno justifica esta decisión por las "comprobadas distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos" que ello ha provocado.

En otra ofensiva por reportar mayores ingresos a la Seguridad Social, el Gobierno también suprime de forma progresiva el sistema privilegiado de cotización del que gozaba el sistema especial de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, al considerarlo, tras cuarenta años de aplicación, "deficitario" e "injustificado".

"Resultaba necesario actualizarlo desde hace tiempo, pero esa necesidad se convierte ahora en extraordinaria y urgente porque deben compensarse los incrementos de gasto generados por las mejoras introducidas mediante este decreto-ley", se justifica el Gobierno.

Y después de todo, otro préstamo

Y tras estas nuevas vías de ingresos, el Gobierno asume la necesidad de autorizar un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma. La cuantía de la misma es de 1.333,9 millones de euros.

¿Por qué este nuevo recurso al crédito? El Gobierno seguirá inflando la cuenta milmillonaria que la Seguridad Social adeuda al Estado por la sencilla razón de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está prácticamente agotado. De cara a 2019 todas las miradas se volverán a dirigir al Pacto de Toledo, porque si 2018 fue el año del debate sobre las pensiones y el IPC todo apunta a que 2019 será el de la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.