Pensionistas, funcionarios o asalariados, nadie perderá poder de compra este año

Tres son los grandes colectivos rentistas en España: los pensionistas, los funcionarios y los asalariados. Las subidas o bajadas (atípicas estas últimas) de las retribuciones y prestaciones de todos ellos siguen cauces diferentes, pero tienen un fundamento común y es que su evolución suele estar ligada al ciclo económico. Es decir, que cuando la economía y el empleo crecen, los rentistas se ven beneficiados con mayores ingresos y viceversa.

Sin embargo, mientras que la economía española no ha dejado de crecer desde 2014, lo cierto que es las rentas no han ido al compás por la necesidad de compensar los destrozos que ha dejado a su paso la crisis en las cuentas públicas y en los balances de las empresas.

Es por eso que, se ha producido un escenario de contención de salarios y pensiones, que no supuso una pérdida de poder adquisitivo (crecimiento de rentas inferior a la subida de precios) en años como el 2015 o 2016 porque se sucedieron fases de inflación negativa motivada sobre todo por los bajos precios energéticos, pero que en 2017 sí produjo una merma generalizada de la capacidad de compra.

¿Qué ha ocurrido en 2018? Este año la situación parece volver a su cauce puesto que, pese a que la inflación se ha consolidado en terreno positivo, ha habido un viraje en términos de rentas por la voluntad de los gobiernos --del PP primero y del PSOE después-- de comenzar a trasvasar la recuperación económica al bolsillo de los españoles. Dicho de otro modo, parece que la recuperación empieza por fin a notarse en el poder adquisitivo de los hogares.

De una forma u otra, las cuentas han salido con escrupulosa exactitud. El IPC ha registrado un avance del 1,7% en términos promedio, la misma cifra en la que se sitúan las subidas de las pensiones, y los sueldos públicos y los pactados por las empresas y los trabajadores en el marco de la negociación colectiva.

Las pensiones, de la mano de los precios

El año comenzaba con una subida de las pensiones del 0,25%, el mínimo que marcaba la reforma de las pensiones de 2013. Dicha norma viene aplicando desde ese año el llamado índice de revalorización de las pensiones, una coctelera en la que se mezclan factores como el ciclo económico o el devenir de las cuentas de la Seguridad Social para dilucidar la subida de las pensiones que podía permitirse España.

De resultas, aunque la economía crece desde 2014, la necesidad de enderezar el déficit del sistema obligó (siempre de acuerdo con esa fórmula) a no subir las pensiones más allá del 0,25% para no sobrecargar el gasto en prestaciones.

Sin embargo, fruto de las negociaciones del Presupuesto de 2019 durante los últimos meses de mandato del PP, Ciudadanos arrancó una primera subida para el próximo año para las pensiones más bajas, que después se vio ampliamente superada por el botín obtenido por el PNV: todas las pensiones subirían "en línea con el IPC", hasta un 1,6% en 2018 y 2019.

Sumando ambos avances, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a subir las pensiones más bajas y las no contributivas un 3%, las de viudedad casi un 15% en dos años y todas en general un 1,6%. Sin embargo, el IPC se sitúa en el 1,7% de media al término del año.

A la vista de esta desviación, el Gobierno ahora de Pedro Sánchez se ha comprometido a desembolsar una paga compensatoria para que los pensionistas no pierdan esa décima de poder adquisitivo. Lo hará tomando como referencia la tasa media anual del IPC entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018.

¿Cómo se produce el trasvase de rentas para que la recuperación llegue a los bolsillos de los pensionistas? La realidad es que el coste extra de esta subida se cubrirá, como en los dos últimos años, mediante una transferencia desde Presupuestos, es decir desde la caja común de los impuestos (de todo tipo de rentas del trabajo y de las empresas) a la Seguridad Social, puesto que el incremento de los ingresos por cotizaciones sociales a un ritmo que ronda el 6% será insuficiente.

En total, estas subidas supondrán un gasto extra de unos 1.755 millones de euros --1.500 millones de euros por la subida del 1,6% y 244 millones por la compensación por la desviación del IPC--.

Si bien, los ingresos tributarios se encuentran cerca de sus niveles máximos con una importante remontada de la recaudación por el IRPF (procedente de en parte de la mejora del empleo y los salarios), del IVA y, en menor medida, del Impuesto sobre Sociedades.

Para el año que viene, el Gobierno incluso prevé que los pensionistas ganen poder adquisitivo. La subida prevista es del 1,6%, entre cuatro y seis décimas por encima de la previsión de inflación avanzada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sumado esto a la subida adicional del 3% para las pensiones mínimas y del 7% para las de viudedad, el Gobierno espera gastar 2.600 millones de euros más debido a estas revalorizaciones en 2019.

Los funcionarios recuperan sus salarios

Algo similar ha ocurrido con los funcionarios, quienes ha visto cómo la negociación de los Presupuestos para 2019 les ha sido propicia. El Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro a la cabeza del Ministerio de Hacienda dejó firmado un acuerdo con los sindicatos de la función pública para subir sus salarios alrededor de un 8% en tres años dentro de las sucesivas cuentas anuales, junto a otros avances en sus condiciones laborales.

Pues bien, para el año en curso la subida prevista es del 1,75%, ligeramente por encima del IPC previsto del 1,7%. De un lado, es cierto que la subida salarial no será tal en la práctica, puesto que este incremento se compone de una parte lineal del 1,5%, que los funcionarios han venido cobrando de forma íntegra desde el 1 de enero, y de otro 0,25% variable que solo se ha abonado desde julio.

No obstante, se trata, sobre el papel, de una subida sustancialmente superior a los incrementos del 1% de 2016 y 2017, tras años de congelación salarial. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha avisado de que para el año que viene se prevé una subida salarial para el colectivo del 2,25%, a la que se podrá agregar otro 0,25% ligada a la evolución del PIB. Una cifra muy superior a la previsión de IPC previsto para el próximo año, que según el panel de analistas de Funcas se sitúa en el 1,3%.

Como en el caso de las pensiones, la correa de transmisión de la recuperación a las rentas salariales son los Presupuestos y, de ese modo, los ingresos tributarios.

Tanto es así que desde Bruselas y otros organismos internacionales se ha recriminado a España que, antes de intensificar el avance en la consolidación presupuestaria, se haya optado por trasladar los crecientes ingresos impositivos a las renta de los trabajadores públicos y los pensionistas.

Los salarios crecen por fin

En la misma línea, las empresas empiezan a destensar la cuerda en las negociaciones a pie de convenio y es quizás este ámbito el que mejor esté reflejando la consolidación de la recuperación. Con datos del mes de noviembre, la subida salarial media pactada alcanzó el 1,70%, de nuevo un dato que se ajusta como un guante a la subida de los precios en 2018 y que evita nuevas pérdidas de poder adquisitivo.

Además, patronal y sindicatos cerraron este año el IV Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que se recogía una subida salarial de un 2% más un 1% variable, ligado a la productividad, para los próximos años hasta 2020. El acuerdo incluía también un compromiso para avanzar en ese periodo hacia un salario mínimo por convenio de 1.000 euros al mes.

Finalmente, la subida salarial media se ha quedado en el 1,7%, suficiente para no perder poder adquisitivo. De esta forma, la mejora de la actividad económica estaría permitiendo mayor gasto en costes laborales por parte de las empresas y la mejora de los salarios un importante incremento de la recaudación por IRPF.

Además, la subida del suelo salarial se ha visto ampliamente superada con la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas.

En resumen, la recuperación económica ya está permitiendo salir del escenario de moderación salarial que ha permitido a las empresas capear los peores años de la crisis dotándoles de más capacidad para competir en los mercados, fundamentalmente, lo que está dando lugar a mejores salarios.

En consecuencia, esta mejora también se está trasladando a mayores ingresos impositivos por IRPF e IVA, lo que ha llevado a los Gobiernos a abordar mayores subidas en los salarios públicos y las pensiones.

La incógnita ahora es cuál será el impacto que tendrán sobre el empleo y los salarios las subidas de impuestos ('Tasa Google' o 'Tasa Tobin') y cuotas sociales que previsiblemente se aplicarán a partir del próximo año precisamente para obtener más recursos con los que pagar las pensiones.