El Ayuntamiento de Madrid quiere poner freno a la expansión del alquiler turístico en la capital. Un boom de viviendas destinadas al uso turístico al calor del auge de plataformas como Airbnb o HomeAway y que el consistorio interpreta que está provocando, singularmente en el centro de la ciudad, un encarecimiento del alquiler residencial, una turistificación de ciertas zonas y la expulsión de parte de la población residente.
El equipo de gobierno de Manuela Carmena aprobó el pasado verano un paquete de nuevas restricciones. Un plan con el que el consistorio provocará una “ilegalización masiva” de pisos turísticos en la capital –según lo definió el propio delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo-, dejando fuera del mercado de alquiler vacacional el 95% de la oferta actual.
Pero esas medidas aún no se están aplicando porque han de ser refrendadas por el Pleno del Ayuntamiento. Estaba previsto inicialmente que el plan de choque contra los pisos turísticos pasara por el Pleno el pasado diciembre. No sucedió y aún sigue sin fecha su aprobación definitiva por parte de los grupos municipales. Fuentes políticas dan por hecho que será en enero, pero desde el Ayuntamiento oficialmente se limitan a señalar que no está agendado de momento.
Mientras se aprueba ese plan y se consuma esa pretendida “ilegalización masiva”, el gigante del alquiler turístico Airbnb sigue creciendo en Madrid. La mayor plataforma del sector, que concentra cerca del 80% del negocio, sigue marcando récords históricos de oferta de alojamientos turísticos mes a mes.
Airbnb contaba el pasado noviembre con casi 18.400 anuncios de alojamientos de Madrid en su plataforma online, un millar más que en el mismo mes del año anterior, según los últimos datos disponibles en Airdna (una web que analiza la oferta de Airbnb en ciudades de todo el mundo). La tendencia se repite cada mes, con incrementos en la oferta de alojamientos turísticos en relación a un año antes, y se ha mantenido desde que el Ayuntamiento desvelara el pasado julio el contenido de su plan para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico.
Según subrayan fuentes de la propia Airbnb (y la propia web Airdna advierte a sus usuarios para analizar sus datos), en los anuncios de la plataforma online no sólo se incluyen viviendas, también por ejemplo una creciente oferta de hoteles boutique. Airbnb no precisa cómo se reparten en su oferta los diferentes tipos de alojamientos, pero sí que apunta que los “datos de terceros y no oficiales” puedan dar una “imagen distorsionada” de la comunidad de Airbnb y a menudo recogen “información imprecisa y llevan a conclusiones erróneas”.
El ‘plan Carmena’ contra el boom del alquiler turístico
Aunque las competencias de regulación turística corresponden a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital pretende hacer uso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poner orden en el uso que se da a los edificios, y la herramienta que se utilizará será el denominado Plan Especial de Implantación de Uso de Hospedaje.
El Ayuntamiento comandado por Manuela Carmena dividirá Madrid en cuatro zonas a las que aplicará diferentes niveles de restricciones en función “del grado de saturación” por la afluencia de turistas. El objetivo es impedir nuevos cambios de uso en los edificios de residencial a hospedaje (tanto de alquiler como de hotel) en las zonas que se consideran saturadas, especialmente en el distrito centro y en el resto del centro histórico.
Entre los requisitos que se pretende hacer cumplir a los pisos turísticos estará el del que cuenten con un acceso independiente al que utilizan el resto de vecinos, con un acceso propio desde la calle, lo que servirá para prohibir cerca del 95% de todos los pisos turísticos actuales del centro, según el propio Ayuntamiento. No obstante, esta exigencia de contar con una entrada independiente ya figura en la normativa vigente y no se ha cumplido.
El planteamiento del Ayuntamiento de Madrid es permitir que los particulares puedan seguir alquilando sus viviendas, siempre que sea primera residencia y que se haga por un plazo máximo de 90 días al año. Una vez que se sobrepase ese límite, será necesario que contar con una licencia como alojamiento turístico. Sin ella, la actividad de alquiler turístico sería ilegal.
Con esta medida, el consistorio pretende poner coto a la actividad de los gestores profesionales de carteras de viviendas para el alquiler turístico y frenar su expansión en el distrito centro y en el resto del centro histórico. La obtención de licencia en estas dos zonas será prácticamente imposible con la nueva normativa, así que en la práctica el Ayuntamiento de Madrid promoverá la ilegalización de miles de pisos turísticos profesionales ubicados en el centro.
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