El entuerto viene de lejos. La Comisión Europea inició la investigación en 2013, pero no fue hasta septiembre de 2016 cuando Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz.
La Comisión amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Ejecutivo de Mariano Rajoy insistía en arrogarse la potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y del gas natural y no cedía esa competencia a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la normativa comunitaria.
La Comisión Europea dio entonces al Gobierno dos meses para dejar de controlar directamente esa parte de la factura de luz. Más de dos años después, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la devolución de esas funciones.
Competencias de vuelta
La CNMC ya fijará los peajes de electricidad y gas de 2020, que incluyen los costes de las redes de transporte y distribución de luz y de gas natural (en torno a 7.000 millones al año en el caso del sistema eléctrico). Mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, se encargará de establecer los cargos del sistema, que contemplan las ayudas a renovables, el pago de la deuda los costes extrapeninsulares… (unos 12.000 millones anuales de la factura eléctrica).
Además de los peajes y cánones, el nuevo reparto de funciones asigna a la CNMC la fijación de las retribuciones que cobrarán REE y las grandes energéticas por las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad. Y también se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.
Igualmente serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.
Bajo la batuta de la política del Gobierno
En el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno subraya que la CNMC deberá fijar esos peajes de luz y gas teniendo “en consideración” sus orientaciones de política energética. Pero el supervisor no está obligado a atenderlas. La CNMC tendrá independencia para fijar los peajes incluso discrepando del criterio del Ejecutivo.
Para dirimir posibles enfrentamientos se crea una Comisión de Cooperación en la que ambas partes tendrán una representación paritaria (tres miembros cada una) a modo de organismo de conciliación. Si sigue sin haber acuerdo, el Gobierno tendrá que recurrir a los tribunales para defender su potestad constitucional de fijar la política energética nacional.
Dos años después…
El Gobierno sortea así in extremis la amenaza de denuncia de la Comisión Europea y, en principio, también consigue acabar con los recursos que la propia CNMC había presentado ante el Tribunal Supremo.
El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, había dado de plazo a Madrid hasta final de 2018 para aprobar la normativa para devolver las competencias a la CNMC, pero ha acabado abriendo la mano y dando unas semanas más de plazo.
Durante estos dos años transcurridos desde la apertura formal del expediente, Cañete se había manifestado en varias ocasiones en contra de denunciar a España, porque –según su criterio entonces- esas denuncias deben limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante” y que era mejor negociar. Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno –“a los dos días de haber tomado posesión” como ministra, según ha relatado la propia Teresa Ribera- se impusieron las prisas y Cañete volvió a poner la amenaza de denuncia sobre la mesa.
La resistencia del ministro Nadal
A pesar del expediente abierto, el anterior Ministerio de Energía comandado por Álvaro Nadal no traspasó esas funciones a la CNMC como exigía Bruselas, y siguió defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental e incluso aprovechó un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia.
Nadal sí remitió varias propuestas a Bruselas con el objetivo de apagar el conflicto. La última oferta contemplaba un nuevo modelo con el que cedía a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con el Gobierno guardándose la última palabra y marcara los objetivos. El anterior el Ejecutivo no llegó a mandar una propuesta definitiva que fuera aceptada por Bruselas.
La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Gobierno ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda una legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.
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