El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, en el que se incluye una previsión de ingresos tributarios récord de 227.556 millones de euros --antes de la cesión a otras administraciones territoriales--, unos 20.o00 millones más que la liquidación prevista en 2018 y que el Gobierno quiere revertir en las clases medias y bajas para redistribuir los frutos de la recuperación.
Sumando a esta partida los ingresos no tributarios y descontadas las cesiones a los entes territoriales, el Gobierno prevé contar para el próximo año con 154.675 millones de euros, más de un 9% más de ingresos, que supera el aumento previsto en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre.
Estas cifras se sustentan en una buena marcha de la economía y a la batería de subidas de impuestos y cotizaciones sociales de las que el Ejecutivo ha ido dando cuenta en los últimos meses, incluida la subida de las bases máximas de cotización a última hora.
Esto y una subida menos ambiciosa de ciertas partidas de inversión, permitirán al Gobierno, al menos sobre el papel, cuadrar un mayor incremento del gasto, del 3,1% al 5,1%, para cumplir con el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos y plegarse a la senda de déficit del 1,3% al que le han condenado Ciudadanos y PP.
No obstante, no todos los agentes económicos pagarán por igual para lograr tales cifras de recaudación. Las cuentas del Gobierno prevén un incremento de la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades del 14,1% respecto a la liquidación prevista para 2018, hasta, hasta superar los 27.500 millones de euros. La cifra también es llamativa si la comparación se realiza sobre las cifras recogidas en el Presupuesto anterior. En ese caso, el incremento alcanza el 14,1%.
Es el resultado de las subidas tributarias dirigidas a las grandes empresas, como la reducción del 100% al 95% de la exención sobre los dividendos y las plusvalías; la fijación de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos; y todo ello frente a una bajada del tipo aplicable a pymes que facturan menos de un millón al 23%.
Este empuje recaudatorio se completa con la previsión de otros aumentos de los ingresos del lado del IRPF, por las medidas de aumento de rentas previstas (subida de las pensiones o de los sueldos públicos), del IVA por la consecuente mejora del consumo, o de los impuestos especiales.
Así, el Gobierno espera un incremento de la recaudación por IRPF del 5,4% sobre lo liquidado, hasta los 86.454 millones, y del 9,4% en el caso del IVA.
Más gastos social por las pensiones
Dado el escenario de bonanza recaudatoria, el Gobierno se ve capaz de poder llevar a cabo parte de su agenda social y, según aseguran desde el Ejecutivo, poder redistribuir la riqueza entre las clases medias y bajas y reforzar el Estado del bienestar.
Concretamente, el Gobierno se prepara para incrementar el gasto del Estado un 5,1%, y hacerlo dedicando un 6,3% más en el capítulo de transferencias corrientes o un 3,9% superior en el gasto en personal público.
No obstante, el 57,3% de este gasto será social --12.600 millones más-- debido a que la mayor partida, la de las pensiones alcanzará cifras récord, con una subida del 6,2% hasta casi los 154.000 millones. De ese modo, el 42,1% de los Presupuestos se lo comerán los pensionistas.
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Asimismo, el Gobierno prevé incrementar un 59,3% el gasto en dependencia, 321 millones para combatir la pobreza, 220 millones contra la violencia de género o un incremento de los recursos para cultura del 9,7%.
En cambio, el gasto en infraestructuras seguirá limitado a un 2,1% de las disposiciones totales, pese a que se prevé una subida del 39,9%.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también se verán beneficiados, en principio, por los Presupuestos. El Ejecutivo contempla un incremento de sus aportaciones a estos entes de casi 8.000 millones de euros, de los unos 6.500 irán a parar a las primeras, un 6,2% más.
Según ha señalado en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos Presupuestos "marcan un punto de inflexión claro en la política presupuestaria de los últimos años" y hacen compatible el aumento del gasto, la redistribución de la riqueza y la disciplina fiscal.
Montero llevará el próximo lunes al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, las primeras cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, que previsiblemente se enfrentarán a su primera votación el día 13 de febrero.
Así, según prevén en la Cámara Baja, la ministra llegará a las 10.00 horas al Patio de Floridablanca, acompañada de sus secretarias de Estado, para hacer entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, en el Salón de Pasos Perdidos.
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