A quién (y cómo) afectan las subidas de impuestos de los Presupuestos

La casa por la ventana. El Gobierno ha presentado este martes un anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2019 con el mayor incremento del gasto desde la era Zapatero, sustentado en una cifra récord de ingresos tributarios.

Sin embargo, no será una fiesta para todos; básicamente el Gobierno aplicará medidas tributarias para obtener 5.654 millones de euros extra fundamentalmente de empresas y rentas altas, dado que una economía en desaceleración no puede por sí sola aumentar al ritmo previsto la recaudación, para repartir los frutos fundamentalmente entre la clase media, los jóvenes y los colectivos más desfavorecidos.

Así es que las cuentas de 2019 traen un amplio abanico de paganos y beneficiarios de la vocación redistributiva del Gobierno.

¿Qué está en juego? 

Las grandes cifras reflejan a la perfección el espíritu del acuerdo 'Robin Hood' firmado por el Gobierno con Unidos Podemos hace meses. El Gobierno cuenta con obtener un total de 154.675 millones de ingresos no financieros (después de la cesión a los territorios), un 9,2% más respecto a la liquidación de 2018. En el trasfondo, el Gobierno espera recaudar 227.356 millones en impuestos, un 9,5% sobre el año anterior.

Con el compromiso de reducir el déficit del 2,7% del PIB al 1,3% --al menos teóricamente, porque Hacienda no renuncia a poder elevar este objetivo al 1,8%--, el Gobierno ve posible con estos ingresos elevar el gasto por encima de los 345.300 millones de euros, un 5,3% más, con un aumento de 12.600 millones del gasto social, que supera los 200.000 millones y supone más del 57% del gasto total.

Pagan las empresas: El grueso de la subida de impuestos recaerá sobre las grandes empresas y los contribuyentes de IRPF que más tienen. Hacienda aspira a recaudar 1.776 millones de euros a partir de la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (del 18% en el caso de la banca y las empresas de hidrocarburos) y de la reducción en un 5% de la exención de dividendos. Algo más de 10.000 empresas cargarán con esta factura.

Además, el Gobierno espera recaudar otros 850 millones de euros con el Impuesto de Transacciones Financieras ('Tasa Tobin'), y 1.200 millones más por el que gravará determinados servicios digitales ('Tasa Google'). Si bien estos dos tributos estarán listos cuando se tramiten sus respectivos proyectos de Ley, con lo que no se espera que empiecen a ofrecer ingresos extra hasta al menos mediados de año.

Con todo ello, Hacienda estima que la recaudación por el Impuesto de Sociedades se disparará un 14,1% este año respecto a los ingresos efectivos de 2018, hasta los 27.579 millones de euros.

Y las rentas altas: Sin embargo, el impuesto más importante a efectos de recaudación seguirá siendo el IRPF, cuyos ingresos aumentarán un 4,9%, hasta los 82.420 millones de euros, básicamente por el incremento de rentas aplicado (pensiones, sueldos públicos, etc.), y en menor medida por una serie de subidas selectivas en el impuesto.

Concretamente, el Presupuesto prevé obtener 328 millones adicionales de un total de 80.000 contribuyentes por la subida de dos puntos del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos para las que superan los 300.000 euros anuales. Además, se aplicará un aumento de cuatro puntos a las rentas del ahorro a partir de 140.000 euros, lo que aportará 332 millones de euros más en 2020.

Por último, el Gobierno ha decidido suprimir el carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio y aplicar una subida para las grandes fortunas (2.500 contribuyentes), para obtener 2.500 millones más.

También pagarán las rentas medias

La subida del diésel: El Gobierno aprovecha también los Presupuestos de 2019 para empezar a subir progresivamente el impuesto que soporta el diésel con el objetivo de acabar igualándolo con el de la gasolina. Hacienda ha decidido elevar el tributo del gasóleo en 3,8 céntimos por cada litro, hasta los 34,5 céntimos por litro. Aún quedaría margen para seguir aplicando subidas hasta igualar las tasas de gasóleo y de la gasolina, que hoy es de 40 céntimos por cada litro.

El Estado ingresará con la medida, según la previsión de Hacienda, 670 millones de euros este año. La estimación de la propia ministra Montero es que el coste para el bolsillo del conductor medio –que recorre 15.000 kilómetros al año con su vehículo- será de sólo 3,3 euros al mes.

La pretensión del Ejecutivo es que la subida sólo afecte a los consumidores particulares, y excluir del impacto de la medida a los profesionales que utilizan el vehículo como medio de trabajo. Sin embargo, en un primer momento sólo se salvarán los conductores de vehículos de más de 7.500 kilos (los que ahora están sujetos al gasóleo profesional), y Hacienda trabaja en fórmulas para extenderlo a otros con vehículos de menor tamaño y que tienen un uso fundamentalmente laboral.

¿Quiénes serán los beneficiados?

En el capítulo del gasto se encuentran los grandes beneficiados de la nueva filosofía presupuestaria del Gobierno. Y no todo son transferencias de rentas, porque dentro del terreno impositivo también hay bajadas de impuestos.

Para las mujeres y los propietarios de mascotas: Entre las novedades fiscales, el Gobierno ha dispuesto una rebaja del IVA que soportan los productos de higiene femenina del 10% al 4%, lo que inyectará 18 millones de euros a los hogares; y del 21% al 10% en los servicios veterinarios, con un ahorro estimado de 35 millones de euros. Además, bajará el IVA de libros, periódicos y revistas electrónicos del 21% al 4% (24 millones).

También las pymes: Por otro lado, aunque el Gobierno sustentará gran parte del repunte de los ingresos tributarios sobre las empresas, también prevé un alivio fiscal para las pymes, a las que destina una rebaja del tipo en Sociedades del 25% al 23%, lo que arrojará un ahorro de 260 euros para unas 390.000 de estas sociedades.

Pensionistas y funcionarios

Hechos los cálculos de ingresos entre subidas y bajadas, el saldo que prevé disponer Hacienda se destinará fundamentalmente a pagar pensiones, personal y protección social, así como a mejorar la situación de colectivos como víctimas de violencia de género y personas dependientes.

Pensionistas: Las partidas destinadas al pago de pensiones serán las que parte del presupuesto se comerán, con 153.864 millones de euros más, un 6,2% más. Estas cantidades sufragarán un incremento de las pensiones de al menos el 1,6% --si el IPC medio del año acaba siendo superior habrá una paga compensatoria-- y del 3% adicional para las prestaciones mínimas y las no contributivas. De esta forma, hasta 9,5 millones de pensionistas verán mejorada su nómina este año.

Además, los Presupuestos recogen un incremento de las pensiones de viudedad del 7%, al elevar la base reguladora del 56% al 60%.

Funcionarios: Para los empleados públicos, los Presupuestos contemplan una subida general de los salarios del 2,25%, más un complemento variable del 0,25% en función del crecimiento del PIB. Además, se dará continuidad a la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil.

Mejoras para los jóvenes

Plan de choque: Además de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, que también tendrá que afrontar el Estado en sus plantillas, el Gobierno usará los recursos disponibles para dedicar 670 millones de euros al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que contempla un total de 2.000 millones de euros en este periodo.

Alquiler de viviendas: Otras de las partidas que beneficiarán especialmente a los jóvenes son las que tienen que ver con el alquiler de viviendas. En este caso, las cuentas públicas dotan con 137 millones de euros el impulso de un plan de 20.000 viviendas en el parque público de alquiler a precios asequibles para personas con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que el mercado esté especialmente tensionado.

Más becas y más ayudas al estudiante: Las cuentas públicas contemplan una dotación de 1.780 millones para el programa de ayudas ligadas a la educación, la “más alta de la historia”, tras sumar 205 millones adicionales en relación al pasado año.

En concreto, el proyecto de PGE asigna 1.620 millones para becas, 150 millones más en un año, un 10,2% más; contiene una dotación de 100 millones de euros para libros de texto y material en las etapas educativas obligatorias, el doble que en los PGE de 2018; y se elevan a 25 millones el presupuesto de las ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social.

En paralelo, el Gobierno habilita a las comunidades autónomas a reducir las tasas universitarias hasta niveles anteriores a las subidas de precios registradas en 2012. Los PGE también se han destinado partidas para los Ayuntamientos que "promueven la universalización de las escuelas infantiles entre 0 y 3 años", según ha destacado la ministra de Hacienda.

Todo ello se enmarca en una subida general del presupuesto de educación, hasta los 2.722 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al año pasado hasta alcanzar la mayor cifra de los últimos siete años, aunque sigue estando lejos del récord registrado en inversión educativa de 2010, cuando se destinaron 3.092 millones de euros.

Baja el paro, pero sube el gasto en protección

Aumenta el gasto para desempleados: Otro de los colectivos más beneficiados será el de los desempleados. Porque, aunque el Gobierno espera una reducción del desempleo --la tasa de paro caerá al 14%--, prevé al mismo tiempo aumentar la protección de aquellos que sigan sin tener suerte.

De esta forma, el gasto en desempleo crece un 4%. Se destinarán 18.102 millones a las prestaciones por desempleo, 691 millones más que en 2018, entre otras cosas porque se recuperará el subsidio para los mayores de 52 años, lo que beneficiará según los cálculos del Gobierno a 114.000 personas.

Mejoras en igualdad y violencia de género

Permiso de paternidad de ocho semanas: Una de las principales novedades del Presupuestos tiene que ver con los avances en políticas igualdad. Así, las empresas obtendrán deducciones por elevar a mujeres a sus consejos de administración o se beneficiarán de bonificaciones por reubicar a mujeres en periodo de lactancia. Pero, sobre todo, los grandes beneficiados serán los hogares a través de una ampliación del permiso de paternidad de las cinco a las ocho semanas. Para ello, el Gobierno destinará un total de 825 millones de euros.

Violencia de género: Las cuentas públicas recogen también un incremento de 20 millones, hasta los 220 millones, en el presupuesto para aplicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Combatir la pobreza: Además, para las familias en situación de pobreza, la prestación aumentará desde los 291 uros hasta los 341 euros. En casos de pobreza severa, la prestación por hijo a cargo se eleva hasta los 588 euros, y se incrementan en 25 millones de euros las ayudas para los comedores escolares para familias en riesgo de exclusión social, al tiempo que se duplican las ayudas para material escolar, hasta los 50 millones.

Dotación récord para Dependencia: El Gobierno prevé un gasto para la atención de las personas en situación de dependencia de un total de 2.228 millones de euros, un 59,5% más que el año anterior (831 millones más). Por un lado, el Ejecutivo aumenta un 31,7% el nivel mínimo -el que garantiza la Administración General del Estado a las personas dependientes- hasta los 1.723 millones de euros, para reducir la lista de espera para ser beneficiario. Actualmente el número de personas con derecho a una prestación que continúan sin percibirla ronda los 254.500.

Por otro, el Ejecutivo recupera la financiación por el presupuesto del Estado tanto para el 'nivel convenido' con las comunidades autónomas dotándose 100 millones de euros. En los Presupuestos  también se retoma el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que el Gobierno del PP eliminó, con una partida de 315 millones de euros. Con esta medida pretende beneficiar a 180.000 personas.

Adiós al copago farmacéutico: El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovecha el Presupuesto para eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas con una renta inferior a los 11.200 euros al año, así como a las familias con al menos un hijo a cargo que cobren menos de 9.000 euros anuales.

Según las estimaciones del Gobierno, la medida beneficiará a unos 6,8 millones de españoles y tendrá un impacto presupuestario de 300 millones de euros para las cuentas públicas. Una medida con la que se pretende resolver un "problema sanitario" –según el Ejecutivo-, ya que personas de baja renta renuncian a retirar sus medicinas, lo que agrava las enfermedades y encarece los tratamientos.