El Gobierno sostendrá las pensiones con deuda y subidas de cuotas a los empresarios

El Gobierno, en un ejercicio poco usual, adelantaba el pasado viernes durante el Consejo de Ministros algunas de las cifras de gasto que se incluirían en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de presentar en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas, figuraba un incremento del 6,2% en el gasto en pensiones, derivado tanto del previsible incremento de los beneficiarios y la pensión media inicial, como, sobre todo, por la revalorización de las pensiones del 1,6% y del 3% para las mínimas.

Un viraje después de años de subidas del 0,25% por efecto de la reforma de las pensiones, que ha disparado el gasto en pensiones a los 153.864 millones de euros --solo las pensiones de jubilación se comerán 96.369 millones de euros-- y su peso sobre el Presupuesto al 41%.

Pero no solo eso, el sistema de pensiones hará frente este año a otros gastos adicionales como la extensión de la figura de la jubilación parcial con contrato de relevo, que tendrá un coste de unos 1.800 millones; y la Seguridad Social tendrá que asumir también el coste derivado de la elevación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas este año.

Sin embargo, en los datos adelantados del viernes no figuraba la previsión de avance del empleo, pese a que el Gobierno incidió en que, dado que tendría que ceñirse a un objetivo de déficit del 1,3% del PIB, después de que PP y Ciudadanos impidieran elevarlo al 1,8%, el crecimiento económico se resentiría --básicamente porque habría menos recursos para inversiones-- y se limitaría al 2,2%.

Pues bien, este viernes, el Gobierno ha revelado que el ritmo de avance del empleo pasará este año del 2,5% en 2018 al 1,8% este año, y la tasa de paro se situará en el 14%, dos décimas más que lo previsto originalmente en el Plan Presupuestario remitido en octubre a Bruselas. Esto quiere decir que el Estado dispondría, en principio, de una menor tracción laboral para sostener el creciente gasto en pensiones por la vía de las cotizaciones sociales.

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Pese a todo, el Gobierno sostiene que se trata de previsiones muy prudentes y asegura que las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo prevén la creación de unos 400.000 empleos más en 2019.

En cualquier caso, se trata de unos dígitos inferiores a los más de 560.000 empleos generados en 2018. Por tanto, se trataría de un frenazo que se produce precisamente cuando son más necesarios los ingresos procedentes por cotizaciones sociales. Aunque cabe recordar que ello no depende solo del empleo, sino también de los salarios.

En este contexto, aunque la previsión es que aumenten los salarios este año, la ministra de Economía, Nadia Calviño, advertía la pasada semana que el sometimiento a una senda de déficit más restrictiva había obligado al Gobierno a decantarse por un incremento de las bases máximas de cotización en un 7%, a sumar a la subida de las mínimas derivada del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas.

Los ingresos por cotizaciones suben un 7,5%

De esta forma, lo que hará el Gobierno es compensar un menor crecimiento del empleo a golpe de subida de bases de cotización para ceñir el déficit de la Seguridad Social al 0,9% en lugar del 1,1% inicialmente planteado, lo que ha sido ampliamente criticado por las organizaciones de empresarios. Porque en cifras, el Gobierno espera elevar así los ingresos por cotizaciones sociales un 7,5%, frente al 5,3% del 2018, cuando el gasto creció un 4,9%.

Y esto tampoco será suficiente. Por eso, los Presupuestos también incluyen un préstamos del Tesoro por importe de 15.164 millones de euros, en línea con el crédito dispuesto el pasado año, para pagar las extras de las pensiones, en tanto que el Fondo de Reserva está prácticamente liquidado, pese a lo cual, el Gobierno tiene previsto utilizar el Fondo de Reserva y otros fondos del sistema por importe de 3.693 millones de euros, según consta en el proyecto presupuestario.

Finalmente, el Gobierno ha dispuesto una transferencia adicional de 850 millones de euros desde el Estado a la Seguridad Social para salvar el endurecimiento de la senda de consolidación del sistema de pensiones. Esta dotación se anotará como mayor déficit por parte del Estado.

La urgente reducción del déficit

Lo que subyace del Presupuesto del sistema de Seguridad Social es que la necesidad de reducir el déficit por otras vías que no sean el empleo es acuciante. Más aún porque la liquidación de las cuentas del sistema en 2018 han arrojado una desviación de unos 1.600 millones de euros, de los 17.700 millones de déficit previsto, hasta los 18.937 millones ejecutados y porque, según ha expresado el equipo de Hacienda, la previsión es que la Seguridad Social apenas reduzca esta cifra hasta los 18.650 millones este año pese a las medidas descritas.

La ministra de Hacienda ha explicado que se trata de una agujero provocado por un 'juego' contable realizado por el anterior Gobierno, que tuvieron como efecto una falta de transferencias por parte del Estado a la Seguridad Social.

En cualquier caso, Montero se ha mostrado partidaria de trasladar gastos impropios de la Seguridad Social al Estado, empezando por las pensiones vinculadas al cese temporal del trabajo por nacimiento de hijos, ya sea maternidad o paternidad.

Y es que con la ampliación del permiso de paternidad de las cinco a los ochos meses el coste por esta vía aumentará en 500 millones de euros, hasta los 825 millones. Y el conjunto de este tipo de prestaciones ascenderá a los 2.858 millones de euros, un 11,7%, un mordisco que permitiría reducir el déficit de la seguridad social en casi cuatro décimas del PIB.