Francisco González, hasta finales de diciembre presidente ejecutivo de BBVA y actualmente presidente de honor del grupo, tiene pendiente de cobro de en torno a siete millones de euros de retribución variable diferida hasta 2023, según estimaciones orientativas basadas en el informe anual de remuneraciones del banco y si no se produjese en el futuro ningún evento que pudiera tener un impacto negativo en la entidad.

Las grabaciones publicadas durante los últimos días, en las que se le vincula al espionaje a miles de políticos, financieros, empresarios y demás personalidades, dejan en el aire el cobro de esta cifra, ya que la mayor parte de los contratos de alta dirección incorpora cláusulas que permiten cancelar o limitar la retribución si el ejecutivo compromete la imagen de la entidad o realiza acciones que suponen un coste reputacional.

Según la información desvelada por el El Confidencial y Moncloa.com, las empresas del comisario jubilado llegaron a recoger el contenido de 15.000 llamadas realizadas entre 2004 y 2005. El rastreo masivo obedecía al encargo efectuado por el jefe de los servicios de seguridad de BBVA, Julio Corrochano; y era conocido por el presidente de la entidad, Francisco González.

En este escenario, varios juristas consultados señalan que, según la gravedad de la información que se vaya desvelando, es plausible que el banco inicie acciones legales contra FG -como se conoce a Francisco González en el sector financiero-. También está en el punto de mira el cargo honorífico que actualmente ocupa y del que podría verse forzado a dimitir.

La entidad que preside Carlos Torres Vila ya ha emitido un comunicado en el que asegura que desde junio mantiene una investigación interna y que, en función del resultado, tomará las medidas oportunas e iniciará las acciones legales pertinentes.

“En relación con las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt [propiedad de Villarejo], que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad, BBVA manifiesta que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa”, señala el comunicado del banco, que asegura que tomará “las medidas internas que procedan” si se acreditara la existencia de irregularidades, además de llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

Remuneración de FG

La remuneración total de FG correspondiente a 2017 fue de 5,8 millones de euros, un 18% más que en 2016. La remuneración variable ascendió un 12% respecto a la del ejercicio 2016. El sueldo variable diferido está sujeto a indicadores plurianuales que pueden reducirlo e incluso llevarlo a cero, nunca incrementarlo, así como cláusulas ‘malus’ que podrían limitar o impedir el cobro, y cláusulas ‘clawback’, que podrían recuperar cantidades ya satisfechas.

Según consta en el informe de el informe anual sobre remuneración del equipo de dirección, el 40% de la retribución variable se pagará, de darse las condiciones para ello, en el primer trimestre del ejercicio siguiente al que corresponda (el pago inicial) y el 60% restante se diferirá durante un periodo de cinco años. Está sujeto al cumplimiento de los indicadores de evaluación plurianual (la parte diferida), procediéndose a su entrega, de darse las condiciones para ello, en función de un calendario prefijado: el 60% de la parte diferida transcurrido el tercer año de diferimiento; el 20% transcurrido el cuarto año de diferimiento; y el 20% restante transcurrido el quinto año de diferimiento.

El pago inicial se realizará en efectivo y en acciones de BBVA a partes iguales y la parte diferida en un 40% en efectivo y un 60% en acciones.

La parte diferida de la remuneración variable podrá verse reducida hasta su totalidad en función del resultado de indicadores de evaluación plurianual alineados con las métricas fundamentales de control y gestión de riesgos del grupo, relacionados con la solvencia, el capital, la liquidez, la financiación o la rentabilidad, o con la evolución de la acción y la recurrencia de los resultados del grupo, aprobados por el consejo a propuesta de la comisión de retribuciones y previo análisis por la comisión de riesgos.