Los recursos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este lunes destinan a Justicia para este año ascienden a 1.869 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2018 del 5 por ciento.

De este importe, según la documentación entregada en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial de 1.805 millones de euros, que supone un incremento de 82 millones de euros respecto a 2018.

Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 64 millones de euros, lo que implica un incremento respecto al ejercicio 2018 de 6 millones de euros, es decir, el 10,9 por ciento.

Gastos de personal

Los medios económicos que se destinan a financiar los "gastos de personal" integrantes de la política de Justicia consumen la mayor parte del presupuesto para Justicia, los 1.463 millones de euros, con un incremento del 5,3 por ciento respecto al año 2018. Esta cantidad supone el 78,3 por ciento del total del presupuesto.

Con estas dotaciones se financian la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal. En el ejercicio 2019 se prevé convocar 100 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal.

Por otra parte, en el marco del "Acuerdo para la mejora del Empleo Público" se continúa con el proceso de estabilización y reducción de la interinidad, que permitirá la convocatoria de 10.575 nuevas plazas para la Administración de Justicia hasta el año 2019.

Agencia estatal de Justicia Digital

La memoria presupuestaria incide en la necesidad de seguir invirtiendo en la digitalización y modernización tecnológica de los juzgados y anuncia además la aplicación, como novedad este año, del Modelo de Evaluación, Aprendizaje, y Mejora (EVAM), instrumento de excelencia para organizaciones que inician su proceso hacia la gestión de calidad.

También se estudia la creación de una agencia estatal de Justicia digital que permita la consecución de los objetivos señalados y para lograr esta modernización tecnológica. Los gastos para este capitulo se presupuestan en 127 millones de euros.

En cuanto al eje que los PGE denominan "acercamiento a la ciudadanía", se prevén actuaciones en la mejora de los Registros eliminando trámites innecesarios y reduciendo los tiempos de resolución de asuntos, así como la implantación de la comunicación telemática de defunción desde centros sanitarios, para lo que se asignan 35 millones de euros.

Además, para la aplicación del principio de igualdad y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas en situación de vulnerabilidad económica o víctimas de la violencia de género se destinan 49 millones de euros a financiar el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.

15 millones para víctimas del Franquismo

Por otro lado, y con el objetivo de hacer efectivo el compromiso de asegurar lo que la memoria presupuestaria señala como "el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación a las víctimas del franquismo", se dota de 15 millones de euros que gestionará la Dirección General para la Memoria Histórica, que dará el necesario impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de 2007 que prevé medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Finalmente, y por lo que se refiere a inversiones, los PGE designan un total de 49 millones de euros para diferentes proyectos, como son los nuevos edificios de juzgados de Torrijos (Toledo), Lerma (Burgos), Manacor y Ciudadela (Baleares), de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Toledo y de la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca. También iniciarán y desarrollarán las obras de los nuevos edificios de juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Vitigudino (Salamanca), así como el nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal de Toledo.

Otras obras de rehabilitación previstasen los PGE de este año son las de las audiencias provinciales de Salamanca y de Toledo, de los edificios judiciales de Ocaña (Toledo), Manzanares y Puertollano (Ciudad Real), Motilla del Palancar (Cuenca), El Burgo de Osma (Soria) y Ceuta segunda fase.

También se continuará con las obras de ejecución de nuevas sedes judiciales en Albacete, Lorca (Murcia), Segovia e Ibiza (Baleares) y está prevista la finalización de las obras de construcción de nuevas sedes judiciales en Guadalajara y Badajoz. Se reforzará asimismo el equipamiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que incluye una plataforma tecnológica para atender afectados de investigación de perfiles genéticos relacionados con la sustracción de recién nacidos. -para lo que se han designado 6 millones de euros-.