El Gobierno premiará a las empresas que reubiquen a mujeres que afronten embarazos de riesgo o durante la lactancia natural, así como en casos de enfermedad profesional, antes de tener que llegar a un parte de baja temporal.
De esta forma, el Ejecutivo da un nuevo paso para tratar de que la condición de madre sea cada vez menos un obstáculo para desarrollar una carrera profesional y, también para poner freno a los procesos de incapacidad temporal que cuestan cada vez más recursos al Estado desde el inicio de la recuperación económica.
En una de sus disposiciones adicionales, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, el Gobierno prevé que, en los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, cuando la trabajadora sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará una bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma bonificación será aplicable, añade el texto, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño en otra distinta de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.
Poner coto a las bajas
Aunque el texto no hila ambas cuestiones, esta disposición tiene relación directa con la llamada que se hace en el Presupuesto a poner barreras a las bajas laborales.
Porque tras un periodo de contención del crecimiento del gasto de la Seguridad Social en incapacidad temporal, que tuvo su punto de inflexión en 2008, comenzó una tendencia sostenida de reducción que superó incluso los niveles de incremento del desempleo.
Sin embargo la recuperación del mercado laboral y de la afiliación vino acompañada de un fuerte incremento de la tasa de incidencia que ha ocasionado incrementos superiores al 12% en 2015 y 2016 y del 10% en 2017. Esta tendencia tiene continuidad en estos momentos.
Por eso, en el programa de gasto en subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social contiene créditos por un importe global de hasta 14.393 millones de euros destinados a proteger situaciones de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, paternidad, protección familiar, Síndrome Tóxico.
No obstante, la mayor parte de esta partida se dedica a costear las bajas por enfermedad común o accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional, supuestos a los que también hace referencia la disposición introducida en el Presupuesto. El crédito destinado al pago de estos subsidios se eleva a 8.637 millones de euros, con un incremento sobre 2018 de nada menos que del 8,2%.
El Gobierno toma medidas
Además, las cuentas públicas para este año incorporan nuevas medidas de control como habilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través sus inspectores médicos, para considerar si existe recaída en un mismo proceso de incapacidad temporal, habiéndose previsto el refuerzo de la plantilla de este cuerpo mediante la incorporación de 86 funcionarios interinos.
Asimismo, el Gobierno prevé potenciar convenios adicionales con determinadas comunidades autónomas para reforzar el seguimiento, evaluación y control de la incapacidad temporal con el objetivo de reducir el gasto en esta prestación.
El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a las bajas temporales por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia presentan una dotación de 2.858 millones de euros con un incremento para el año 2019 de un 11,7% como consecuencia del crecimiento de los beneficiarios de estas prestaciones y en línea con la propuesta de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.
Y es que en 2019 el permiso de paternidad pasará de cinco a ocho semanas de duración y para ello se han dotado créditos por importe de 825 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a la dotación de 2018 de 302 millones de euros, un 57,7% más.
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