El Gobierno sobre el escándalo de BBVA y Villarejo: "Tiene una perspectiva penal"

Las grabaciones ilegales de José Manuel Villarejo -por encargo de BBVA y con el conocimiento de su propio presidente, Francisco González- ya ha encendido las primeras alarmas en el Gobierno. Los servicios jurídicos de Moncloa están estudiando cómo abordar el escándalo, al considerar que "tiene una perspectiva penal".

Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Lo estamos siguiendo", admiten. De entrada, el Gobierno advierte de que el escándalo tiene repercusiones negativas sobre la reputación del BBVA, un elemento nada baladí al tratarse del segundo banco más grande de España y uno de los principales de la Unión Europea.

Pero las consecuencias del escándalo van mucho más allá, porque algunas víctimas de las escuchas eran miembros del Ejecutivo. Que fueran grabados implica que los espías del comisario jubilado logró vulnerar la protección especial que les otorga el Estado.

Según las grabaciones publicadas por El Confidencial y Moncloa.com, el equipo de Villarejo habría grabado entre 004 y 2005, al menos, a dos ministros en activo durante el mandato José Luis Rodríguez Zapatero. El primero fue le ex director de la Oficina Económica del Gobierno, Miguel Sebastián. Y la segunda, la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

El fin de las escuchas, las que justificaban todos los medios empleados, era detectar si Sebastián estaba implicado en la operación de asalto al BBVA que protagonizó en aquellas fechas Sacyr. Las grabaciones fueron ordenadas por el antiguo director de los servicios de seguridad del banco, Julio Corrochano. La estrategia de espionaje era conocida por Francisco González, quien recibía puntualmente informes sobre los avances de Villarejo, como ha publicado El Independiente.

De momento, según las fuentes consultadas, el Gobierno se limita al confirmar que está siguiendo muy de cerca el escándalo. También aseguran que no han recibido, por ahora, ninguna llamada oficial del Banco Central Europeo. La institución que preside Mario Draghi está siguiendo con estupor los sucesos. No hay que olvidar que BBVA es una de las entidades bancarias más grandes de la UE.

Fuentes próximas a la institución europea han asegurado a este diario que las informaciones sobre el escándalo han causado gran procupación en la sede de Fráncfort, donde ya había malestar acumulado por la decisión de González de mantener durante años la estructura de doble poder ejecutivo. BBVA estuvo gobernado por una bicefalia en la que compartían todo el poder el presidente ejecutivo y su consejero delegado, Carlos Torres Vila. González, pese a las críticas del BCE, optó por permanecer en el cargo apurando prácticamente el plazo que le permiten los estatutos y que limitan a 75 años la edad máxima en la presidencia.

En el trasfondo del escándalo -lo que detonó el espionaje- está la batalla que lidiaron hace 15 años BBVA y Sacyr. Luis del Rivero, presidente en 2004 de la constructora, convenció al consejo de administración para intentar la toma de control de la entidad.

La intentona, que acabó fracasando, saltó incluso a la arena política. El PP llegó a acusar el Gobierno de Zapatero de apoyar la operación, usando a Miguel Sebastián como correa de transmisión con Del Rivero. Quienes extendieron los rumores se encargaron de recordar la mala relación que había entre Francisco González y el director de la Oficina Económica de Moncloa, quien trabajó para el BBVA como jefe del Servicio de Estudios y fue despedido por el propio presidente del banco.

Al banquero y al economista los separaban,entre otras cosas, sus filias políticas. Francisco González era amigo personal de Aznar y tenía una relación estrecha con los empresarios más próximos al PP, como César Alierta o Alfonso Cortina. Miguel Sebastián había trabajado con Carlos Solchaga en el Ministerio de Hacienda, en la última legislatura de Felipe González.

El jefe del Sevicio de Estudios no tardó en incomodar al presidente del banco, En el Gobierno chirriaban algunos informes críticos con la política económica, liderada por un todopoderoso Rodrigo Rato. Sebastián siempre alegó que se limitaba a hacer su trabajo. FG rehuyó las discrepancias en público, pero acabó echando al economista, tras cuatro años en el puesto.