La Seguridad Social se come 15.500 millones del Estado para el Imserso o la estiba

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 no están pensados para reducir el déficit de la Seguridad Social. Seguirá un año más rondando los 18.650 millones de euros, el equivalente al 1,4% del PIB, pero con un esfuerzo de gastos superior al del año pasado. Solo el coste de las pensiones subirá más de un 6% hasta acaparar el 41% de todo el Presupuesto.

En todo caso, el Gobierno ha preferido esperar a que el Pacto de Toledo y las conversaciones con patronal y sindicatos marquen el camino de ulteriores reformas para drenar ese déficit en un plazo de tres o cuatro años.

Ahora bien, las soluciones que de momento resuenan como las más factibles para reducir el saldo negativo de la Seguridad Social y devolverle el equilibrio pasan por trasladar costes que ahora soporta el sistema al Presupuesto del Estado. Y, para cerrar el círculo, resulta que gran parte de la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social que se plantea en las cuentas públicas ya recae sobre las espaldas precisamente del Estado.

Concretamente, la Administración Central aportará casi 15.484 millones de euros en transferencias a la Seguridad Social para cubrir todo un cajón de sastre que incluye partidas de su competencia tan variopintas como complementos a mínimos, las cotizaciones de los cuidadores no profesionales o ayudas a la estiba.

Se trata de la cifra más alta desde 2013, cuando el Gobierno del PP ahondó en la separación de fuentes de la Seguridad Social y trasladó el coste de los complementos a mínimos de la Seguridad Social al Estado. Así que si finalmente se decide hacer lo propio con otros gastos que hoy por hoy soporta el sistema de la Seguridad Social lloverá sobre mojado en las cuentas del Estado.

En un cálculo grueso, trasladar el déficit de la Seguridad Social a la Administración Central supondría sumar más de 18.000 millones a esos 15.000 millones y elevar la factura a más de 30.000 millones de euros, cerca de lo que el país pagaba por desempleo en los años más duros de la crisis.

¿En qué se gastarán las transferencias?

Según datos de la Seguridad Social, la cuantía de las transferencias del Estado a la Seguridad Social en 2018 ascenderá a 15.484 millones en 2019, un 4% más que la prevista el año anterior. De esta cantidad, la mayor parte se refiere a los complementos a mínimos que el Estado aporta para pagar la diferencia entre las pequeñas pensiones a las que tienen derecho muchos pensionistas y la cuantía de la pensión mínima que les corresponde.

Este año esta cantidad alcanza los 7.337 millones de euros, tan solo ocho millones de euros más que el pasado año. Esto se debe a que al elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56%, estas prestaciones han aumentado un 7% y se han comido parte de los complementos a mínimos que recibían las beneficiarias. De hecho, buena parte de estas no notarán la subida.

Sin embargo, expertos consultados advierten que la subida de las pensiones mínimas en un 3% prevista en el Presupuesto elevará también el pago de complementos a mínimos en el futuro.

Otra de las grandes partidas que engrosan esos 15.484 millones de euros tiene que ver con el Imserso, concretamente con el nivel mínimo garantizado. Y es que para la atención a la dependencia el Estado aporta 2.232 millones de euros, casi un 60% más que en 2018, de los que 1.723 millones de euros corresponden a la financiación de ese mínimo, 315 millones a la financiación por el Estado de las cuotas sociales de cuidadores de personas en situación de dependencia y 100 millones para el nivel acordado.

Además, el Estado también aportará este año casi 2.600 millones de euros para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, que se incrementan en un 3%. Más en detalle, el Estado transferirá a la Seguridad Social para financiar la protección a la familia un volumen de 1.862 millones, lo que supone un incremento 16,6%.

Para el año 2019 esta aportación del Estado se incrementa en 266 millones de euros con respecto al ejercicio 2018 como consecuencia de la elevación de la cuantía de la asignación por hijo a cargo menor de 18 años sin discapacidad, y por la nueva cuantía establecida para familias con menores ingresos.

Además de estas cantidades que, cabe recordar supone un ingreso para la Seguridad Social y un gasto para el Estado en términos de déficit, el Gobierno ha consignado hasta 850 millones de euros extra entre las transferencias para apoyar al equilibrio del sistema de Seguridad Social.

Y lo ha hecho con la idea de aportar esta cantidad desde el Estado se cumpla o no el objetivo de recaudación de la tasa a las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), que, sin ser finalista, se pensaba destinar en igual cuantía al pago de las pensiones, pero que, dado que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria, no es previsible que cause efectos hasta al menos mediados de año.

Finalmente, dentro de las transferencias del Estado a la Seguridad Social se encuentran otras cantidades que, siendo menores, también arrojan más leña al fuego del movimiento de recursos de una administración a otra. Se trata, por ejemplo, de las ayudas sociales a los afectados por la talidomida (50 millones) o las ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba (30 millones).

Y todo esto a parte del crédito que el Gobierno ha previsto transferir del Tesoro Público a la Seguridad Social con cargo a la deuda pública de hasta 15.164 millones de euros para reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social; y de una disposición de 3.693 millones del Fondo de Reserva para pagar las extras de los pensionistas este año.

El desempleo y la reforma

Otros dos elementos podrían disparar el gasto directo de los Presupuestos del Estado en la Seguridad Social. Por un lado, las cuentas para el año que viene contemplan un incremento de casi 1.200 millones de euros en las aportaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE) en forma de cotizaciones por desempleo, hasta un total de 7.183 millones de euros. Se trata de cotizaciones que sostiene el Estado en favor, por ejemplo, los beneficiarios del recuperado subsidio para mayores de 52 años.

En principio esta aportación se financia con el presupuesto del propio Sepe, que ostenta un equilibrio en sus cuentas. Sin embargo, en el caso de que el ciclo económico se torciera y se incrementara otra vez el desempleo sumiendo al sistema de empleo de nuevo en situación de déficit, estas cantidades también recaerían sobre el Estado. Ya ocurrió, por ejemplo, en 2011 cuando el Estado aportó por esta vía hasta 11.000 millones de euros.

Y queda pendiente saber qué acordarán los agentes sociales y el Pacto de Toledo para sanear las cuentas de la Seguridad Social. El Gobierno ya se ha mostrado partidario de trasvasar el coste de las prestaciones de maternidad o las de paternidad, que se han ampliado en este Presupuesto, a las cuentas del Estado.

Para financiar ese trasvase la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado reducir el tipo de cotización por desempleo, aprovechando las cuentas saneadas del SEPE, e incrementar en igual cuantía la cotización por contingencias comunes para trasvasar esa ganancia a la Seguridad Social con destino al pago de pensiones contributivas. Después, el resto del déficit de la Seguridad Social imputable a las no contributivas se costearían directamente con transferencias desde el Presupuesto.