La Guerra Civil en los Presupuestos: 127 millones solo en pensiones

Hay otras zanjas y otra memoria histórica de la Guerra Civil española (1936-1939). Eso que ocurrió hace más de 70 años y que todos quieren olvidar, pero no olvidan es una cicatriz que se deja ver también en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, aparentemente tan alejados de la contienda bélica, aunque tan cerca de la política.

Cada vez con menos peso, hay una partida económica que año tras año se repite en el articulado y es la de las pensiones de guerra, diferentes a las que maneja la Seguridad Social, que, esas sí, son un campo minado de cara a las próximas batallas electorales.

Dichas pensiones se comen cada año más de 100 millones de euros. La cifra para 2019 es de 127 millones, exactamente la misma que la cantidad que destinará el Gobierno para costear la 'paguilla', esa compensación con la que la Seguridad Social acompasará la subida de las pensiones con la evolución definitiva del IPC en 2019.

Se trata de una cantidad que es un 20% inferior a la del año anterior y que promete ir menguando hasta desaparecer. Sin embargo, hasta no hace mucho, esta huella era profunda.

Las pensiones de guerra

Las pensiones de guerra son parte de las llamadas clases pasivas, aquellas que benefician, en términos generales, a empleados públicos, militares o altos cargos del Estado. Dentro de ellas existen cuatro tipologías. Las que cobran los familiares de fallecidos en la contienda, mutilados civiles y excombatientes (y algunos de sus familiares) y los miembros de las Fuerzas e Institutos Armados que, como funcionarios de carácter militar, prestaron servicios a la II República durante la Guerra Civil.

Las pensiones que cobran los familiares de fallecidos, declarados como tal o desaparecidos, benefician únicamente a sus cónyuges viudos, hijos incapacitados, solteros o viudos y a los padres del fallecido. Las cuantías oscilan dependiendo de la situación de cada beneficiario, de si pertenecía o no a las Fuerzas Armadas.

En el segundo caso, por ejemplo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen de 2016 como importe de estas pensiones el mismo que la pensión mínima de viudedad de Seguridad Social para titulares mayores de 65 años, que en el año 2019 es de 677,40 euros euros al mes.

Para lo mutilados civiles, todo depende del grado de incapacidad. En este sentido, las cuantías pueden oscilar entre los alrededor de 128 euros al mes a los casi 516 euros.

Lo mismo ocurre con las pensiones para mutilados excombatientes de la zona republicana que, formando parte de modo permanente o circunstancial de los Ejércitos y Fuerzas del Orden Público de la República, hubieran sufrido lesiones corporales que afecten de modo permanente a su integridad física o psíquica.

También son beneficiarios los que padezcan inutilización de igual carácter debido a enfermedades producidas o agravadas durante el servicio u originadas durante un periodo de cautiverio. En este caso, el rango va de los 43 a los 430 euros al mes.

Finalmente, están los beneficiarios de pensiones por ser miembros de las Fuerzas e Institutos Armados que, como funcionarios de carácter militar, prestaron servicios a la II República durante la Guerra Civil 1936-1939; y quienes hubieran prestado servicio a la República durante la Guerra Civil en las Fuerzas Armadas sin tener consideración de profesionales de carácter militar antes del 1 de abril de 1939.

Para estos últimos, por ejemplo, el importe de las pensiones en favor de causantes no podrá ser inferior al establecido como cuantía mínima en el Sistema de la Seguridad Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años; cuantía que para 2019 está fijada en 835,80 euros al mes.

Un gasto decreciente, pero un gasto

El pasado año se pagaron en España 133,5 millones de euros para sufragar estas prestaciones, por debajo de los casi 160 millones de euros presupuestados. Esto se debe a que este año se desplomó más de un 9% el número de beneficiarios, pasando de los 65.913 en el primer trimestre a los 59.761 al cierre del ejercicio.

Sin embargo, comparando con el año 2011, el primero disponible de la serie histórica que publica el Ministerio de Hacienda, el número de perceptores ha caído un 58%, desde las 139.263 personas. En términos económicos, el gasto era entonces un 61,2% superior y rozaba los 350 millones de euros, casi tres veces más que en la actualidad.

Otros vestigios de la Guerra Civil

Más allá de las pensiones de guerra, los Presupuestos de 2019 recogen otras partidas de gasto, menor en cuantía, que también vienen a constituir una huella de la Guerra Civil. Precisa en el texto que, "para hacer efectivo el compromiso de asegurar el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación a las víctimas del franquismo", se ha dotado 15 millones de euros y se ha creado la Dirección General para la Memoria Histórica, que dará el necesario impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley correspondiente.

Por último, el Presupuesto reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Para 2019, el crédito para atender a este colectivo es de seis millones de euros.