La central nuclear de Ascó (Tarragona).
Endesa e Iberdrola han decidido dejar en punto muerto las negociaciones para repartirse las centrales nucleares españolas -que serviría para desencallar su profundo desencuentro sobre el futuro de esta energía- hasta conocer el plan del Gobierno para ir cerrando las plantas. Sin saber cuándo pretende fijar el Ejecutivo de Pedro Sánchez los cierres de las centrales, las compañías no ven sentido a seguir diseñando a ciegas un eventual intercambio de los activos atómicos.
Endesa e Iberdrola comparten accionariado en la mayoría de las centrales nucleares de España. Las participaciones mayoritarias son cambiantes, las tiene una u otra eléctrica en según qué planta. Pero las decisiones sobre las centrales, al estar regidas por las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE) en que participan las compañías, han de adoptarse por unanimidad.
Una obligación que ha provocado un enfrentamiento entre los socios, porque los dos grandes operadores nucleares chocan frontalmente sobre los planes de futuro del parque atómico español. Mientras que Endesa quiere que las centrales funcionen al menos hasta que cumplan todas 50 años de funcionamiento, Iberdrola sostiene que las nucleares le generan pérdidas y apuesta por cerrarlas a los 40 años (todas las plantas españolas los irán cumpliendo entre 2023 y 2028).
Las diferentes visiones está provocando choques directos en los consejos de administración de las centrales nucleares, ya que en algunas plantas como Almaraz o Vandellós II la petición (o no) de renovación de la licencia de explotación es inminente –en los próximos meses, porque expiran en 2020- y sigue sin haber acuerdo entre los socios sobre por cuánto tiempo pedir la ampliación de los permisos.
Repartirse las nucleares
Ante el bloqueo, las compañías empezaron a negociar la posibilidad de ejecutar intercambios accionariales para repartirse el control de las plantas y así que cada compañía pueda decidir sobre las centrales que quedaban bajo su manto, como adelantó El Independiente. Ahora ambas partes han decidido congelar esas conversaciones, a la espera de conocer el contenido del Plan Integrado de Energía y Clima que prepara el Gobierno, en el que se fijará la fecha para el apagón nuclear en España y la senda temporal para ir cerrando todas las centrales en los próximos años.
Y es que del calendario de cierres que establezca el Gobierno depende que sea necesario o no hacer una reforma legal integral para la reorganización de todo el sector, sobre todo en lo referente a cómo se paga la factura milmillonaria de desmantelar las centrales y gestionar sus residuos en el futuro.
Para ejecutar ese eventual intercambio de centrales entre Endesa e Iberdrola, las compañías necesitan conocer cuánto va a durar cada central y, consiguientemente, con qué dinero se pagará su desmontaje. Las centrales han ido pagando tasas en función de su producción que se guardan en un fondo que gestiona la sociedad pública Enresa para financiar el desmantelamiento y la gestión de los residuos nucleares.
Un fondo que actualmente cuenta con unos 5.300 millones de euros, muy lejos de cubrir los costes del desmantelamiento de todas las centrales que, según el cálculo oficial, costaría unos 14.000 millones. Hasta ahora, el fondo se ha utilizado para pagar los trabajos de desmantelamiento de las centrales que han cerrado (Zorita, Vandellós I y también los de Garoña cuando comiencen).
Pero con Endesa reclamando llevar todas o al menos parte de las nucleares hasta los 50 años de vida útil, e Iberdrola conformándose con operarlas hasta las 40, surgen las dudas sobre quién pagará la factura millonaria si hay un reparto del control de las centrales. Endesa exige una reforma integral de la financiación y el reparto del fondo de Enresa para que sea equitativo con independencia del tiempo que funcione cada planta, para evitar que si Iberdrola cierra antes sus centrales las suyas se queden sin fondos para financiar su desmantelamiento.
De ahí que sea crucial esperar a conocer el plan del Gobierno para cerrar las centrales. A la espera de ver la hoja de ruta definitiva del Ejecutivo en los próximos días, en principio los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez –como ya adelantó El Independiente el pasado junio- pasan por propugnar un cierre escalonado y dejar que algunas centrales superen los 40 años, e incluso dejar que alguna planta alcance o al menos se acerque a los 50 años de funcionamiento.
La factura de cerrar las centrales
Endesa está dispuesta a operar las centrales que se alarguen hasta el medio siglo si el Gobierno lo permite. Pero la compañía dirigida por José Bogas reclama una reforma del fondo de Endesa para asegurarse de que llegará para financiar el desmantelamiento de esas últimas centrales en funcionamiento. Según la petición que ha trasladado Endesa al Gobierno, o todas las centrales deben pagar tasas al fondo en función a la media de vida útil que finalmente tenga el parque nuclear al completo (45 años, frente a los pagos actuales calculados para una vida de 40 años) o se debería asignar ya una parte alícuota del fondo actual a cada central.
Las negociaciones para repartirse las nucleares han quedado en stand by hasta conocer el plan del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera. Pero ya antes las posiciones de ambas compañías estaban muy alejadas y la posibilidad de acuerdo no era segura, así que las eléctricas ya se encomiendan a que una eventual vuelta a la negociación se realice bajo la tutela del propio Gobierno y que sea éste el que comande una reforma integral del marco legal y económico de las nucleares para hacerlo posible.
Endesa tiene participaciones mayoritarias en Ascó II, Vandellós II y controla en solitario Ascó I. E Iberdrola es el mayor accionista en Almaraz I y II, en Trillo y controla enteramente Cofrentes. La fórmula pasaría por que ambas compañías separaran sus caminos y se repartieran el control de las diferentes centrales para no seguir chocando por su diferente visión del negocio.
En principio, el planteamiento que se impone es que cada compañía se quede con las instalaciones en que hoy tienen mayoría en el capital, aunque todo queda pendiente de la valoración de los activos, de las inversiones necesarias en cada caso para alargar la actividad y los años de operación que acumula cada planta. En principio, los socios con participaciones minoritarias en algunas plantas como Naturgy o EDP no participarían en el intercambio y se quedarían con sus paquetes minoritarios sin cambios.
Almaraz, primera etapa
Iberdrola, Endesa y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) tienen que pedir antes del próximo 31 de marzo al Gobierno la renovación de la licencia de explotación de la central Almaraz (Cáceres). El permiso expira en 2020, pero las compañías tienen que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica su ampliación con un año de antelación.
Las eléctricas no confirman que vayan a pedir la renovación de los permisos, y siguen chocando de manera frontal y en público por el tiempo extra que deben seguir funcionando las plantas. Iberdrola y Naturgy apuestan por pedir la renovación de la licencia por sólo cuatro años, hasta cumplir los 40 de vida operativa. Endesa defiende una ampliación a largo plazo y renovar la licencia por una década adicional.
El próximo 29 de enero los socios de la central cacereña tienen una doble cita: una asamblea ordinaria para tratar los asuntos comunes de gestión de la planta y otra extraordinaria para abordar el futuro de la central y qué hacer con la renovación la licencia. Todas las partes dan por hecho que esa reunión se cerrará sin un acuerdo definitivo. Un acuerdo, en cualquier caso, que también está supeditado a conocer qué quiere hacer el Gobierno con las nuclear y cuándo pretende apagarlas.