Las presiones del taxi están dando sus primeros resultados. Con el centro de Barcelona y los accesos a Madrid totalmente bloqueados, en una huelga que está teniendo un seguimiento masivo, el sector ya ha empezado a arrancar demandas a las administraciones, empezando en la Ciudad Condal.
La reunión que mantenían en la tarde de este martes los representantes sindicales del taxi y la Generalitat se ha saldado con una propuesta del Govern que sí debería satisfacer a los taxistas: aumentar hasta una hora el tiempo de antelación con el que se deberían solicitar trayectos en Uber y Cabify.
Hasta ahora el consejero de Territorio de la Generalitat, Damiá Calvet, no había cedido en su propuesta de dejar en 15 minutos ese plazo, algo que provocó las iras de los taxistas que, tras la reunión, tendrán que votar en asamblea si esto es suficiente para abandonar los paros. Ese plazo, con todas las condiciones que tendría que cumplir un VTC para operar, se multiplicaría hasta rondar la hora a nivel práctico.
Tras proponer esta medida, Uber y Cabify han anunciado esto les obligaba a dejar de operar en Barcelona. No obstante, más tarde han informado de que no había una decisión oficial tomada. El director de la plataforma estadounidense en España, Juan Galiardo, ya advertía en la mañana de este martes que cerrarían su servicio en la Ciudad Condal si se establecía cualquier tiempo de precontratación, una amenaza a la que poco después de sumaba Cabify, tal y como aseguraba Mariano Sylveira, country manager en España.
"Tenemos que anunciar que, ahora mismo, la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi y que, por tanto, nos vemos en la obligación de tomar medidas", ha afirmado Marta Plana, directora de regulación global de Cabify, en una comparecencia ante la prensa en la que ha señalado que "son decisiones que no facilitan lo que nosotros pensábamos, que es el diálogo, y que significan el cierre de las VTC en Barcelona".
Unauto, la patronal que engloba a Uber y Cabify, ha lamentado "el mensaje que lanzan Barcelona y Cataluña al mundo", así como "la destrucción de 3.000 puestos de trabajo" por la "desaparición del sector de las VTC" en la región.
Del mismo modo, han anunciado medidas legales "para luchar contra esta regulación injusta, dictada por el sector del taxi e impulsada bajo coacciones inaceptables en un Estado de Derecho".
No obstante, luego han matizado por la red social twitter que la decisión aún no estaba tomada.
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— Cabify España (@cabify_espana) January 22, 2019
Aprobación en el Pleno
Tras la reunión entre las partes ha comparecido ante la prensa el propio Calvet, que ha asegurado que se ha tratado de unas conversaciones "en las que todas las posturas estaban muy alejadas", pero ha recalcado que en todo momento han trasladado a Uber y Cabify su "voluntad de legislar en favor del ciudadano y en contra de nadie".
"No hemos cedido al chantaje, sólo nos hemos reafirmado en nuestra posición", decía el conseller de Territorio, que ha asegurado que la intención de la Generalitat era que "coexistan taxis y VTC", algo que no será posible por la salida de Uber y Cabify de Barcelona.
Para Calvet, el tiempo de precontratación "no imposibilita la actividad de las VTC", pero sí que considera que es una medida suficiente para "que se diferencien de los taxis", detallando que la vigilancia se haría por geolocalización y que los coches tendrían que aparcar tras realizar un trayecto.
El decreto planteado por el Govern tendrá que ser sometido a una votación en el Pleno del Parlament que se celebrará el próximo martes, siempre que los taxistas, a través de votaciones en sus asambleas, esta propuesta y abandonen las calles, algo que parece casi seguro.
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