El debate sobre las pensiones y la forma en la que se revalorizarán a partir de ahora ha hecho que la opinión pública centre su atención sobre el IPC, el indicador que volverá a marcar el ritmo de las subidas de los próximos años. De esa forma, el Gobierno ha asegurado que las pensiones no perderán poder adquisitivo. Sin embargo, aún así se estará llevando a cabo una suerte de 'ajuste' silencioso.
Y es que esta situación es compatible con un incremento de los salarios y del PIB superior al de las pensiones, lo que generará una pérdida de peso relativo de estas rentas y un menor reparto de la riqueza entre los pensionistas. A cambio, el Gobierno espera un incremento de los ingresos tributarios y por cotizaciones más veloz que el del gasto en pensiones que llevará, si se cumplen todas las previsiones, a que el déficit de la Seguridad Social se pueda ir reduciendo poco a poco a la espera de medidas de ajuste más drásticas.
Se trata del efecto contrario al que se produjo durante la crisis, cuando las pensiones se revalorizaban año tras año mientras la economía se encontraba sumida en una recesión y los salarios se embarcaban en una duradera austeridad y moderación que se ha dado por finalizada hace apenas unos años.
Durante los años más duros de la crisis, el sistema público de pensiones, esencialmente contributivo y también de reparto, permitió que entre los años comprendidos entre 2008 y 2013, la economía española sufriera la destrucción de casi tres millones de empleos con una pérdida de ingresos para la Seguridad Social de unos 10.500 millones de euros, según datos de Fedea.
En paralelo, el gasto en pensiones siguió al alza por el incremento en el número de pensionistas y la vinculación de las prestaciones al IPC. Fruto de esa evolución, mientras las rentas y actividades económicas descendieron un 7,7% en ese periodo, la masa salarial cayó un 15,8%, las pensiones aumentaron un 22,8%, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria correspondientes a 2017. Es por ello que tantos pensionistas se convirtieron en el sustento de los muchos hogares golpeados por el paro durante la crisis.
Entre 2014 y 2017, la reducción del déficit no ha sido posible porque, en un contexto de salarios aún en plena moderación, los ingresos por cotización por cada trabajador no han hecho sino volver a los niveles de 2008, mientras que el gasto en pensiones ha seguido subiendo incluso con revalorizaciones del 0,25% anual en ese periodo.
Esta evolución tiene una traducción en un indicador conocido como tasa de sustitución de las pensiones, que es la pensión media sobre el salario medio neto de cotizaciones. Este indicador, que precisa cuál es la relación de las rentas de los pensionistas respecto al resto de los asalariados, se ha incrementado sin interrupción desde 1980. Hasta el año 2017, la subida ha sido de 28,5 puntos porcentuales tomando todas las clases de pensión --33,5 puntos solo entre las de jubilación--.
En el año 2017, la tasa de sustitución media fue del 60,9% y del 86,6% para las nuevas pensiones de jubilación. Así es que, poco a poco, las pensiones han ido ganando terreno a los salarios durante la crisis, hasta conformarse como una salario diferido en toda regla. Asimismo, ha ido acaparando también mayor parte de la renta del PIB, hasta el punto de que a día de hoy suponen un 12% de la renta nacional después de años perdidos en términos de actividad.
El gran viraje
Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos años. Con la recuperación del empleo y los salarios, la tendencia se ha invertido y las pensiones han crecido menos que los salarios, tanto privados como públicos. Algo lógico cuando las revalorizaciones se han limitado al 0,25%. Esto ha permitido que el gasto en pensiones haya crecido a tasas inferiores a los ingresos. Solo en el año 2018, el gasto en pensiones subió un 4,7 y los ingresos por cotizaciones, un 5,3%, con datos al mes de noviembre.
De cara 2019, la senda se mantiene porque, aunque las pensiones aumentarán con carácter general un 1,6% -tal vez incluso por encima del IPC, según estimaciones oficiales--, el Gobierno prevé que los salarios aumenten de media cerca de un 3% y que, solo en el caso de los sueldos públicos, se asegure un incremento mínimo del 2,25% (y un máximo del 2,75%). Es decir, que previsiblemente, los pensionistas verán subir sus ingresos en línea del IPC (o ligeramente por encima), mientras que para el resto el incremento será muy superior, compensando así los años de la crisis hasta el inicio de la recuperación.
En todo caso, se salvan de este 'ajuste' las pensiones mínimas --el 25,3% del total--, que subirán un 3%, al igual que las no contributivas --medio millón de personas--, y las de viudedad, que subirán un 7%.
Esto hace que, mientras que la previsión de incremento del gasto en pensiones se dispare al 6,2%, este porcentaje se vea superado por el avance del 7,5% de las cotizaciones y del 11,9% de los ingresos tributarios --la recaudación por IRPF aumentará un 5,4%--, con los que en última instancia se está pagando una parte de las prestaciones.
El riesgo de pobreza de los pensionistas
Se trata de un ajuste silencioso que, sin embargo, tiene una expresión palpable de cómo los pensionistas, pese a las subidas ondeadas tanto por el anterior Gobierno del PP como por el actual del PSOE, son cada vez menos 'pudientes' respecto al resto de las rentas.
De acuerdo con la metodología europea, las personas con ingresos inferiores al 60% del salario medio se sitúan en riesgo de pobreza. Con este presupuesto, el informe El sistema público de pensiones español: mitos y realidades, elaborado por Fedea, muestra que el porcentaje de pensionistas con rentas por debajo del umbral de la pobreza relativa fue inferior en 14 puntos al del total de la población en el peor momento de la crisis, en 2012, con una tasa del 5,9%.
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Con datos de 2016, la población mayor de 65 años mantiene su posición favorable respecto al conjunto de la población, pero la diferencia se ha reducido hasta los 10,8 puntos como consecuencia del efecto composición generado por la mejora de la renta de la población en edad de trabajar derivada de la intensa creación de empleo observada desde el inicio de la recuperación económica. Así, la tasa de pensionistas en riesgo de pobreza se ha incrementado hasta cerca del 9%.
Según el autor del trabajo, la previsión es que esta tasa se estabilice en los próximos años al coincidir una revalorización de las pensiones con el IPC y una ralentización de la actividad y el mercado de trabajo.
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