Días después de la puesta de largo del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, lo que quedan son sobre todo dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir una previsión de ingresos tributarios récord –más de 227.300 millones de euros, 20.000 millones más que en 2018—y acusaciones contra el Ministerio de Hacienda por haber elaborado una ‘trampa’ para cumplir con el déficit del 1,3% del PIB comprometido para el año que viene mediante una supuesta maniobra contable.
Se trata de un cambio en la imputación de los ingresos por IVA que trataría de inflar la cuenta de la recaudación siguiendo una metodología distinta a la que emplea Bruselas. Esto es, una suerte de atajo presupuestario..
Sin embargo, Hacienda se defiende y asegura que no existe argucia alguna, mientras que el supuesto ardid parece tan evidente que parece mentira que el Gobierno haya recurrido a él para ‘colar’ a Bruselas un presupuesto adulterado. La duda que subyace es: ¿Hacienda puede engañar a la UE con la supuesta trampa?
La imputación del SII: El escándalo surge cuando el Gobierno admite que ha efectuado un cambio contable en el Presupuesto. Con la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA en 2017, el pago del impuesto se atrasó diez días--de los días 20 a 30 de cada mes--, lo que provocó que su impacto en la caja de Hacienda del último mes de ese año se contabilizara en 2018.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido que para 2019, se contabilizarán el mes de diciembre de 2018, de acuerdo con este procedimiento, y también los doce meses del ejercicio en curso, al adelantar la liquidación del próximo diciembre del día 30 al 20. De esa forma, el Presupuesto prevé que este año se liquiden 13 meses y se asegura una liquidación extra de unos 5.000 millones, de los que 2.500 millones irían a parar a las comunidades autónomas y otros tantos al Estado.
La ministra habla de déficit: El problema surge cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, habla de este cambio y explica que se trata de una modificación prevista para anticipar a las comunidades autónomas 2.500 millones de liquidez necesarios ante el mayor ajuste del déficit, al tener que plegar la senda de consolidación del 1,8% del PIB inicialmente comunicado a Bruselas para este año, al 1,3%, después de que PP y Ciudadanos bloquearan esta posibilidad.
No obstante, Montero también precisó que los otros 2.500 millones compensarían la menor recaudación por los impuestos sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’) y sobre las transacciones financieras (‘tasa Tobin’), cuya entrada en vigor no coincide con el inicio del ejercicio, sino que se demorará hasta bien entrado el año, mermando su capacidad recaudatoria, estimada en unos 2.050 millones de euros.
¿Cuál es el problema?: La polémica ha surgido porque a la hora de contabilizar el déficit público, Bruselas toma como metodología los ingresos y gastos en términos de Contabilidad Nacional, es decir lo devengado en los 12 meses del año. Sin embargo, los cálculos del IVA arrojados por el Gobierno se miden en términos de caja, sobre lo efectivamente recaudado en ese periodo.
Dicho de otro modo, Montero mezcló dos formas de medir el déficit, lo que se ha interpretado como una forma de inflar de forma artificial la cuenta de ingresos en 5.000 millones de euros.
¿Es cierto?: De un lado, es cierto que los ingresos de las comunidades autónomas se rigen por la caja, con lo que del lado de estas administraciones no habría ningún problema, pero, en efecto, si se atiende al Presupuesto del Estado, saltan todas las alarmas.
¿Qué dice Hacienda?: La ministra de Hacienda ha salido este lunes al paso de las acusaciones asegurando que no hay argucia alguna. Ha explicado que el Gobierno ha modificado el cómputo del IVA en el SII para solucionar el "problema" de falta de recursos de las comunidades autónomas por la no relajación de los objetivos de déficit, tras el rechazo del Senado a la senda planteada por el Gobierno con un margen de 6.000 millones, en un contexto en el que las regiones ya habían elaborado sus propios presupuestos.
Sin embargo, no se ha referido al tramo de recaudación que va a parar al Estado.
¿Qué ocurre con la recaudación por IVA del Estado?: El proyecto de Ley de Presupuestos no concreta nada sobre este extremo. Fuentes consultadas por El Independiente señalan que todos los cálculos presentados por la ministra tienen validez en términos presupuestarios, es decir, de caja. En este sentido, los 2.500 millones de euros que irían al Estado representarían una inyección extra de liquidez para la Administración Central.
A partir de ahí, las mismas fuentes señalan que Hacienda pretende hacer un ajuste de las cuentas posterior. El Gobierno podría jugar con muchas partidas para cuadrar las cuentas, sin necesidad de mirar qué hacer con los 2.500 millones sobrantes del SII. Sin ir más lejos, hay partidas de gasto que podrían salir del cómputo del déficit. Además, cabe recordar que el Gobierno, desde el primer momento, ha trabajado dando por hecho que reducir el déficit al 1,3% del PIB es una ficción.
En cualquier caso, esas intenciones del Gobierno no concuerdan con las palabras expresadas por Montero en Moncloa, que, reiteran las mismas fuentes, habló en todo momento en términos presupuestarios.
Más aún, desde Hacienda aseguran que a medida que se vayan elaborando las cuentas mensuales del déficit, se ofrecerán datos de liquidación teniendo en cuenta el cambio de fechas del SII en términos de caja, pero no en Contabilidad Nacional, con lo que la supuesta trampa no se trasladará a la medición real del déficit.
Dicho de otro modo, más allá de la retórica, Hacienda no podrá ‘colar’ esta supuesta argucia contable en los datos de déficit ante Bruselas.
La cuenta pendiente del Estado: En cualquier caso, lo que queda vuelve a poner de actualidad esta situación es la crítica formulada de forma reiterada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que viene tiempo pidiendo que los Gobiernos elaboren los Presupuestos aportando también las cuentas en términos de Contabilidad Nacional para poder medir mejor el impacto de las previsiones de ingresos y gastos en la senda de reducción del déficit, también en vertiente estructural.
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