La gran industria reclama más ayudas para rebajar su factura de luz o habrá más cierres

La gran industria  lleva años quejándose del enorme lastre que supone para su actividad, su competitividad y su rentabilidad el alto precio de la electricidad en España. Tras los sucesivos anuncios en los últimos meses de cierres de plantas industriales en España por parte de Alcoa o de Cemex y con otras empresas recortando su actividad, las quejas se han hecho más patentes.

Las grandes industrias, cuyos costes totales están muy condicionados por los precios energéticos (en algunos casos la factura eléctrica supone un 50% de los costes totales), reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez más ayudas que rebajen la factura eléctrica que soportan las factorías para poder competir en igualdad de condiciones con compañías radicadas en otros países europeos.

El Gobierno ya ha tomado medidas para atender las particularidades de los grandes consumidores de electricidad, pero desde la patronal AEGE se alertan de que no son suficientes para compensar la brecha en el precio de la electricidad de la que se aprovechan Francia o Alemania, donde los costes energéticos de la gran industria se sitúan un 30% por debajo, según denuncia la asociación.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) acogió con entusiasmo la decisión del Gobierno de impulsar un estatuto del consumidor electrointensivo, que contemplará un paquete de ventajas para contener los costes energéticos para este tipo de usuarios y que, según recoge el real decreto aprobado en diciembre, estará listo antes de seis meses.

Sin embargo, el entusiasmo se ha convertido en “decepción” e “incertidumbre”, según subraya Fernando Soto, director general de AEGE, al constatar que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñado por el Gobierno no crea ninguna partida concreta para financiar el impacto que para el sistema eléctrico supondrá las rebajas de luz de las que previsiblemente se beneficiarán los consumidores electrointensivos.

La gran industria exige que en ese estatuto de futura elaboración se deberían recoger, singularmente, rebajas para las factorías en los costes que asumen para financiar las energías renovables, recortes de los peajes de acceso que pagan para financiar los costes reconocidos del sistema eléctrico y exenciones en diferentes tasas energéticas, como ya sucede en países como Alemania o Francia. “Pero no es muy esperanzador que se quiera aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo y que no se incluya en los PGE dinero para financiar estas bonificaciones”, subrayan desde PGE. “Ese dinero tiene que llegar este año. Hay industrias que no pueden esperar otro año más”.

La falta de presupuesto para financiar estas rebajas en la factura de la luz se suma al desplome de la retribución que percibirán las grandes industrias a través del denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

La última subasta de interrumpibilidad, celebrada el pasado diciembre y que cubre las necesidades de este programa para el primer semestre del año, recortó la retribución a las compañías hasta los 101 millones de euros, un 36% menos que en la retribución del año pasado (cuando ya cayó otro 40% en relación al ejercicio anterior).

La situación actual es de “alerta”. Sin las ayudas esperadas reflejadas en los PGE y con la retribución del servicio de interrumpibilidad en caída libre, AEGE advierte de que “está en peligro la continuidad de algunas factorías industriales, ya sea con cierres y deslocalizaciones, o simplemente con recortes de actividad por no poder asumir los costes”. Según subraya Soto, sin dar nombres, algunos del centenar de factorías de las compañías asociadas a la patronal se plantean medidas de este tipo.

AEGE sí que aplaude la decisión del Gobierno de incluir en los PGE ayudas para compensar de los costes indirectos de los derechos de emisión de CO2 hasta el máximo que permite la Unión Europea. En el proyecto de Presupuestos de 2019 se recogen dos partidas, una de un máximo de 11,36 millones de euros y otra de 80 millones, para convocar subastas para repartir este tipo de ayudas que sirven para rebajar la factura de las empresas.

Al final, la compensación de los costes indirectos de los gases de efecto invernadero alcanzará previsiblemente los 90 millones, el tope anual marcado por la Comisión Europea para que no se consideren ayudas de estado. El año pasado el Gobierno adjudicó a unas 180 factorías en España un total de 83,7 millones de euros por este concepto también con dos partidas presupuestarias: 5,99 millones de la convocatoria ordinaria y 77,7 millones como complemento. Una y otra crecen en las cuentas diseñadas por el Ministerio de Industria para este ejercicio.