La Generalitat culpa al Gobierno central del caos que han provocado en Barcelona las protestas de los taxistas. Horas después de plantear una solución que favorece al colectivo en huelga, el conseller Damià Calvet, ha vuelto a acusar al Estado, por no atajar de raíz el problema y dejar la solución en manos de los gobiernos autonómicos.
Calvet ha asegurado en el Parlament que el Govern "sacará adelante su regulación" y ha defendido que el ejecutivo catalán "actúa por responsabilidad, es un Govern que gobierna".
El conseller ha argumentado que la Generalitat "no regula contra unos y otros sino a favor de la movilidad". Y ha recordado que su propuesta introduce un tiempo de precontratación "que queda perfectamente amparado" en el reglamento de transporte con conductor y la normativa europea.
Calvet ha criticado además la huelga de taxistas, de la que ha asegurado que "no se trata de una huelga sino de un paro patronal, con ocupación del espacio público y sin servicios mínimos" para concluir que "ya no me voy a dirigir más a los taxistas y VTC" a la espera de que tomen sus decisiones esta mañana.
El nuevo texto que ha puesto sobre la mesa la Generalitat incluye otras medidas aplaudidas por los taxistas, como la eliminación de la geolocalización de los VTC o la obligación de que estos vehículos permanezcan en la base o en garajes hasta que reciban la siguiente reserva.
A quien no ha gustado en absoluto la propuesta regulatoria de la Generalitat es a Unauto, la patronal de los VTC, que ha acusado al Govern de ceder al "chantaje" del taxi y ha amenazado con abandonar Barcelona si finalmente se aprueba el decreto ley.
"Las restricciones anunciadas suponen la desaparición en Cataluña del sector de las VTC, que lamentablemente no podrán seguir dando servicio a los millones de ciudadanos que nos eligen cada día, y la destrucción de más de 3.000 empleos", sostiene Unauto, que estudiará todas las medidas legales a su disposición "para luchar contra esta regulación injusta, dictada por el sector del taxi e impulsada bajo coacciones inaceptables en un estado de derecho".
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