A la Agencia Tributaria le crece el trabajo. Tal como figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la institución que lidera María Jesús Montero será la responsable de supervisar las Sicav -sociedades que utilizan los grandes patrimonios para canalizar su capital-. El Ejecutivo faculta a la Administración Tributaria para comprobar que el número de accionistas que fija le ley -100- se cumpla. Sin embargo, según datos de la CNMV, 40 vehículos no alcanzaban esta cifra al cierre de septiembre, últimos datos disponibles. La firma de análisis Morningstar eleva la cifra hasta 80 a finales de 2018. Pese a la irregularidad, las sociedades gestoras de las Sicav tienen un año de plazo para subsanar el desajuste.

Hasta ahora era la CNMV era la encargada de vigilar estas sociedades y el alcance del cambio de supervisor está por ver. El proyecto de Ley para los PGE  de 2019 recoge que Hacienda podrá comprobar, a los exclusivos efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido, que el número de accionistas ea 100. Si se incumple la cifra, Hacienda lo comunicará a la CNMV. Del mismo modo, la disposición indica que todas las revocaciones y suspensiones acordadas por la CNMV deberán ser comunicadas a Hacienda, a través del departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

Actualmente, estos vehículos tributan al 1%, frente al tipo general del Impuesto de Sociedades del 25%. El incumplimiento en torno a la obligatoridad de mantener 100 accionistas impide a las Sicav beneficiarse del tipo súper reducido.

Descontento en el sector financiero

Inverco, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, ha puesto el grito en el cielo. Denuncia un peor tratamiento para las sociedades españolas frente a las de su entorno europeo.

“La encomienda a la Administración Tributaria no hace sino alejar aún más a las Sicav españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias”, considera la asociación.

Las Sicav generan ingresos fiscales por 340 millones que podrían peligrar si se fugan a otras jurisdicciones

Inverco recuerda que las Sicav españolas invierten en grueso de su patrimonio en España, concretamente, casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros), pese a que el peso de estos activos en los índices mundiales apenas supera el 2%.

Además, añade, las Sicav son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales.

La asociación, que representa a fondos, pensiones y Sicav, señala que estas sociedades contribuyen, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.