Todos contra las oposiciones de Justicia: interinos y opositores estudian impugnarlas

Nada menos que 7.000 interinos del sector público y unos 20.000 opositores al margen de la Administración prevén presentarse a las próximas pruebas de acceso a la Justicia para hacerse con una de las más de 5.000 plazas que el Gobierno prevé convertir de temporales en fijas --sumando las convocatorias de 2017 y 2018--.

La competencia será feroz y tantos unos como otros miran con lupa cómo se van a plantear estos procesos de selección. El resultado es que la vía pactada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos --CSI-F, CCOO y UGT--, la del concurso-oposición, no contenta a nadie, de modo que gran parte de ambos colectivos piensa ya en la impugnación de las bases cuando se publiquen, en los próximos meses, antes de que se establezcan incluso las fechas de las pruebas.

De un lado, los interinos, muchos de los cuales llevan más de una década en su actual puesto dentro de la Administración, consideran que su experiencia en las tareas a desarrollar debe primar. Y es que, la fórmula del concurso-oposición establece un primer examen teórico, al que puede concurrir cualquier persona interesada, tras el cual se pasa a la fase de concurso en la que ya se entra a valorar esa experiencia de una forma ponderada.

De ese modo, los interinos temen que la gran mayoría 'caiga' en ese paso previo sin poder hacer valer sus méritos perdiendo años de trabajo. Desde la Asociación Interinos Justicia (AIJ) proponen establecer una doble vía: un concurso solamente de méritos para repartir las plazas de estabilización y un concurso oposición para las correspondientes a las ofertas públicas de empleo ordinarias derivadas de la cobertura de las tasas de reposición (por jubilación, fundamentalmente).

No obstante, la organización blande una reciente modificación legal para decantar la balanza a su favor. Se trata de la modificación del artículo 484 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada vía enmienda del PP, para que los procesos de selección de los funcionarios de Justicia se convoquen con arreglo a lo que dicta el Estatuto Básico del Empleado Público, esto es, que en casos excepcionales puedan convocarse concursos de méritos.

La AIJ considera que el proceso de estabilización de plantillas --firmado en marzo de 2017 para reducir la temporalidad en la Administración al 8%-- es un caso excepcional y, por ello, reclaman un concurso de méritos, más beneficioso para sus intereses.

Un portavoz de AIJ relataba a El Independiente que una de las razones por las que el colectivo considera que un concurso-oposición no vela por la igualdad de oportunidades de acceso es que muchos interinos son ya mayores y, en algunos casos, tienen que compaginar el estudio con el cuidado de mayores o menores dependientes.

Su explicación de por qué el Gobierno y los sindicatos han optado por este formato es que, por parte de las centrales, les asegura unos jugosos beneficios puesto que venden temarios y participan de acuerdo con academias en la preparación de los exámenes.

Fuentes sindicales aseguran que lo que se hace es firmar convenios con academias para, a precio de coste, poner, por ejemplo, a disposición de candidatos que viven en zonas rurales el material necesario, o intermediar para ofrecer formación online. Todo ello sin un lucro económico. Ahora bien, en ese proceso, el interesado debe ser afiliado al sindicato.

Del lado del Gobierno, la asociación cree que para la Administración es beneficioso que personas mayores dejen paso a otras más jóvenes, no solo para rejuvenecer plantillas, sino también para ahorrar salarios en forma de trienios.

Por todo ello, desde la AIJ aseguran que se recurrirán las bases cuando se conozcan y, por si acaso, demandan al Gobierno que contemple la situación de aquellos interinos mayores de 45 años que pierdan su plaza dentro del plan de choque para emplear a parados mayores de esa edad, que se encuentra en elaboración.

Los opositores también estudian impugnar

Del lado de los opositores actúa la asociación ADOAJ, que rechaza el pacto alcanzado por Gobierno y sindicatos al considerar que la fórmula propuesta para llevar a cabo del concurso-oposición en Justicia pone de facto una alfombra roja a los interinos e imposibilita la concurrencia en igualdad de condiciones mientras miles de opositores gastan tiempo y recursos económicos para tener una oportunidad sin ventajas para ninguna de las partes.

El colectivo recalca que tradicionalmente se han convocado oposiciones, sin más, y que en los casos excepcionales en los que se han convocado concursos-oposición, los exámenes 'pesaban' el 80% de la nota final y la parte correspondiente a méritos, un 20%.

Ahora, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, este último porcentaje se eleva en el pacto alcanzado entre Gobierno y sindicatos hasta el 40%, siendo esta cifra un máximo.

Además, los opositores se quejan de que la nota de corte en el primer examen es tan baja que se va convertir en un coladero para los interinos. Sumando estas dos circunstancias, el colectivo cree que el Gobierno ha maniobrado para contentar a estos últimos, que han llevado el conflicto hasta la Audiencia Nacional, aún pendiente de dar su opinión.

En su caso, ADOAJ prefiere no levantar falsas expectativas. Uno de sus portavoces relata que, aunque se han puesto en contacto con abogados para ver hasta qué punto cabe impugnar el proceso, son conscientes de que algo así paralizaría años las convocatorias y supondría un alto coste económico, sobre todo si a todas luces las convocatorias cumplen la legalidad. Por ello, la organización de opositores esperará a que salgan publicadas las bases para tomar una decisión.

Desde el ámbito sindical se asume la situación, pero diversas fuentes aseguran que las partes fueron especialmente escrupulosas a la hora de firmar el acuerdo y que hubo consenso en adoptar el formato de concurso-oposición con un máximo del 40% para el peso de los méritos en la segunda prueba precisamente para evitar futuras impugnaciones.

De hecho, recalcan que, por el momento, los tribunales no han hecho más que ratificar la viabilidad del acuerdo. En cualquier caso, el proceso está judicializado en la Audiencia Nacional, a la espera de que prospere por sorpresa.

"Había que equilibrar intereses y se sigue pensando que era la mejor manera de hacerlo", concluyen desde los sindicatos.