El ‘via crucis’ de Sánchez para cumplir su promesa de derogar la reforma laboral

Pedro Sánchez accedía el pasado mes de junio a la presidencia del Gobierno con un estandarte, la derogación de la reforma laboral del PP, uno de los símbolos de la mayoría absoluta de la que disfrutó Mariano Rajoy durante gran parte de su mandato y de la crisis.

El objetivo de ese paso atrás después del éxito de la moción de censura era devolver el equilibrio a las relaciones laborales, los niveles de protección perdidos durante la crisis y avanzar hacia un empleo de mayor calidad. Pero también tenía algo de golpe de efecto político.

Sin embargo, más de medio año después, la contrarreforma laboral de Sánchez se ve cada vez más difuminada, desperdigada por toda una serie de textos legales que no son la norma que parecía prometer, a la altura de la reforma que se pretendía derogar. Y, sobre todo, la fragmentación parlamentaria y la necesidad de pactos para gobernar han hecho que poco a poco su calado vaya pareciéndose más a una promesa que a un hecho.

A día de hoy se dirime su futuro en las enmiendas que el PSOE negocia fundamentalmente con PDeCAT a partir de una proposición de Ley para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores con la que se trata de igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores con las de los empleados de las empresas de las que dependen.

Es la baza que le queda al Gobierno antes de decantarse por aprobar un decretazo y esperar que la Cámara Baja lo convalide y no lo tumbe como ha ocurrido recientemente con el decreto de reforma del alquiler. La diferencia, es que un nuevo fracaso sería casi letal para el Gobierno.

Las primeras renuncias

El Ejecutivo no tardó en desdecirse tras ganar la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Fue la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la que pronto cambió la expresión "derogación de la reforma laboral" por la de "derogación de los aspectos más lesivos" de la misma.

Valerio, sospechosa sobre todo de ser más sincera de lo que suele ser un ministro, admitía abiertamente que con 84 diputados en el Congreso, derogar con un corte limpio la reforma laboral del PP era una utopía. Eso y que el estilo del nuevo Gobierno no sería el del decreto, sino el del diálogo.

De ahí que la contrarreforma laboral diera paso a su discusión en un doble escenario: el diálogo social, con patronal y sindicatos; y el Congreso de los Diputados. Y todo ello, con un punto de partida menos ambicioso que el inicial.

En ambos terrenos, charcos

El 13 de junio de 2018, Sánchez y Valerio recibían por primera vez a la patronal CEOE-Cepyme y a los sindicatos CCOO-UGT para retomar el diálogo social y, casi en paralelo, en esos días Podemos reaccionaba rápido viendo en el nuevo Gobierno una opción de influir y gobernar, aunque no fuera nominalmente, y se ofrecía como socio para sacar adelante la agenda social del nuevo Ejecutivo.

Los de Pablo Iglesias no iban a dejar pasar el tren perdido en las últimas elecciones, en las que no fueron capaces de pactar con Sánchez dejando vía libre a un nuevo Gobierno de Rajoy.

En esa tesitura, durante las semanas siguientes a la moción de censura, la derogación de la reforma laboral se convirtió en un goteo de promesas del Gobierno ante los ojos de los agentes sociales y los partidos políticos. Valerio las iba dejando caer en sus actos públicos; entre ellas atajar las horas extras ilegales y el consiguiente desarrollo de un registro de jornadas en las empresas, volver a la prevalencia del convenio colectivo de sector frente al de empresa, endurecer la capacidad de las empresas para modificar las condiciones de trabajo de sus plantillas o incrementar el coste del despido de los contratos temporales.

En ese limbo político, el entendimiento con Podemos no tardó en llegar. Porque de facto, Sánchez sabía que, más que el consenso en el diálogo social, la clave era encontrar apoyos en el Congreso de los Diputados.

Poco después del verano, a finales del mes de septiembre, Podemos ya se sentaba a hablar con luz y taquígrafos con Sánchez dispuesto a marcarle el paso. En una de esas primeras reuniones, Iglesias le trasladó la necesidad de derogar las dos últimas reformas laborales -también la de 2010, de los socialistas-, al entender que tienen mucho que ver con la precarización del empleo ante las exigencias de Bruselas durante la crisis.

Mientras estas cuestiones se dirimían, el Gobierno pactaba con patronal y sindicatos un Plan Director de lucha contra el fraude en el empleo, que no tardó en dar frutos; y todo ello mientras las pensiones y su posible revalorización con el IPC acaparaba todos los focos mediáticos. De la contrarreforma laboral, poco rastro.

La reforma se derogaba sola

También con el devenir del tiempo, la tasa de paro bajó a finales del pasado año del 15% el umbral que marcaría el fin, por ejemplo, del contrato de apoyo a emprendedores, una de las medidas estrella de la reforma laboral. El Gobierno había asegurado que lo derogaría, pero la realidad se le adelantó.

Aún así, optó en un primer momento por modificarlo por una nueva modalidad que reforzara los derechos del trabajador y facilitara la contratación indefinida por parte de pequeñas empresas y autónomos. Finalmente, en uno de los últimos Consejos de Ministros del año, optó por hacer efectiva su derogación.

Ya en el mes de diciembre, Sánchez volvía a ‘vender’ un acuerdo con patronal y sindicatos, bautizado como Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aunque ya por entonces la CEOE advertía de que tendría poco éxito y empezaba a dejar claro su descontento ante la supuesta voluntad del Gobierno se sacar adelante su agenda social solo con el acuerdo de los sindicatos. Su medida más destacada y novedosa era la movilización de unos 3.000 efectivos para orientar a parados en la búsqueda de empleo.

Por si fuera poco, el Gobierno ya había dado cuenta por entonces de su voluntad de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, por encima de lo pactado por patronal y sindicatos a mediados de 2018, lo que acabó de encender el descontento de los empresarios y, aunque de forma velada, se tomó como un agravio por parte de los sindicatos.

Dicho de otro modo, a esas alturas hablar de pactos en el diálogo social con una CEOE que, como señalaba a finales del año su nuevo presidente, Antonio Garamendi, se sentía “orillada”, se antojaba difícil. Aún así, los sindicatos aseguran que se firmaron en esos días una serie de principios de acuerdo --sobre el registro de jornada o la prevalencia de los convenios de sector--, por los que ahora conminan al Ejecutivo a gobernar en esa dirección.

El diálogo social pierde peso

Según relataba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un reciente encuentro informal con periodistas, el diálogo social, tan ensalzado por el Gobierno, se ha convertido en una mero "club de debate". Porque la CEOE se ha replegado y ha dejado sus reivindicaciones en manos de grupos políticos afines y porque el Gobierno ya no puede llevar las leyes de las mesas de negociación al papel: tiene que dar la batalla en el Parlamento.

"El Gobierno tiene 84 diputados y un acuerdo con Podemos que no genera una mayoría", y en esa circunstancia "hay que mover muchas piezas y concurrir muchos factores" para poder llevar al BOE los compromisos, añadía Sordo.

En efecto, el acuerdo con Podemos cristalizó finalmente en una serie de mandatos para que el Gobierno revertiera aspectos lesivos de la reforma laboral, por los que ya había pasado el diálogo social.

Concretamente, el Gobierno se comprometió a recuperar el subsidio para mayores de 52 años, sustituir la Renta Activa de Inserción y los programas extraordinarios como el Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Subsidio extraordinario por desempleo (SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo.

Pero también, y poniendo como límite el año 2018, ambas partes pactaron ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia, lo que se conoce como ultraactividad; revisar las causas de los descuelgues de las condiciones de trabajo pactadas en convenio; reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral; y reformar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Como añadido, el acuerdo incluía la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y la modificación del artículo 34 de la misma norma para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.

Nótese que en estos pactos ya no estaba incluida la prevalencia del contrato de sector por encima del de empresa. Fuentes conocedoras de aquel proceso aseguran a El Independiente que se trató de una decisión tomada ante la falta de acuerdo sobre la fórmula para plasmar esta idea en el acuerdo. Otras, en cambio, hablan del resultado de las presiones ejercidas por las empresas del Ibex.

¿Qué ha ocurrido con estos pactos?

Así pues, el Gobierno habría alcanzado una serie de principios de acuerdo para derogar parte de la reforma laboral con los sindicatos, y también mantiene un pacto presupuestario con Unidos Podemos que rema en la misma dirección. Sin embargo, no ha podido llevar todo ello a la práctica.

De momento, en un primer decreto Ley el pasado mes de diciembre, el Gobierno dio el primer paso para reunificar las ayudas a los desempleados sin recursos, y también ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. El Gobierno también aprobó una sobrecotización para las empresas que hagan contratos de menos de cinco días.

En todo caso, el Gobierno ha incluido un mandato en los Presupuestos para que en el plazo de tres meses se constituya un grupo de expertos para proceder a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incluiría, según fuentes sindicales, la revisión de las modalidades de contratación (para cubrir la reducción de la temporalidad), y que se habría postergado, según empleo, a la espera de un informa de AIReF sobre la efectividad de los incentivos fiscales al empleo, y cuestiones relacionadas con la flexibilidad (donde se podrían tratar los descuelgues).

Se trata de una patada a seguir, puesto que el plazo dado es de tres meses en una proyecto de Ley que puede que no acabe de ver la luz. ¿Y por qué tanta demora?

¿Por qué estos retrasos?

Sencillamente porque con un Parlamento tan dividido, en estos momentos el trámite de una Ley tiene más que nunca un gran parecido a una cadena de montaje. Y eso es lo que más inquieta, por ejemplo, a los sindicatos, que ven mermada su capacidad de influencia: una vez pactadas ciertas cuestiones con los sindicatos y con Unidos Podemos, el Gobierno está tratando de pactar medidas de contrarreforma fundamentalmente con el PDeCAT y Ciudadanos.

Según fuentes parlamentarias, la opción que explora el Gobierno desde hace meses es la posibilidad de sacar adelante parte de su contrarreforma laboral por la vía de la enmienda de una proposición de Ley que se debate en la Comisión de Trabajo del Congreso, sobre la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las subcontratas. Uno de los puntos pactados con Podemos.

Al margen de que CEOE se siente representada por PDeCAT  --uno de sus bastiones cuando era CiU, Josep Sánchez Llibre, es hoy presidente de Foment del Traball, una de las organizaciones con más peso dentro de la patronal-, esta formación estaría poniendo las cosas difíciles a Sánchez.

Varios diputados conocedores de las negociaciones -tanto PSOE como PDeCAT se niegan a ofrecer detalles-, los catalanistas estarían tratando en estos momentos cuestiones como la prevalencia de los convenios o la representantividad de los sindicatos en las empresas, y el Gobierno querría introducir también las cuestiones relacionadas con la ultraactividad.

Así pues, el Gobierno se ve en la necesidad de alcanzar acuerdos que puedan contentar a PDeCAT mientras se cumple con lo acordado con Unidos Podemos y los sindicatos. Un sudoku en toda regla.

Algunas fuentes hablan de incluso medidas "regresivas", desde el punto de vista de los socialistas, que los catalanes estarían tratando de introducir en el ámbito de la contrarreforma laboral. Lo que se compadece con la supuesta recuperación de la mochila austríaca, que publicaba la pasada semana en El País.

No obstante, aunque se trata de una opción defendida por Ciudadanos y el propio PDeCAT, las mismas fuentes atribuyen esta supuesta introducción de la mochila austríaca al debate a una decisión del Ministerio de Economía -que eleva la pelota al tejado de la Presidencia del Gobierno- y aclaran que no está en la agenda de Trabajo, como el propio ministerio ha confirmado.

Desde el Ministerio de Trabajo se asegura que no hay una fecha predeterminada para concluir las negociaciones en el seno del Congreso y, ante la posibilidad de bloqueo, aseguran que el Gobierno no descarta aprobar su contrarreforma laboral por la vía del decretazo, igual que hizo el PP con su reforma.

A la espera, los sindicatos CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el próximo 8 de febrero para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y lograr que lleve al BOE lo que entienden está pactado en relación a la derogación de la reforma laboral. Además, CCOO está en plenas negociaciones con UGT para definir una línea de acción conjunta que podría desembocar en la ruptura del diálogo social.