La ministra Ribera reúne en secreto a los presidentes de las eléctricas para pactar el apagón nuclear

Cumbre del Gobierno y de las grandes eléctricas al más alto nivel para desatascar el embrollo que está suponiendo el futuro de las centrales nucleares. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido esta mañana con los máximos ejecutivos de Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán), Endesa (José Bogas) y Naturgy (Francisco Reynés) para pactar una posición común sobre el apagón nuclear, confirman a El Independiente fuentes próximas al encuentro, que no figuraba en la agenda pública de la ministra.

El Gobierno ultima su Plan Integrado de Energía y Clima, que presentará previsiblemente la próxima semana a la Comisión Europea, y en el que se incluye un calendario de cierre de las centrales nucleares españolas.  Un calendario que no obligará a la clausura de centrales concretas, sino que establecerá por años qué potencia máxima de energía nuclear debe estar operativa y, en función, de ella que sean las eléctricas las que determinen que plantas cierran en cada momento.

El objetivo es que finalmente la última de las centrales  nucleares cierre en 2036, con lo que el Ejecutivo finalmente permitiría que haya nucleares más allá de los 40 años de vida útil (a pesar de que ese límite es el que llevaba en su programa electoral el PSOE y que habría hecho que el apagón nuclear se produjera en 2028).

El Gobierno ha reunido por primera vez a las tres grandes eléctricas en una misma sala (hasta ahora el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, se había reunido por separado con ellas para conocer sus propuestas). El Ejecutivo busca un plan global sobre el futuro de la energía nuclear, así que se trata de aunar posiciones no sólo sobre el calendario de cierre, también sobre cómo repartir el fondo público que debe financiar la factura millonaria del desmantelamiento de las centrales.

Endesa e Iberdrola comparten accionariado en la mayoría de las centrales nucleares de España. Las participaciones mayoritarias son cambiantes, las tiene una u otra eléctrica en según qué planta. Pero las decisiones sobre las centrales, al estar regidas por las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE) en que participan las compañías, han de adoptarse por unanimidad. Con participaciones minoritarias en varias centrales figuran Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa- y EDP.

La obligada unanimidad en las decisiones ha provocado un enfrentamiento entre los socios, porque los dos grandes operadores nucleares chocan frontalmente sobre los planes de futuro del parque atómico español. Mientras que Endesa quiere que las centrales funcionen al menos hasta que cumplan todas 50 años de funcionamiento, Iberdrola sostiene que las nucleares le generan pérdidas y apuesta por cerrarlas a los 40 años (todas las plantas españolas los irán cumpliendo entre 2023 y 2028).

Las diferentes visiones está provocando choques directos en los consejos de administración de las centrales nucleares, ya que en algunas plantas como Almaraz o Vandellós II la petición (o no) de renovación de la licencia de explotación es inminente –en los próximos meses, porque expiran en 2020- y sigue sin haber acuerdo entre los socios sobre por cuánto tiempo pedir la ampliación de los permisos. De hecho, Iberdrola, Endesa y Naturgy tienen mañana mismo una junta extraordinaria de socios de la central de Almaraz para decidir qué hacer con la renovación de licencia de la planta cacereña.

Ante el bloqueo, Endesa e Iberdrola empezaron a negociar la posibilidad de ejecutar intercambios accionariales para repartirse el control de las plantas y así que cada compañía pueda decidir sobre las centrales que quedaban bajo su manto, como adelantó El Independiente. Pero las conversaciones se habían congelado hasta conocer el plan de cierre del Gobierno.

Y es que para ejecutar ese eventual intercambio de centrales entre Endesa e Iberdrola, las compañías necesitan conocer cuánto va a durar cada central y, consiguientemente, con qué dinero se pagará su desmontaje. Las centrales han ido pagando tasas en función de su producción que se guardan en un fondo que gestiona la sociedad pública Enresa para financiar el desmantelamiento y la gestión de los residuos nucleares.

Un fondo que actualmente cuenta con unos 5.300 millones de euros, muy lejos de cubrir los costes del desmantelamiento de todas las centrales que, según el cálculo oficial, costaría unos 14.000 millones. Hasta ahora, el fondo se ha utilizado para pagar los trabajos de desmantelamiento de las centrales que han cerrado (Zorita, Vandellós I y también los de Garoña cuando comiencen).

Pero con Endesa reclamando llevar todas o al menos parte de las nucleares hasta los 50 años de vida útil, e Iberdrola conformándose con operarlas hasta las 40, surgen las dudas sobre quién pagará la factura millonaria si hay un reparto del control de las centrales. Endesa exige una reforma integral de la financiación y el reparto del fondo de Enresa para que sea equitativo con independencia del tiempo que funcione cada planta, para evitar que si Iberdrola cierra antes sus centrales las suyas se queden sin fondos para financiar su desmantelamiento.

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