La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2018 arroja un incremento de la ocupación superior a las 566.000 personas, la más alta de los últimos doce años. Unos dígitos que, una vez analizados en detalle, muestran que no habría sido posible un alza del empleo de esta magnitud sin el empuje de las plantillas públicas. Y dentro de ellas, de la espectacular subida de los registros de empleo público en Cataluña coincidiendo con el año del procés, donde se contrataron más de 67.500 personas.
De los 566.000 nuevos puestos de trabajo, hasta 136.000 empleos se concentraron en el sector público, que, en cambio, apenas supone un 16% de los más de 19,5 millones de puestos de trabajo con los que España despidió el año. No extraña que se haya producido este repunte después de que en 2018 se pusiera fin de forma definitiva a las políticas de austeridad en el ámbito del personal de la Administración.
Sin embargo, observando el desglose por administraciones --el INE apenas ofrece muchos más detalles sobre empleo público-- se observa que el comportamiento fue muy dispar dependiendo de los diferentes territorios y niveles de administración, pero que una comunidad autónoma despuntó en 2018 sobre el resto: Cataluña. La misma que ha acaparado la mayor parte de los focos después de que se recrudeciera el conflicto secesionista a raíz del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017.
De un lado, la mayor parte del incremento del empleo público se concentró en las administraciones autonómicas, donde se localiza aproximadamente la mitad de las plantillas públicas. Este nivel de la administración engordó sus cifras de personal en 89.000 efectivos, por delante de los ayuntamientos (40.700) y el Estado (24.400). En cambio, tanto la Seguridad Social como las empresas públicas sumaron, a partes iguales, unos 21.200 empleados menos.
Dentro de ese incremento de los efectivos en las comunidades autónomas, hasta 67.500 pasaron a engrosar el empleo público en Cataluña, el mayor incremento de entre todo el resto de territorios. De este modo, esta comunidad autónoma alcanzó los 464.300 empleados públicos, muy cerca de los 476.500 de la Comunidad de Madrid, donde el repunte apenas superó los 1.800 nuevos efectivos.
A parte de Cataluña, los empleados públicos aumentaron de forma significativa en la Comunidad Valenciana (23.900), Baleares (13.500) y Canarias (10.300).
Niveles históricamente altos
Con este incremento, Cataluña alcanza la cifra más alta de empleados públicos desde 2002 (primer dato comparable que ofrece el INE), una situación que solo comparte con Baleares y el País Vasco. La diferencia es que la comunidad catalana ha subido esa suerte de escalera fundamentalmente en los últimos seis meses, con un incremento de unos 15.000 efectivos durante el verano y de otros 30.000 en el último trimestre del año.
El último pico de contratación en Cataluña se alcanzó en el primer trimestre de 2010, cuando se alcanzaron los 428,2 empleados públicos, justo antes de que irrumpieran con fuerza las políticas de austeridad, primero de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y después de Mariano Rajoy.
Por otro lado, después de esta evolución, el peso del empleo público sobre el total de la comunidad ha pasado del 12% al 13,7%.
A la hora de encontrar explicaciones, los datos que ofrece el INE --a la espera de los microdatos que puedan facilitarse en próximos días-- apenas aclaran el por qué de este repunte. Fuentes sindicales consultadas por El Independiente señalan que podría deberse a un incremento sustancial del empleo en el sector de la educación, aunque advierten de que, en ocasiones, la puesta en marcha de planes de empleo derivados de transferencias del Estado --para financiar políticas activas de empleo, por ejemplo-- podrían distorsionar la estadísticas.
Otras instancias señalan que las comunidades autónomas remiten información a partir de sus Presupuestos --en el caso de Cataluña, siguen prorrogados los de 2017--, con lo que las plazas pueden estar convocadas, pero no cubiertas aún. Finalmente, otras fuentes hablan del efecto propio de un año preelectoral.
De ser así, aseguran que el empleo creado sería sobre todo de carácter temporal. Sin embargo, y a la espera de conocer con más profundidad las causas, lo cierto es que de los 67.500 nuevos empleados públicos, más de 44.000 fueron indefinidos y el resto temporales.
Midiendo esta disparidad en peso sobre el empleo público total, resulta que la proporción de empleo público fijo en Cataluña ha pasado del 78,8% al 76,9%, mientras que en el caso de los puestos temporales, este porcentaje oscila entre el 21,2% al 23,1%, lo que podría avalar esta interpretación.
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