Ribera evita a Endesa un roto millonario en sus cuentas con el plan de cierre de nucleares

Endesa se juega mucho con el negocio nuclear. La eléctrica, mayor operador nuclear en España, ve cómo el Gobierno le va a dar un enorme respiro al desechar su plan original de echar el cierre a todas las centrales cuando cumplieran 40 años y abrirse ahora a que algunas todas las plantas operen por encima de ese tope y que algunas –como deseaba/necesitaba Endesa- lo harán hasta los 50 años, o estarán muy cerca de esa cota.

Y es que el plan del Ejecutivo –trasladado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta semana a los presidentes de las grandes eléctricas del país- pasa por alargar la vida de las nucleares e iniciar la ronda de cierres “nunca antes” de 2025 para postergar el apagón nuclear definitivo hasta 2035 o 2036.

Endesa, que tiene participación accionarial en seis de los siete reactores operativos en el país, concentra cerca en las nucleares el 15% del total de la potencia instalada del grupo y en torno a un tercio de toda su producción eléctrica. Pero una razón fundamental para que la eléctrica respalde el nuevo plan del Ministerio para la Transición Ecológica de alargar la vida de las nucleares es de naturaleza estrictamente financiera.

Y es que un apagón nuclear en España cuando todas las centrales españolas cumplieran 40 años habría tenido consecuencias millonarias inmediatas para los resultados de la compañía. En concreto, esa medida le habría costado 200 millones al año al tener que elevar el dinero destinado a amortizar sus centrales nucleares, según fuentes conocedoras de los estados financieros del grupo. Un coste del que la compañía ahora prevé poder librarse por completo o, en todo caso, al menos reducirlo al mínimo.

Endesa elabora su cuenta de resultados desde el último trimestre de 2014 dando por hecho que sus centrales nucleares acabarán funcionando 50 años (hasta ese momento lo hacía con 40 años). Sus cuentas están calculadas desde entonces en base a un periodo de depreciación y amortización de sus activos nucleares de cinco décadas, lo que le ha permitido a la eléctrica reducir los fondos que destina cada año a amortizar sus activos y, con ello, la compañía ha mejorado sus beneficios.

Si el Gobierno hubiera aprobado el cierre de las centrales según vayan cumpliendo los 40 años, Endesa tendría que haber disparado los fondos que cada año destina a la amortización de sus activos nucleares para cubrirla enteramente antes de su clausura. Según los estados financieros de la compañía, aún le quedan por amortizar unos 2.800 millones de euros para cubrir enteramente la inversión en sus nucleares.

Desde que en 2014 la eléctrica aprobó la nueva fórmula de cálculo a 50 años, ha conseguido reducir los fondos destinados a amortizar sus centrales nucleares en cerca de 100 millones de euros anuales desde 1 de octubre de 2014 (momento en que entró en vigor el nuevo periodo para cubrir sus inversiones) hasta el cierre de 2018.

A la espera de conocer el calendario de cierres para cada una de las centrales que fijará el Gobierno, Endesa sigue aspirando a que las plantas en las que tiene mayoría accionarial (Ascó II y) Vandellós II) o que controla en solitario (Ascó I) funcionen 50 años o casi, y que sean las centrales en manos de Iberdrola (Almaraz I y II, Trillo y Cofrentes) las que cierren anticipadamente, como desea la propia eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. Con ello, Endesa sortearía el golpe en sus cuentas por el desfase en los plazos de amortización de sus centrales.

Endesa justificó su decisión de ampliar su previsión de vida útil de sus nucleares en que se trata de una estimación de plazos “razonable” y en que la compañía adopta decisiones con “criterios empresariales, no políticos”, y fijar la vida útil en el límite de 40 años se trataría de una medida “estrictamente política”.  “La experiencia de otros países como Estados Unidos o Francia nos dice que es muy normal calcular las amortizaciones con un plazo de 50 años o más. Tiene sentido tanto por razones de operatividad como de seguridad”.

El cambio en la contabilidad fue motivo de un requerimiento a la eléctrica de información adicional por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). El supervisor bursátil dio por buenas las explicaciones de la compañía presidida por Borja Prado, que justificó entonces la modificación de su fórmula de cálculo en la “excelente condición” de sus centrales, gracias al mantenimiento realizado, y en que la legislación actual no prohíbe que se amplíen la vida de las plantas nucleares hasta los 50 años.