El Gobierno sigue sin iniciar formalmente el proceso para renovar la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y va con retraso. La renovación del pleno del organismo se esperaba que arrancara ya el año pasado, cuando empezaron a expirar mandatos de los consejeros del organismo, pero los movimientos siguen haciéndose esperar.
Y aunque ya ha habido contactos entre Gobierno y el PP para consensuar nuevos nombres para los cuatro asientos que toca renovar, los candidatos propuestos –aún por concretar los de cada partido- siguen sin pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación. Una demora que hará que esta misma semana el pleno del CSN, el órgano colegiado de cinco miembros que adopta las grandes decisiones del centro, se quede sólo con cuatro consejeros durante un tiempo.
Abandonará su cargo como consejero Jorge Fabra, sucesor en la cúpula del CSN de Cristina Narbona y única voz crítica en la dirección del supervisor de las nucleares en España. Lo hará el próximo sábado, 2 de febrero, día en que Fabra cumple los 70 años, que es el máximo legal para seguir sentándose en el pleno del CSN.
Jorge Fabra -ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía, ex presidente de Red Eléctrica y actual presidente de Economistas Frente a la Crisis- ha continuado con la labor de control crítico del organismo–con votos particulares frente a las decisiones del CSN- que ya emprendió su antecesora antes de abandonar el cargo para ocupar la presidencia del PSOE.
Negociación Moncloa-Génova
Como sucede con los nombramientos de los todos los organismos reguladores, los contactos para alcanzar un acuerdo se realizan directamente desde Moncloa y desde Génova 13. Varias fuentes parlamentarias ven factible el acuerdo entre PSOE y PP (y contar con el respaldo de otras formaciones, singularmente Podemos), pero el optimismo por los plazos va por barrios (o por bancadas) y mientras unos ven el pacto “inminente”, otros anticipan que puede hacerse esperar aún unas semanas más.
Formalmente el proceso de nombramiento contempla que el Gobierno propone a los candidatos, la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados debe dar su visto bueno con una mayoría de tres quintas partes de los miembros, y el Consejo de Ministros acaba aprobando posteriormente el nombramiento.
Sin embargo, todo el poder realmente queda en manos del Gobierno, ya que, en caso de que el Congreso rechazara los candidatos, el Ejecutivo puede designar a los nuevos consejeros unilateralmente transcurrido un mes desde la votación en la Cámara. Si no hay acuerdo para lograr un apoyo del 60% de los miembros de la comisión de la Cámara Baja, el proceso se demoraría aún más. Y la situación de un pleno del CSN con un asiento vacía se prolongaría.
El plan de Moncloa: romper la mayoría absoluta del PP
Cuando apenas quedaban un par de meses para las elecciones generales de diciembre de 2015, el Partido Popular aprovechó su entonces mayoría absoluta en las Cortes para tomar el control de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En plena polémica por el futuro de la central de Garoña y del cementerio nuclear de Villar de Cañas, el Gobierno de Mariano Rajoy rompía el tradicional equilibrio entre partidos y pasaba a controlar también por mayoría absoluta el supervisor.
Tradicionalmente, el pleno del CSN –el órgano colegiado de cinco miembros que toma las grandes decisiones en el centro- lo integraban dos consejeros nombrados a propuesta del PSOE, otros dos del PP y un quinto propuesto por la antigua CiU. Pero en 2015 el Ejecutivo aprovechó la salida del último consejero elegido por los nacionalistas catalanes para nombrar un tercer miembro vinculado al Partido Popular.
Ahora que toca renovar a cuatro de los cinco consejeros por expiración de mandato o por jubilación forzosa, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechará la situación para volver a ese antiguo equilibrio entre los dos grandes partidos y acabar con la mayoría de los populares.
Los planes del Gobierno pasan por que el pleno cuente con dos consejeros propuestos por el PSOE (uno de los cuales ocuparía la presidencia), otros dos del Partido Popular y un quinto que ya no estará propuesto por los nacionalistas catalanes, sino por Unidos Podemos.
La renovación en el CSN llega en un momento clave en que se juega el futuro de la energía nuclear en España. El Gobierno pretende prolongar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento previstos, e iniciar los cierres de plantas “nunca antes” de 2025 e ir clausurándolas hasta 2036. El CSN jugará un papel importante para determinar los requisitos de cada central para que se mantenga operativa.
Cuatro sillas que cambiar
Los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear tienen un mandato de seis años, con opción a una renovación por otros seis. El pasado 28 de diciembre expiró el mandato del presidente del CSN, Fernando Marti, que tendría opción a renovar su cargo, pero que tanto el Gobierno como una mayoría de grupos parlamentarios descartan por completo tras las duras críticas a su gestión. De momento, Marti tiene prorrogado su mandato durante seis meses de manera provisional, pero se acabará en el momento en que se produzcan los nuevos nombramientos sin necesidad de completar ese semestre adicional.
También el pasado 28 de diciembre expiró el mandato de Jorge Fabra, a pesar que por entonces llevaba poco más de un año en el supervisor. Y es que Fabra se limitaba a completar el mandato para el que fue designada Cristina Narbona. En principio, Fabra tendría opción de renovar y asumir otro mandato, pero la normativa no permite que haya consejeros mayores de 70 años y los alcanzará este sábado.
Además, el 20 de febrero de 2019 también acaban sus mandatos Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y Rosario Velasco (ex diputada del PSOE). Ninguno de los dos tiene opción a renovar por más tiempo su asiento, así que también deberán ser sustituidos. El quinto consejero seguirá siendo Javier Dies Llovera, en el cargo desde octubre de 2015 por el Partido Popular.
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