El Gobierno enviará 3 millones para ayudar a los españoles que viven en Venezuela

El Ministerio de Trabajo y Migraciones prevé aprobar en próximas fechas un Real Decreto para destinar tres millones de euros de ayuda urgente para decenas miles de españoles que residen en Venezuela y que necesitan asistencia médica y atención continua, por ser mayores y menores dependientes, en medio de la actual situación de crisis económica y política.

El refuerzo de la asistencia a los españoles en el país fue uno los primeros compromisos adquiridos por la propia titular del ramo, Magdalena Valerio, nada más llegar el PSOE al poder, en junio del año pasado. Sin embargo, solo después de la irrupción de Juan Guaidó como posible nuevo presidente de Venezuela, el Ejecutivo español ha movido ficha y ha empezado a tramitar por la vía de urgencia estas ayudas.

Fuentes de Trabajo no confirman ni desmienten que este movimiento esté relacionado con la convulsión que vive Venezuela. No obstante, el texto de decreto, al que ha accedido El Independiente, habla de una "intervención extraordinaria dirigida especialmente a la atención de las necesidades sanitarias y sociales básicas del colectivo de españoles en Venezuela", todo ello pese a que la idea rondaba las agendas de Trabajo desde hace medio año y de que se vienen haciendo otras convocatorias de ayudas anuales con carácter ordinario.

Las ayudas, que irán llegando a lo largo del año 2019, consisten en una subvención de 2,95 millones de euros a la entidad Fundación España Salud (FES), destinada a sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de atención sanitaria y asistencial dirigidos a españoles residentes en Venezuela en situación de vulnerabilidad; y otros 50 millones de euros en ayudas individuales a personas mayores para el pago de las cuotas de ingresos en instituciones como residencias de carácter privado.

La razón por la que el Gobierno utiliza a FES como intermediario es porque, según asegura, las posibilidades de atención directa desde España son limitadas, tanto por la falta de instrumentos jurídicos, como por razones de especialización en materia sanitaria o de carácter organizativo, derivadas de la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Y es que FES mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo desde 2006, después de haber sido creada precisamente con la finalidad de prestar asistencia medico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles, en particular a los beneficiarios de pensiones asistenciales y contributivas.

En este sentido, el texto del Real Decreto insiste en que el plan de medidas que regula reviste un carácter "excepcional y específico", que no puede ser atendido en el marco del convenio existente con la entidad ni en el de las convocatorias periódicas anuales. "Su atención (la de los beneficiarios), además, exige una respuesta inmediata de la Administración española competente, a fin de evitar la desatención de los afectados", añade.

¿Qué asistencia se prevé?

Dentro de la subvención articulada a través de FES, la asistencia comprende atención a mujeres embarazadas, recién nacidos y lactantes hasta 12 meses, así como a niños hasta 12 años, y atención a pacientes oncológicos y abastecimiento farmacológico.

En el caso de las ayudas individuales, los beneficiarios serán personas mayores de 65 años y/o en situación de dependencia, necesitados de atención en residencias que no pueden costearse con sus propios recursos, siempre que no existan otras de carácter público que presten ese servicio.

¿Por qué ahora?

El texto legal que el Gobierno prevé aprobar no se refiere a la situación de confusión política que se vive en Venezuela, pero al mismo tiempo reconoce que la situación de necesidad no es nueva, sino que ya desde 2015, Venezuela vive una situación de "emergencia humanitaria compleja". Solo en el ámbito de la salud, el Gobierno afirma que se ha producido una destrucción del sistema sanitario público.

En ese contexto, informa de que los servicios del Ministerio de Trabajo en la Embajada de España en Caracas se han hecho eco de que "la difícil situación económica que se da actualmente en Venezuela está incidiendo de manera significativa en la población española residente en ese país", afectando especialmente a colectivos vulnerables con especiales necesidades de carácter sanitario y social.

Y no solo eso, el Gobierno español ha detectado un creciente número de españoles que, dada la situación en Venezuela, retornan a España sin apenas medios ni red social y familiar de apoyo. Es por eso que el Real Decreto también se justifica por la necesidad de dar una solución a estas personas, antes de que emprendan un viaje de vuelta a la desesperada.

Cientos de miles de españoles

De acuerdo con los cálculos que maneja Trabajo, a 1 de enero de 2018 había 167.255 españoles residiendo en Venezuela, de los que alrededor de 30% eran mayores de 65 años y un 13%, menores de 18 años. Es decir, que unos 72.000 españoles se encontraban en situación de especial vulnerabilidad en Venezuela hace un año.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo muestra cómo ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos cinco años en número de españoles que han retornado supuestamente por la mala situación en la que viven en Venezuela. Esta cifra ha pasado de las 2.630 personas en 2013 a las 16.402 en 2017. La previsión es que, una vez se disponga de la cifra de 2018, esta arroje un nuevo incremento.

Por otro lado, en estos momentos habría 23.181 mujeres entre 20 y 44 años que potencialmente podrían necesitar ayudas relacionadas con el nacimiento de hijos.