El Gobierno afronta el golpe de una subida del recibo de luz en plena campaña electoral

Tras varios meses con los precios disparados, el Gobierno aprobó el pasado octubre un plan de choque para frenar las subidas de la electricidad y del recibo de la luz. Las medidas principales para frenar la espiral alcista pasaban por rebajas de impuestos a las compañías eléctricas (por un importe total de 970 millones de euros) con el objetivo que éstas las trasladarán a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

Pero el grueso de esas rebajas fiscales para las eléctricas (por más de 800 millones de euros) tienen sólo carácter temporal, y expirarán a principios de abril. Esto es, las medidas que el Gobierno presume que están sirviendo para contener el precio de la electricidad dejarán de tener ese efecto a las puertas de la campaña para las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.

El Ministerio para la Transición Ecológica saca pecho y estima que sin esas medidas el precio de la electricidad en España sería ahora un 10% más caro. De hecho, desde el departamento que dirige Teresa Ribera se subraya que el plan de medidas urgentes ha hecho posible que la electricidad en España esté ahora entre las más baratas de Europa, mientras que antes de aprobarlo estaba entre las más caras. Una situación que saltaría por los aires antes del domingo electoral.

Una rebaja de 970 millones

Con su plan de choque de octubre, el Ejecutivo suspendió durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.

El impuesto no se elimina, sino que se rebaja hasta abril el tipo de gravamen desde el 7% actual hasta un tipo cero durante seis meses, los de mayor demanda eléctrica del año. La estimación del Gobierno es que durante el periodo en que no se aplicará el tributo –creado por el Gobierno de Rajoy como uno de sus pilares de su reforma eléctrica- las arcas públicas dejarán ingresar 830 millones de euros.

En paralelo, el Ejecutivo también aprobó una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos (el denominado céntimo verde) para la producción eléctrica de las centrales que utilizan gas natural. Una suspensión que tendrá un impacto en la recaudación fiscal de otros 142 millones más, y que en este caso no es temporal y se mantendrá.

Prorrogar las rebajas, en manos de Hacienda

El Gobierno, para evitar que el fin de las medidas se traduzca en una subida de luz en un momento político delicado, tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales. El Ministerio para la Transición Ecológica estaría interesado en seguir conteniendo el precio de la electricidad, pero no tiene poder decisorio directo en la prolongación de las medidas fiscales y se remite (y se encomienda) en todo caso al Ministerio de Hacienda.

Y es que el departamento que dirige María Jesús Montero es el que tiene la última palabra sobre qué impuestos se puede tocar, y más en pleno encaje de bolillos de ingresos y gastos por la negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Fuentes gubernamentales admiten que se tendrá que tomar una decisión al respecto, pero en plena tramitación de los PGE no hay una postura cerrada de momento.

De momento, en el proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno la prórroga de las rebajas fiscales a las eléctricas no se contempla. La previsión de ingresos del impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrico incluida en las cuentas es de 710 millones de euros, recogiendo así sólo el impacto de la rebaja vigente (830 millones menos que los entre 1.500 y 1.600 que en años anteriores se ha recaudado con este tributo). El efecto de la rebaja se refleja íntegramente en las cuentas de 2019, ya que se contabiliza con un trimestre de decalaje y se recoge también la caída de los ingresos en los meses finales de 2018.

Sin margen en los PGE

El problema con el que se encontrará Hacienda es que, si el Gobierno decide finalmente prorrogar las ayudas por otros seis meses, tendría que asumir un descenso de en torno a 800 o 900 millones de euros menos de ingresos tributarios sobre lo presupuestado.

Una cantidad que no puede dejar escapar en un escenario en el que cada euro de recaudación está ajustado al milímetro para poder costear unas de las cuentas más expansivas de los últimos años por el lado del gasto. Porque, se aprueben o no los Presupuestos, medidas como la subida de las pensiones o de los sueldos públicos, ya están en marcha.

Y eso dando por buenas las previsiones de ingresos y gastos del Gobierno, porque desde el Banco de España a la Autoridad Fiscal (AIReF) se pone en duda la capacidad del Estado para recaudar la cifra récord de 227.000 millones de euros una vez que las cuentas superen el trámite parlamentario.

Esta última instancia ha advertido que el Gobierno ha presupuestado una recaudación de 2.050 millones por los nuevos impuestos –tasas ‘Google’ y ‘Tobin’—que se quedarán en menos de 400 millones porque su entrada en vigor no se producirá antes del verano. Del mismo modo, a la AIReF no le cuadran los ingresos previstos por bases mínimas de cotización, y espera que la Seguridad Social recaude 700 millones de euros menos por esta vía.

Así es que Hacienda, también en previsión de que se cumplan los peores augurios, no se podría permitir a priori perder por el camino una cantidad similar para que el Gobierno ofrezca su cara más social antes de los comicios de mayo. Y para añadir más tensión, las previsiones de crecimiento económico también están ahora sujetas a ciertas dudas después de que el avance del PIB de 2018, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), haya arrojado un crecimiento del 2,5%, una décima menos de lo previsto. Con lo que puede que al Presupuesto directamente le fallen los cimientos.