Hacienda pierde uno de cada dos pleitos con los contribuyentes

Hacienda da cada vez menos miedo, pero también mayores quebraderos de cabeza. Podría ser el resumen del informe titulado Inseguridad Jurídica en España: situación actual y propuestas para el futuro, que ha elaborado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), en el que dibuja el semblante de un sistema fiscal español cada vez más farragoso, mal diseñado y convertido en un arma electoral y recautoria en manos de la clase política.

Como termómetro de este monstruo lleno de supuestas disfunciones, los asesores ofrecen un dato esclarecedor: el Estado pierde ya la mitad de los pleitos que sostiene con los contribuyentes. Más en detalle, Hacienda pierde alrededor del 40% de estos conflictos en una primera fase por vía administrativa y, después, de los que pasan a instancia judicial, pierde otro 30%. Más aún, en el caso de algunas comunidades autónomas este porcentaje alcanza el 84%.

Dicho de otro modo, los tribunales acaban poniéndole en su sitio y, en palabras del vocal responsable de estudios e investigación y miembro de la Comisión Directiva de AEDAF, Javier Gómez Taboada, "son ratios impresentables que dan fe de una actividad administrativa más que cuestionable". Más aún, cuando para hacerse una idea del volumen, los asesores fiscales hablan de unos 300.000 conflictos pendientes de resolución.

Gómez Taboada asegura que en estas circunstancias, la presunción de validez de las actuaciones administrativas, que compara con la garantía de un coche, queda en entredicho y deja un espacio cada vez mayor a la inseguridad jurídica. ¿Se puede dar por buena la fiabilidad de un sistema que pierde el 50% de los litigios? ¿Sería fiable una marca de coches a la que le devolvieran la mitad de los vehículos que se llevan al taller?

Todo por el déficit

Y todo por ganar votos o recaudar más para cuadrar el déficit público, según los asesores fiscales. En su opinión, los sucesivos gobiernos han recurrido frecuentemente a la necesidad de reducir el déficit público como excusa para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de modificar el sistema tributario por la vía del decreto.

Algunos ejemplos son el decreto que fijó un tipo mínimo del 23% en los anticipos del Impuesto de Sociedades con carácter general para empresas con más de 10 millones de facturación, promovido por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2016 y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado al 24%  --también sube del 18% al 24% para el resto de las empresas--. Actualmente, se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Valga también de ejemplo, los más recientes límites impuestos a las deducciones por doble imposición internacional, que grandes empresas del Ibex amenazan con litigiar.

En otras ocasiones, modificaciones tributarias han llegado a ser incluso censuradas desde el ámbito comunitario. Es el caso del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, lo que se ha venido a denominar como 'céntimo sanitario', que fue declarado contrario a la directiva comunitaria sobre impuestos especiales y que ha supuesto el pago de indemnizaciones millonarias con cargo al Presupuesto estatal.

En este sentido, si el Tribunal Constitucional declarara contrario a la Ley el tipo mínimo en los anticipos a cuenta del Impuesto de Sociedades, los asesores fiscales ven espacio para reclamar esa misma responsabilidad patrimonial al Estado por supuestos perjuicios financieros a las empresas. Pero, también en este caso, el daño lo habría causado un gobierno y lo pagaría otro.

Y todo ello antes de hablar del listado de morosos, también puesto en marcha por Montoro y también ampliado por Sánchez en los Presupuestos de 2019, que en Aedaf consideran arbitrario y recurrible pese a que, como también critican, el Estado también tiene fuertes mecanismos para curarse en salud ante posibles recursos de la ciudadanía y las empresas.

Y no solo las normas tributarias improvisadas y aprobadas por decreto generan inseguridad jurídica. También los conocidos como 'globos sonda', los anuncios sobre posibles subidas o bajadas de impuestos que, sin ser modificaciones normativas reales, tienen un impacto real en el comportamiento tributario de los contribuyentes y en la actividad económica.

Un pacto de Estado por la estabilidad fiscal

Con esa visión de la realidad tributaria, desde Aedaf proponen alcanzar un pacto de Estado para dar forma a una ley de estabilidad fiscal que proteja los aspectos tributarios esenciales del sistema de los vaivenes políticos y obligue a lograr mayorías reforzadas para cambiarlos.

Estas 'líneas rojas' tributarias serían, por ejemplo, la prohibición con carácter general de modificar normas tributarias con carácter retroactivo, como ocurre con los cambios que se aplican a mitad de ejercicio sobre el IRPF.

También propone la organización desarrollar una ley estatal de unidad de mercado en materia tributaria para evitar que haya tanta disparidad en la aplicación de tributos cedidos a las comunidades autónomas, como ha ocurrido con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que el nuevo gobierno andaluz pretende suprimir al margen del resto de territorios.

Un árbitro parlamentario

Entre sus propuestas, Aedaf también pretende hacer del trámite parlamentario de los decretos y las leyes un filtro real, que permita detectar irregularidades y posibles efectos adversos de determinadas iniciativas legislativas en materia fiscal. Para ello propone crear un órgano consultivo que apoye de forma recurrente al Parlamento con mayores atribuciones que las adjudicadas actualmente el Consejo de Estado.

Y a todo ello habría que sumar, según el informe, el seguimiento del impacto económico y recaudatorio de todas las modificaciones tributarias o una planificación adecuada de las modificaciones normativas.

Por último, la organización también plantea la creación de juzgados, así como secciones dentro de los tribunales de justicia, especializados en asuntos tributarios.

"Si queremos aspirar a ser un país con un mínimo de credibilidad en asuntos tributarios, es imprescindible dejar de utilizar la política fiscal como una bandera que se blandea con fines ideológicos de manera oportunista y sin ninguna visión de largo plazo", concluyen los asesores fiscales.